Si fallan las instituciones, la política copa las calles

Cuando no hay diálogo institucional, la política se traslada a las calles. Y, cuando esto sucede, el límite entre lo público y lo privado suele confundirse. Los más de 120 días que lleva ya el conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario hicieron que la ciudadanía asista a métodos de reclamo social que parecían enterrados junto con la crisis de 2001. Los cortes de ruta, los escraches, los cacerolazos y hasta la instalación de carpas en espacios públicos implican un accionar político no institucionalizado. Una metodología que desnuda el fracaso de los carriles ya establecidos para atender las demandas sociales.
El crecimiento de la protesta social pone de manifiesto, a la vez, el final del período de derrota, retroceso y cooptación que sufrieron las tradicionales organizaciones sociales en la década del 90. Los sociólogos y politólogos concuerdan en que en la multiplicación de las variantes de reclamo y de los actores guarda estrecha relación con la consolidación de una dirigencia sindical afín al gobierno de turno, que incluso participó de los beneficios del poder convirtiéndose casi en un gremialismo empresarial. Por eso, no es casual que en los últimos años la Argentina haya asistido a una dramática y compleja transformación de la configuración social. Y tampoco resulta aislado que el reinicio del ciclo de protestas sociales se remonte a 1996, con la aparición de puebladas y piquetes en el interior del país.
Con la profundización de la crisis económica, social y política los métodos de protesta ampliaron su base de protagonistas: aparecieron los trabajadores con empleo (particularmente los estatales y los docentes), los nuevos desocupados, los estudiantes, los comerciantes, los sectores medios y hasta los pequeños productores rurales. El fenómeno supuso nuevas formas de acción colectiva y de entramados organizativos y sacó a relucir el quiebre del disciplinamiento social (herencia de la última dictadura militar y del terror económico provocado por la híperinflación de los 80 y el desempleo masivo de los 90). Sin dudas, la experiencia piquetera que irrumpió en 2000 con cortes de ruta es la muestra más clara de esa ruptura institucional: produjo una profunda reterritorialización del conflicto social, generó nuevas redes de sociabilidad y de gestión participativa en la toma de decisiones. La prédica piquetera reinstaló en el país la cuestión de la responsabilidad del Estado como garante de la equidad, indispensable para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.
En rigor, los nuevos colectivos sociales forjaron en sí mismos una crítica al conjunto del régimen político y la aspiración a una renovación y democratización radical de la vida social. Según el sociólogo Manuel Castell, los nuevos movimientos sociales son emergentes de las instituciones del Estado y desarrollan prácticas tendientes a contravenir el orden establecido, suscitados por insuficiencias en el denominado "Estado Bienestar". Es decir, en este tipo de variables de acción directa no se reclama por la vuelta o imposición en el poder de un referente político, sino más bien por cambios que trascienden a los sectores establecidos, por el "que se vayan todos". Esta consigna, coreada insistentemente por los protagonistas de diversas manifestaciones de diciembre de 2001, expresa ni más ni menos que la condensación final de todos los reclamos acumulados y deposita la responsabilidad en el conjunto de "los políticos". Pero también refleja los límites del campo de protesta al no estar sustentada en una articulación política capaz de tener preparada una alternativa electoral. Desde esta perspectiva, las acciones beligerantes de la multitud son vistas como intromisiones espasmódicas, poco conscientes y poco organizadas.
En definitiva, la Argentina asiste hoy al retorno del ciclo de protestas "para-institucionales". Que haya gente en las calles para expresar su disconformidad -de manera pacífica- pone de manifiesto el mal funcionamiento de la política y de cualquier estructura de intermediación institucional, como los poderes Judicial y Legislativo. Supone un fuerte llamado de atención a la legitimidad de la dirigencia y una muestra de la espontáneidad con la que puede surgir el reclamo. Es difícil predecir el impacto inmediato que la acción colectiva causará en las instituciones y en la cultura política, pero sí se puede concluir que, en el largo plazo, la lucha popular incide de manera positiva en la trayectoria democrática de una sociedad.