26 Febrero 2008 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La Justicia anuló el mandato de la Comisión directiva de Boca, que preside Pedro Pompilio, y emplazó a la dirigencia del club de la ribera a convocar a nuevas elecciones dentro de los próximos 30 días.
Así lo informaron fuentes de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que revisó el polémico proceso electoral en Boca.
En rigor, las fuentes consultadas precisaron que la IGJ retrotrajo la situación al 23 de noviembre último, fecha en que el presidente de la entidad de la Ribera era Mauricio Macri, aunque había pedido licencia para dedicarse a la política partidaria.
Por eso la titularidad del club la estaba ejerciendo Pompilio, quien ahora quedará a cargo de la institución pero deberá someterse a un nuevo proceso electoral dentro de 30 días.
Es que la IGJ le dio un plazo de 30 días a las dirigentes xeneizes para llamar a nuevas elecciones, a la vez que anuló el mandato de la actual comisión directiva.
Además, designó dos veedores electorales que cumplirán las funciones que tenía la Junta Electoral, cuestionada por la lista que encabeza el dirigente opositor Roberto Digón.
La IGJ habría determinado un plazo no mayor a los 90 días para realizar las nuevas elecciones, y si bien por el momento no hay fecha cierta, se especula que podría concretarse a mediados de mayo próximo.
La novedad convulsionó a los dirigentes de Boca, quienes se encontraban en alerta máxima desde hace una veintena de días a la espera de la resolución judicial.
Desde los primeros días de febrero Pompilio sabía que la IGJ iba a fallar a favor de los planteos de Digón, dadas las anomalías existentes en la presentación de los avales de las listas.
La oposición a Pompilio, encabezada por Pablo Abbatángelo y el propio Digón, cuestionó los avales presentados por el oficialismo.
Los avales son una garantía que los candidatos a dirigentes están obligados a depositar en un banco y deben representar al menos el 10 por ciento del patrimonio neto de la institución.
En la última elección la suma superaba los 13 millones de pesos, lo que significa que cada uno de los 18 candidatos a ocupar cargos titulares debían disponer de unos 730.000 pesos.
La reforma del estatuto, impulsada por Mauricio Macri en 1999, establece que ese monto debe ir a parar a las arcas del club únicamente si cuando terminara la gestión, el patrimonio de la entidad hubiera disminuido.
En 2003 y 2007 las elecciones fueron suspendidas porque las listas opositoras no pudieron cumplir con el requisito y, por lo tanto, el oficialismo siguió en funciones.
Este fue el detonante para que la oposición recurriera a la Justicia al asegurar que los avales del oficialismo no servían. (NA)
Así lo informaron fuentes de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que revisó el polémico proceso electoral en Boca.
En rigor, las fuentes consultadas precisaron que la IGJ retrotrajo la situación al 23 de noviembre último, fecha en que el presidente de la entidad de la Ribera era Mauricio Macri, aunque había pedido licencia para dedicarse a la política partidaria.
Por eso la titularidad del club la estaba ejerciendo Pompilio, quien ahora quedará a cargo de la institución pero deberá someterse a un nuevo proceso electoral dentro de 30 días.
Es que la IGJ le dio un plazo de 30 días a las dirigentes xeneizes para llamar a nuevas elecciones, a la vez que anuló el mandato de la actual comisión directiva.
Además, designó dos veedores electorales que cumplirán las funciones que tenía la Junta Electoral, cuestionada por la lista que encabeza el dirigente opositor Roberto Digón.
La IGJ habría determinado un plazo no mayor a los 90 días para realizar las nuevas elecciones, y si bien por el momento no hay fecha cierta, se especula que podría concretarse a mediados de mayo próximo.
La novedad convulsionó a los dirigentes de Boca, quienes se encontraban en alerta máxima desde hace una veintena de días a la espera de la resolución judicial.
Desde los primeros días de febrero Pompilio sabía que la IGJ iba a fallar a favor de los planteos de Digón, dadas las anomalías existentes en la presentación de los avales de las listas.
La oposición a Pompilio, encabezada por Pablo Abbatángelo y el propio Digón, cuestionó los avales presentados por el oficialismo.
Los avales son una garantía que los candidatos a dirigentes están obligados a depositar en un banco y deben representar al menos el 10 por ciento del patrimonio neto de la institución.
En la última elección la suma superaba los 13 millones de pesos, lo que significa que cada uno de los 18 candidatos a ocupar cargos titulares debían disponer de unos 730.000 pesos.
La reforma del estatuto, impulsada por Mauricio Macri en 1999, establece que ese monto debe ir a parar a las arcas del club únicamente si cuando terminara la gestión, el patrimonio de la entidad hubiera disminuido.
En 2003 y 2007 las elecciones fueron suspendidas porque las listas opositoras no pudieron cumplir con el requisito y, por lo tanto, el oficialismo siguió en funciones.
Este fue el detonante para que la oposición recurriera a la Justicia al asegurar que los avales del oficialismo no servían. (NA)
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