10 Enero 2008 Seguir en 
El crecimiento de las transferencias irregulares de casas otorgadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), que los adjudicatarios efectúan sin declararlas ante el organismo, ha alcanzado un nivel preocupante para las autoridades provinciales. Por ello, tomarán medidas para frenar lo que temen que pueda convertirse en un negocio de especuladores.
El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, explicó que hay procedimientos establecidos para que el titular de una vivienda construida por el Estado se desprenda de ella y la entregue a otra persona. "En los boletos de compra venta que firman cuando reciben la vivienda, se fija que al cabo de cinco años pueden transferir el inmueble. Entendemos que la situación de una persona puede cambiar en ese lapso y que puede necesitar entregarlo. Pero para eso debe denunciar esa situación en el Ipvdu, que debe cerciorarse de que la persona que adquirió la transferencia reúne los requisitos que debe tener un adjudicatario", explicó. Esas condiciones refieren a que ni él, ni su esposa (quienes deben presentar certificado policial de buena conducta) ni sus hijos sean propietarios de otros bienes raíces; y que el grupo familiar tenga ingresos que le permitan costear la cuota, así como una antigüedad mínima de dos años en su trabajo.
"Sin embargo, conocemos que están vendiéndose transferencias en negro, o sea, que no son informadas. Están a la vista: todos los domingos las vemos en los Avisos Clasificados de LA GACETA que se ponen a la venta transferencias que no han sido denunciadas aquí. Cuando las concretan, en el mejor de los casos, hay quienes acuden a una escribanía y asientan allí la operación. Otros ni siquiera hacen eso. Y en el Ipvdu desconocemos si quien pasará a ocupar la vivienda realmente la necesita", aseveró. En ese sentido, afirmó que muchas veces el Estado queda entrampado, porque aunque la transferencia fue irregular, el que la adquirió sí requiere la vivienda.
"Pero habría otros casos en los que el adjudicatario sólo quiere ganar dinero vendiendo la transferencia. Y el que la compra, podría ser un especulador que, por poco dinero, obtiene una unidad habitacional que después vende a mejor precio. En esos casos, vamos a quitar la casa y a entregarla a quien corresponda", advirtió. En ese sentido, Durán manifestó que en el organismo están abocados a investigar qué porcentaje de adjudicatarios transfirieron sus viviendas, aunque reconoció que surgen limitaciones porque no hay una unidad especial para ello. "Y esta gestión ya adjudicó 6.000 viviendas", dimensionó. "A partir de esto, vamos a ser muy estrictos en la adjudicación de las viviendas y en el control de su ocupación. Concretamente, estudiamos la posibilidad de plantear una modificación a la normativa vigente, para que una persona pueda ser beneficiaria sólo una vez de una casa del Ipvdu. Hoy, luego de recibir una vivienda, puede ser adjudicatario de otra a los 10 años", concluyó.
El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, explicó que hay procedimientos establecidos para que el titular de una vivienda construida por el Estado se desprenda de ella y la entregue a otra persona. "En los boletos de compra venta que firman cuando reciben la vivienda, se fija que al cabo de cinco años pueden transferir el inmueble. Entendemos que la situación de una persona puede cambiar en ese lapso y que puede necesitar entregarlo. Pero para eso debe denunciar esa situación en el Ipvdu, que debe cerciorarse de que la persona que adquirió la transferencia reúne los requisitos que debe tener un adjudicatario", explicó. Esas condiciones refieren a que ni él, ni su esposa (quienes deben presentar certificado policial de buena conducta) ni sus hijos sean propietarios de otros bienes raíces; y que el grupo familiar tenga ingresos que le permitan costear la cuota, así como una antigüedad mínima de dos años en su trabajo.
"Sin embargo, conocemos que están vendiéndose transferencias en negro, o sea, que no son informadas. Están a la vista: todos los domingos las vemos en los Avisos Clasificados de LA GACETA que se ponen a la venta transferencias que no han sido denunciadas aquí. Cuando las concretan, en el mejor de los casos, hay quienes acuden a una escribanía y asientan allí la operación. Otros ni siquiera hacen eso. Y en el Ipvdu desconocemos si quien pasará a ocupar la vivienda realmente la necesita", aseveró. En ese sentido, afirmó que muchas veces el Estado queda entrampado, porque aunque la transferencia fue irregular, el que la adquirió sí requiere la vivienda.
"Pero habría otros casos en los que el adjudicatario sólo quiere ganar dinero vendiendo la transferencia. Y el que la compra, podría ser un especulador que, por poco dinero, obtiene una unidad habitacional que después vende a mejor precio. En esos casos, vamos a quitar la casa y a entregarla a quien corresponda", advirtió. En ese sentido, Durán manifestó que en el organismo están abocados a investigar qué porcentaje de adjudicatarios transfirieron sus viviendas, aunque reconoció que surgen limitaciones porque no hay una unidad especial para ello. "Y esta gestión ya adjudicó 6.000 viviendas", dimensionó. "A partir de esto, vamos a ser muy estrictos en la adjudicación de las viviendas y en el control de su ocupación. Concretamente, estudiamos la posibilidad de plantear una modificación a la normativa vigente, para que una persona pueda ser beneficiaria sólo una vez de una casa del Ipvdu. Hoy, luego de recibir una vivienda, puede ser adjudicatario de otra a los 10 años", concluyó.
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