"El Estado debe responder por la lentitud"

Tan abrumador es el currículo de Juan Carlos Hitters que él mismo, con humildad, pidió que lo abreviaran antes de que lo leyeran como presentación de su disertación en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesor de esta rama jurídica en la Universidad Nacional de La Plata y autor de ocho libros, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires (1989-1991), convencional constituyente nacional en 1994 (fue el vicepresidente de la comisión de Redacción de la Constitución) y desde 1994 es ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Este diálogo mantuvo con LA GACETA.
 
-A partir de los cambios generados en la Corte Suprema de la Nación, ¿advierte un cambio de consideración de la sociedad respecto de la Justicia?
-Sí, pero la Justicia está muy mal. Los poderes Legislativos y Ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, no le dieron la importancia que tiene. Entonces, cuando los tribunales están atosigados de causas, dicen que se debe a la lentitud de los jueces, pero no tienen ni por asomo la infraestructura que deberían poseer. En Buenos Aires, tenemos un déficit económico tremendo, de juzgados, de espacio... Nuestro presupuesto en relación con el general de la Provincia sólo es del 4,5% o 5%. Tenemos casas alquiladas, 13.000 empleados, y no contamos con autarquía financiera. Nuestro Poder Ejecutivo ha gastado millones en seguridad, pero eso no ha sido paralelo con inversiones para la Justicia.     

-La Justicia, entonces, ¿paga los platos rotos?
-Tenemos muy buenos jueces en todo el país, pero la cantidad de procesos y de causas que se inician es superior a la posibilidad material de resolver los pleitos. Entonces, la gente, con toda razón, se queja; sobre todo en materia penal, cuando un proceso dura cuatro o cinco años.

-¿Qué se puede hacer para superar este colapso?
-Antes hay que advertir que la actividad deficitaria de cualquiera de los tres poderes genera una responsabilidad internacional por violaciones de los tratados de derechos humanos (que tienen rango constitucional desde 1994), y del derecho de tener un juicio equitativo y en tiempo idóneo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene señalando la necesidad de que los juicios terminen en tiempo rápido, que tengan fin, como se decía en las viejas leyes españolas. Pero la responsabilidad no sólo surge por lo que tardan los juicios, sino por no sancionar leyes en el momento oportuno o por el incumplimiento de competencias específicas del Poder Ejecutivo, que afecte a los seres humanos.

-A veces, esto se olvida.
-Fuimos condenados por la Corte Interamericana por la lentitud de la Justicia, y los condenados fueron indemnizados, ya sea por parientes desaparecidos; por no haberse podido determinar quién fue el autor de un homicidio, asesinato o persecución; porque el proceso duró más que lo pertinente o por la condena de personas antes consideradas inocentes. Entonces, aparte de la Corte de la Nación, que genera una gran pantalla protectora de los derechos, el otro pilar fundamental es el acatamiento, por parte de los tres poderes, de los tratados internacionales.

-¿Qué pasa si a la falta de presupuesto para la Justicia se le suman procesos de selección o de remoción de magistrados poco transparentes?
-En la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema, según el cual el Consejo (de la Magistratura) se constituye ad hoc para cada juicio (político) particular por el presidente de la Corte Suprema, por legisladores y por abogados. Pero advierto que, en general, cuando no se respeta el equilibrio marcado por la Constitución nacional (para la integración de estos órganos), algunos jueces se sienten atemorizados, porque, efectivamente, es posible que en cualquier momento pueden tener sobre su cabeza un juicio político. No quiero decir que esto pase todos los días o que vaya a pasar, pero la desproporción en los estamentos que conforman (estos órganos) genera cierta inquietud, que ha sido manifestada públicamente varias veces.

-El presidente de la Corte Suprema de la Nación (Ricardo Lorenzetti) expresó que décadas atrás, ante las crisis, la gente recurría a los cuarteles, y ahora, a los abogados y a la Justicia.
-En épocas de crisis aparece el Poder Judicial como el que tiene la última palabra en ese sistema de pesos y contrapesos. La Corte de la Nación está teniendo una importancia preponderante y también las Cortes provinciales.

-¿Está superada la crisis de legitimidad que se generó respecto de todo lo público (incluida la Justicia) a partir de 2001?  
-El presidente de la Corte ha adquirido un papel muy importante, aglutinador, pero no basta con que los jueces se reúnan a discutir. Eso es una parte, pero hace falta presupuesto, mejor capacitación, buena selección de magistrados, así como poca influencia del poder gobernante sobre la designación de los jueces y sobre los eventuales juicios políticos. En este aspecto no veo mucha mejoría.

-¿Por qué desde la política existe tanta obsesión por intervenir en los procesos de selección, casi como si se tratara del sueño del juez propio?
-No en todos los casos, pero sí los malos políticos piensan que terminarán alguna vez enjuiciados; entonces, se toman esta prevención -no todos-, y piensan que pueden contar con jueces amigos. El Poder Judicial en todo el país, particularmente en mi provincia, que es de la que mejor puedo hablar, siempre fue ecuánime, y no tuvo los problemas que la Corte de la Nación; la nuestra jamás fue discutida, porque sus miembros son profesionales, profesores, y porque viene un cambio generacional. Por suerte, jamás se planteó eso de que los jueces respondían al Gobierno.