16 Agosto 2007 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El prófugo Mario Ochoa -condenado por abusar de un grupo de niños y jóvenes dispcapacitados- pidió garantías para entregarse. Rubén Jones, defensor de Ochoa, dijo que le aseguró al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que el condenado está dispuesto a presentarse hoy ante la Justicia. "Nos tienen que garantizar la seguridad, porque si Ochoa va preso en estas condiciones a cualquier cárcel, lo matan", consideró el defensor.
El Gobierno nacional ofreció una recompensa de $ 100.000 para quien aporte datos que permitan capturar a Ochoa. El hombre era chofer de un transporte y está condenado a 16 años de prisión por abusar de 13 jóvenes discapacitados.
Los padres de las víctimas se reunieron ayer en los Tribunales de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, y expresaron su indignación por la actuación de los jueces del Tribunal 2 de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, para quienes pedirán juicio político.
"Son los responsables de que el violador siga libre. Ellos deberían pagar los $ 100.000", dijo Juana Domínguez, madre de una de las víctimas. También hicieron responsable a Jones por la liberación y fuga de Ochoa.
El momento de mayor tensión y angustia se vivió cuando los padres dieron vuelta a la manzana corriendo para llegar al portón de la playa de estacionamiento, por donde pretendía salir en su automóvil el abogado del condenado.
El martes, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por Víctor Violini y Carlos Borinsky, hizo lugar a un planteo que el fiscal Julio Novo presentó en 2006 contra la excarcelación del chofer (procesado desde 2002), y ordenó a la Policía bonaerense que detenga a Ochoa. La orden se frustró cuando los policías llegaron a la casa de Ochoa, en Tigre, y constataron que se había fugado.
"Estuvimos siguiendo de cerca los pasos de los jueces para evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió; después de probado el delito, el violador siguó en libertad y hoy no lo pueden encontrar", lamentó otra madre, Elvira Leiva.
La sentencia sólo obligaba a Ochoa a presentarse cada 15 días en los Tribunales y lo restringía para trabajar con menores y grupos vulnerables. (Télam)
El Gobierno nacional ofreció una recompensa de $ 100.000 para quien aporte datos que permitan capturar a Ochoa. El hombre era chofer de un transporte y está condenado a 16 años de prisión por abusar de 13 jóvenes discapacitados.
Los padres de las víctimas se reunieron ayer en los Tribunales de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, y expresaron su indignación por la actuación de los jueces del Tribunal 2 de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, para quienes pedirán juicio político.
"Son los responsables de que el violador siga libre. Ellos deberían pagar los $ 100.000", dijo Juana Domínguez, madre de una de las víctimas. También hicieron responsable a Jones por la liberación y fuga de Ochoa.
El momento de mayor tensión y angustia se vivió cuando los padres dieron vuelta a la manzana corriendo para llegar al portón de la playa de estacionamiento, por donde pretendía salir en su automóvil el abogado del condenado.
El martes, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por Víctor Violini y Carlos Borinsky, hizo lugar a un planteo que el fiscal Julio Novo presentó en 2006 contra la excarcelación del chofer (procesado desde 2002), y ordenó a la Policía bonaerense que detenga a Ochoa. La orden se frustró cuando los policías llegaron a la casa de Ochoa, en Tigre, y constataron que se había fugado.
"Estuvimos siguiendo de cerca los pasos de los jueces para evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió; después de probado el delito, el violador siguó en libertad y hoy no lo pueden encontrar", lamentó otra madre, Elvira Leiva.
La sentencia sólo obligaba a Ochoa a presentarse cada 15 días en los Tribunales y lo restringía para trabajar con menores y grupos vulnerables. (Télam)
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