"Las leyes de promoción no generan empleo"

El objetivo de la ley de fomento a la inversión recientemente sancionada por la Legislatura es estimular la industrialización en la Provincia, mediante incentivos fiscales y subsidios. Con esto queda demostrada la débil dinámica inversora que ha tenido Tucumán en los últimos años y el regreso a prácticas de dudosa efectividad, baja eficiencia y elevada discrecionalidad, para incrementar la capacidad productiva.
Las expectativas lógicas que surgen de la norma se derivan del compromiso que asume el Estado provincial de aliviar la carga tributaria para nueva inversión y de los beneficios fiscales que otorga, lo que no es poco, teniendo en cuenta que Tucumán se encuentra entre las provincias con mayor presión fiscal del país. Con lo cual, el atractivo no esta basado en la rentabilidad de largo plazo, sino sólo en la sustancial mejora que implica en los proyectos de inversión la reducción impositiva.
La moderna experiencia internacional revela que mejorar genuinamente la competitividad es el camino seguro para el desarrollo sostenible, lo que sólo se consigue aplicando políticas consistentes de largo plazo. En otras palabras, una ley que propicie la inversión sin una visión estratégica de crecimiento y bajo un esquema económico arcaico, es poco lo que pueden lograr en materia de atracción de inversiones que mejoren la productividad, reduzca el desempleo y se conviertan en pilares del desarrollo sostenible. La calidad del empleo depende directamente de la calidad de la inversión, y ésta a su vez, se relaciona con la calidad de las políticas publicas. Bajar la tasa de desempleo, es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes, hace falta mejorar su productividad, lo que implica salarios mas altos y sustentables, que es el verdadero desafío. Por ejemplo, multiplicar burocracia estatal, baja el desempleo, pero ahoga al sector productivo por lo que se vuelve insostenible a largo plazo.
El Gobierno piensa que para captar inversiones basta con crear organismos públicos para esa misión, sin embargo al país llega cada vez menos inversión extranjera directa. Otro aspecto importante es que una ley de incentivos fiscales, por sí  misma, no reduce la incertidumbre sistémica, que es hacia donde debería orientarse la política económica, sobre todo en economías caracterizadas por una enorme volatilidad. Además, leyes de fomento a la inversión, con las características de la sancionada, engendran distorsiones al orientar recursos económicos hacia actividades impulsadas artificialmente y no hacia sus mejores usos alternativos, que es donde mas productivos resultan. En otras palabras, al estar inducida su asignación, por motivos meramente fiscales, se termina afectando negativamente la productividad de los factores, lo que disminuye la competitividad, debilita el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. La genuina competitividad no pasa por el disfraz del dólar alto y los discursos