Demoras en el envío de fondos para obras

El Poder Ejecutivo de Tucumán admitió que el hecho que no se remitan fondos nacionales, en tiempo y en forma, está ocasionando efectos negativos, tanto a los beneficiarios de programas federales como a las empresas contratistas. Por esa razón, el gobernador, José Alperovich, en acuerdo de ministros, dictó el decreto 29, de necesidad y urgencia, mediante el cual autoriza al ministro de Economía, Jorge Jiménez, a firmar un convenio con el Banco del Tucumán. Por ese acuerdo, se pone en marcha un sistema de asistencia financiera por hasta $ 50 millones. Esta es la segunda vez que el PE apela a este tipo de operatoria.
Con esta medida, el Gobierno trata de evitar inconvenientes en el plan de trabajos públicos, sobre todo teniendo en cuenta que está frente a un año electoral. El sistema de financiación servirá para “no caer en la paralización de obras por la indisponibilidad transitoria de recursos nacionales”, dice el decreto en cuestión, firmado hace más de 10 días y publicado recientemente en el Boletín Oficial.
Según el decreto, el banco “no cobrará gastos o comisiones adicionales -a los contratistas- por impuestos nacionales, provinciales y municipales, por anticipos financieros (hasta 180 días), por deuda por certificación de obras o por redeterminación de precios.
Una alta fuente del gabinete confirmó a LA GACETA que se registra cierto retraso en “obras menores” - de entre 60 y hasta 90 días- por indisponibilidad de dinero, en particular del que llega a través de fondos fiduciarios. Es el caso de los trabajos que se ejecutan en municipios y en comunas. El mismo funcionario consultado aclaró que distinta es la situación de los planes de viviendas, que pagan certificados de obras a un promedio de $ 7 millones por mes.

Posibles derivaciones
El atraso en el envío de fondos tendría que ver con el mayor celo que les puso el Gobierno nacional a las transferencias a provincias, luego de que explotó el caso Skanska. El 13 de marzo pasado, el presidente, Néstor Kirchner, firmó el decreto 225, mediante el cual pidió a cada organismo nacional que dicte un reglamento que regule la rendición de los fondos girados a cada provincia beneficiaria.
Mediante esa norma, el jefe de Estado reclamó la individualización del organismo y de los funcionarios responsables, el monto del dinero girado y el concepto del gasto y el grado de avance de las metas pactadas.