Esperan la reapertura del ingenio San Juan

Ejecutivos del ingenio San Juan presentaron ayer ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia el contrato que firmó esta empresa para realizar el transporte y la deposición de la cachaza en la presente zafra, así como la documentación probatoria de la reinscripción de la compañía en el Siprosa. Así lo informaron a LA GACETA fuentes de la firma Indukom Argentina SA, propietaria del Complejo Agroindustrial San Juan, que esperan la reapertura de la planta. No obstante, en la fábrica continúan los trabajos de alistamiento.
El ingenio, ubicado en Banda del Río Salí, fue clausurado en forma preventiva el miércoles por la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, a instancias de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, a cargo de Alfredo Montalván. La falta de esta documentación fue el argumento principal en que se basaron los organismos oficiales para llevar a cabo la inédita medida. Otro punto en el que Picolotti se asentó para ejecutar el cierre del ingenio fue que los responsables de esta empresa "nunca mostraron voluntad de cumplir con el Programa de Reconversión Industrial (PRI), al que el San Juan y otras 21 industrias suscribieron el 22 de marzo de este año, y que fija un plazo de dos años para la realización de los trabajos". Sin embargo, LA GACETA accedió a evidencias de que, previo a la ejecución de la clausura preventiva, técnicos de la firma habían mantenido una comunicación permanente con autoridades de las secretarías de la Nación y de la Provincia, en la que se fueron anticipando borradores del programa a ejecutarse, anticipándose a los plazos fijados. El convenio marco establece que las empresas adherentes debían presentar los proyectos individuales y cronogramas de trabajo en un plazo máximo de tres meses, a partir de la firma del acuerdo, y de 40 días hábiles para firmar los convenios individuales. Respecto de la demanda de filtros en las chimeneas de los ingenios, a las empresas les resulta imposible conocer el tipo de instrumento que se exige, ya que aún no fue reglamentada la Ley 7.460, de 2005, que exhorta a la aplicación de filtros que impidan la emanación de partículas de hollín.