Impulsarán el desarrollo del turismo y de áreas industriales

Un viejo reclamo del sector privado está a punto de convertirse en ley. Se trata del Sistema de Fomento a la Inversión, una iniciativa impulsada por el vicegobernador Fernando Juri y que ahora tiene el apoyo del gobernador José Alperovich. Su alumbramiento no fue sencillo: la Cámara y el Poder Ejecutivo tuvieron que consensuar un régimen que se adecue a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Con el proyecto se busca que Tucumán sea considerada por el inversor (local, nacional y extranjero) una provincia con buen clima para los negocios y con competitividad regional. La iniciativa consensuada con el sector privado promueve el turismo, la creación de parques y de áreas industriales, la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas, la instalación de industrias que incorporen nuevas tecnologías, la investigación, generación y desarrollo de energías alternativas.
Según pudo establecer LA GACETA, entre los beneficios figuran:
Un reintegro del 30% de la inversión efectuada o de la ampliación de la actividad existente.
Ese reintegro será del 50% en caso de que las obras de infraestructura incluyan bienes de utilidad pública (caminos, provisión de agua, redes eléctricas, desagües, entre otras). El reintegro abarcaría la inversión histórica, sin IVA y sin otros tributos nacionales.
El reintegro se hará mediante la entrega de certificados de crédito fiscal instransferibles.
Otro beneficio contempla exenciones graduales de tributos provinciales por un plazo que puede llegar hasta los 15 años (en el Ejecutivo sugieren 10), según el tiempo que demande el emprendimiento a realizar.
Se establecerán facilidades para la compra, locación y leasing de bienes inmuebles del Estado, situados en zonas que se determinen como parques o áreas industriales. En caso de compra, puede haber una financiación de hasta cinco años, con dos de gracia, a partir de la fecha de funcionamiento del emprendimiento productivo.

Subsidios y préstamos
El Gobierno también está dispuesto a subsidiar hasta un 50% a las tasas de interés de líneas crediticias otorgadas en virtud de convenios suscriptos con entidades fianancieras, aprobados por la Legislatura. Para esos acuerdos, las entidades financieras estatales tendrán preferencia. La iniciativa, además, impulsa el otorgamiento de préstamos para inversión.
Para la instalación de áreas industriales, se tomará en cuenta que se efectúen en zonas del interior, cuyas comunidades padecieron los efectos del cierre de ingenios azucareros, dice uno de los artículos del proyecto de ley.

La Federación Económica de Tucumán (FET) fue una de las entidades más consultadas por la Legislatura a la hora de analizar los alcances de la Ley de Fomento a la Inversión. Incluso, esa misma institución propició tareas de investigación con el fin de establecer cómo estaba Tucumán respecto de otras provincias que sí cuentan con incentivos para la radicación de fábricas y para la llegada de inversores.
"Del último estudio comparativo (elaborado por los economistas Hugo Ferullo y Martín Rodríguez Marat), surgió que Tucumán estaba en desventaja respecto de otros distritos", le dijo Julio Colombres, presidente de la FET, a LA GACETA, y sostuvo que este proyecto próximo a convertirse en ley pondrá a Tucumán en una situación más competitiva para la captación de inversiones. No obstante -afirmó- la Ley de Fomento a la Inversión constituye sólo el 10% de las tareas que debe emprender el Estado para estimular la instalación de más fábricas y el desarrollo económico provincial. "Esas tareas también implican que el Gobierno trabaje en políticas impositivas que favorezcan el clima de negocios, brinde mayor calidad institucional, genere seguridad jurídica y ciudadana y asegure la capacitación de la población", enumeró.

Hecha la ley...
Además de estar debatiendo el proyecto de la Ley de Fomento, el Poder Ejecutivo trabaja en otro que busca combatir la informalidad laboral sobre la base del endurecimiento de las penas (multas de hasta $ 30.000, clausuras e inhabilitación para ser proveedores del Estado) contra las empresas infractoras.
Consultado por nuestro diario, el presidente de la FET manifestó que le parece correcto que el Gobierno avance contra la informalidad en el trabajo. "Las leyes se hicieron para cumplirlas, y esto vale tanto para los empleadores como para los empleados y también para el Gobierno", afirmó y señaló que la contrapartida de esta situación sería que el Estado garantice obras sociales y jubilaciones dignas.
"Sería saludable que los aportes que se hacen por tener personal registrado no vayan a un barril sin fondo, y que cuando alguien se jubila no se convierta en un muerto civil", acotó. "Pero no es bueno que haya sobrecostos, como el impuesto a la Salud Pública, para aquellos sectores que generan trabajo", indicó Colombres.