Alperovich anunció sanciones contra el trabajo no registrado

Las inspecciones y los cargos tributarios vigentes (multas) son hasta ahora insuficientes para disminuir el alto índice de empleo no registrado que existe en el Gran San Miguel de Tucumán. Sólo en el aglomerado urbano, el 48,8% de los 309.000 asalariados no tiene la posibilidad de acceder a una obra social o proyectar una jubilación, porque su empleador no los registra, ni les hace los aportes legales.
Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo está diseñando un proyecto de ley que endurecerá las sanciones contra las empresas infractoras. “No puede ser  que Tucumán tenga el 50% de los trabajadores en negro; esta gente está  desprotegida”, dijo ayer a la prensa el gobernador.
La intención oficial es otorgar un plazo de gracia de hasta cinco meses, en el cual cualquier empleador declare voluntariamente el personal que no está registrado, sin que ello implique fuertes sanciones. “Después de este tiempo vamos a sacar una ley, que será muy dura. No quiero líos con nadie, pero estamos trabajando fuerte para  blanquear a la gente”, completó Alperovich.
El mandatario señaló que la informalidad laboral se observa con mayores índices en sectores como el comercio, el servicio doméstico y la construcción.
En el Ministerio de Economía consideran que, si  bien existen herramientas legales que promueven la lucha contra el trabajo no registrado, hasta ahora no son tan eficientes como para bajar los índices en Tucumán.
Mediante la acción conjunta de la Dirección General de Rentas y de la Secretaría de Trabajo se intentará persuadir a los empresarios de que será menos costoso blanquear personal que ser sancionado.
En el endurecimiento de las sanciones económicas no sólo se tomará en cuenta la no registración del empleado (mediante el cobro del impuesto a la Salud Pública). “Si hay trabajo no registrado, esto quiere decir también que existe compra y venta de productos en negro, es decir, evasión en Ingresos Brutos”, razona un funcionario de la Casa de Gobierno.

El Estado empleador
El reclamo de blanqueo laboral que pide el gobernador al sector privado es, según el legislador Ernesto Padilla, “una hipocresía de su parte, toda vez que el principal empleador en negro es el Estado”. “Con sólo revisar la boleta salarial de los empleados públicos nos damos con que dos tercios del salario se paga en negro, lo que impacta negativamente en el sistema previsional e hipoteca el futuro jubilatorio”, acotó. “Antes de plantear un mensaje al sector privado debería predicar con el ejemplo, y sólo entonces encarar exigencias”, señaló Padilla.