Hace poco, en Sevilla, en el convento de la isla de la Cartuja, nos reunimos un grupo de políticos, intelectuales y periodistas. La misión era tratar de dar respuesta, en un encierro de 48 horas en ese bello monasterio de los tiempos de Carlos V, a una pregunta fundamental. La pregunta es esta: ¿cuánta desigualdad social, cuánta pobreza, cuántas crisis económicas es capaz de tolerar la democracia, tal como la conocemos? En algunos países de América latina esta pregunta es sólo teórica o retórica; en otros es lejanamente eventual, y en algunos requiere de respuestas perentorias.
Según el Banco Mundial, América latina es la región del mundo que menos progresos ha hecho en los últimos años para reducir la pobreza. Hay excepciones, sin duda. No podemos desconocer la excepción de la democracia chilena, tal vez la más eficaz para combatir la pobreza en los últimos años.
La pobreza acosa hoy al 44 por ciento de los latinoamericanos, aunque ese porcentaje es mucho mayor en varios países de la región. El 18 por ciento de los latinoamericanos, en promedio, vive en la indigencia; es decir, en la pobreza total. La informalidad laboral se acerca a los dos tercios en la actividad privada de la región. Son personas que, aunque trabajan, no tienen derecho a cobertura social ni a la esperanza de una jubilación en la vejez. Ellos viven el día a día.Esta realidad es especialmente dramática en la Argentina, porque nuestro país tiene una larga historia de casi pleno empleo, constantes conquistas sociales y muy escasos índices de pobreza. El derrumbe social sucedió en los últimos ocho años y se profundizó de manera alarmante a partir de la crisis de los años 2001 y 2002.
Paralelamente a estos índices sociales, el último informe del Latinobárometro, una medición que realiza Naciones Unidas, indica que el apoyo a la democracia en la región ha caído casi paralelamente con la aparición de aquellos pésimos índices sociales. En 1996, un 61 por ciento de latinoamericanos apoyaba el sistema democrático. Sólo un 53 por ciento lo apoyó en las mediciones del año 2005.
Puede señalarse que, tal vez como consecuencia de la historia tan dramática de la Argentina en materia de rupturas institucionales, el apoyo a la democracia ha estado aquí por encima del promedio. Fue del 64 por ciento el año último. Una actitud social doblemente sorprendente, porque la Argentina viene de atravesar la crisis económica y social más profunda de los últimos 150 años de su historia.
La definición de la democracia merece un paréntesis. Se trata del único sistema que, respetado en sus formas y en su esencia, sólo le permite al ciudadano común cambiar a los malos gobernantes. Esa es su enorme virtud. Punto. Suponer que la democracia tiene por sí sola las mejores recetas para resolver los peores problemas es cargarla de responsabilidades que no son suyas.Aterricemos en la Argentina, entonces. El principal problema político de la Argentina es, hoy por hoy, la crisis de sus instituciones, peor a veces que cuando sucedió la fulminante crisis de principios de siglo. Veamos las instituciones. Ningún otro presidente desde la restauración democrática reclamó, como lo ha hecho Néstor Kirchner, que sus proyectos de ley vuelvan del Congreso tal como él los envió. Se movió así, incluso, cuando se trataron cuestiones constitucionales, como fueron la reforma del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Lo peor de todo es que el Congreso acató su voluntad.
La otra rama del Estado, el Poder Judicial, está claramente dividida en dos estamentos. Uno lo protagonizan los jueces intermedios, que ahora saben, luego de la reforma al Consejo de la Magistratura, que el Gobierno conserva la llave de sus nombramientos, ascensos y expulsiones. Están, por lo tanto, pendientes de la opinión del Poder Ejecutivo. En otro rango se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Sus nuevos miembros pueden ser refutados desde su ideología, pero nadie puede dudar de su nivel intelectual ni de su independencia.
Kirchner encontró la fórmula para anestesiar a la Corte Suprema: no cubrirá nunca las dos vacantes del máximo tribunal de justicia del país. Eso significa que el tribunal debe alcanzar una mayoría de cinco miembros sobre los siete que hay, y no sobre los nueve que debería haber, para poder dictar una resolución. Es una cifra inalcanzable en la mayoría de los casos. La Corte Suprema ronronea su bronca mientras le pide al Presidente, por todos los medios, incluidos los públicos, que designe esos dos jueces que faltan.
Otra crisis se abate sobre el sistema de partidos políticos. Debemos reconocer que no es una crisis particular de la Argentina. Existe en América latina una tendencia al vaciamiento de los partidos políticos tradicionales, que por lo general son reemplazados por movimientos políticos que dependen del liderazgo de un hombre. Es la devaluación de la democracia en forma de catálogo. No es casual tampoco la coincidencia en el tiempo entre caudillismo y pobreza, porque lo uno es funcional a lo otro. No podría ser una casualidad que la desigualdad social en la Argentina sea hoy peor que la de la década del 90.
Esto nos lleva a repetir la pregunta dicha con honestidad intelectual y teniendo en cuenta el amplio sufrimiento social y la poca eficacia de los gobernantes: ¿cuánto más podrá tolerar la democracia en tales condiciones?
Ni la Argentina ni América latina están condenadas a devaluar su democracia ni a resignarse a los desamparos sociales. Hay ejemplos notables en ese sentido. ¿Cómo olvidar el ejemplo de Chile en materia de progreso social en un marco de vida democrática? ¿Cómo no tener en cuenta los ejemplos de Brasil y de Uruguay de fantásticas transiciones entre gobiernos de distintos signos políticos? ¿Cómo no aprender de México y de su vocación para abrirse al mundo, lo que le permitió firmar tratados de libre comercio con los bloques económicos más importantes y crecer considerablemente en los últimos diez años? A pesar de todo, esos países arrastran también sus propios conflictos políticos, económicos o sociales. La diferencia es que progresan y no se atrasan.
Hay, por lo demás, un resabio de anacrónico nacionalismo en muchos países de América latina. El discurso del presidente Kirchner tiene, muchas veces, matices de cierto nacionalismo populista. Pero el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales son las expresiones más cabales de esa nueva corriente ideológica latinoamericana. Y hay también una notable diferencia de concepciones de la democracia entre América latina y las naciones centrales del mundo.
Para muchos gobernantes latinoamericanos la democracia se agota en el voto popular. Está claro que es mejor votar que no votar. Está claro que el peor de los presidentes elegidos democráticamente es mejor que cualquier dictador. Sin embargo, la democracia es también un modo de vida cotidiano, que busca el consenso, respeta las minorías y las libertades, y no vapulea ni cambia las instituciones. Un sistema que establece un diálogo constante sobre las políticas fundamentales del Estado.
La libertad de expresión ha sido la primera víctima de la devaluación de la democracia en América latina. Sólo en el sur de América puede decirse que Chávez y Kirchner son los presidentes que mantienen la relación más crispada y confrontativa con los medios de comunicación y con los periodistas. Sin embargo, también el brasileño Lula y el uruguayo Tabaré Vázquez han vivido momentos de tensión con la prensa de sus países. La corriente de centroizquierda que gobierna el sur americano, y que no se ha podido poner de acuerdo en nada, parece coincidir sólo en llevarse mal con los periodistas. El problema entre el poder y la prensa forma parte inevitable de la crisis de las instituciones.
El reciente caso de Misiones ha sido un claro en el bosque de la crisis institucional. Contra todos los pronósticos, y contra la obscena compra de votos por parte de los gobiernos provincial y nacional, una sociedad mayoritaria pobre se levantó contra el poder. Levantó el primer "no" estentóreo contra la manía de perpetuidad de los gobernantes argentinos y contra la recurrencia de hacer Constituciones a su medida. En la era de los medios masivos de comunicación, el clientelismo político va perdiendo fuerza. Los gobiernos se mantienen en sus trece y parecen incapaces de absorber esos cambios fundamentales. El riesgo, como dijo Felipe González, no es que metan la pata, sino que se obstinen en no sacarla.Alan Rouquie ha escrito que América latina es la última frontera de Occidente, pero Occidente al fin. Si no cambiamos la dirección de la crisis institucional y del deterioro social en la región, es posible que esa frontera se modifique. América latina tendrá en ese caso un problema grave. Pero otro problema habrá nacido para las naciones centrales si gran parte de América latina se convirtiera en una tierra de Estados fallidos o de democracias imperfectas. (c) LA GACETA
