Ineficiencia

La zafra azucarera más importante de la historia de Tucumán está a punto de comenzar. A diferencia de años anteriores, el efecto económico y social que provoca la actividad que produce el 60% del azúcar que consume el país se percibe desde hace varios meses, puesto que en los ingenios se destinaron enormes sumas de dinero en mejoras de calderas, trapiches y en todo lo que tenga que ver con aumentar la productividad de las fábricas. También en el campo hubo inversiones en nuevas variedades y en cuidados de los cultivos, para garantizar cañas con el mayor contenido de azúcar posible. Lamentablemente, todo este esfuerzo no fue acompañado por el Estado provincial, que parece operar en una sintonía distinta de la de los privados.
Durante el último año, el Gobierno tucumano empleó mucho tiempo y grandes cantidades de energía en doblarle el brazo al sector empresario de la Provincia, con la imposición del nuevo Código Tributario. Este esquema para cobrar más tributos demandó meses de debates, de marchas y contramarchas, y obligó a los privados a centrar su atención en discusiones interminables y en asambleas multitudinarias para tratar de contrarrestar el afán recaudador del Estado provincial.
No puso el mismo empeño el Gobierno en hacer que los impuestos “vuelvan en obras” a los sectores que aportan para que crezca la recaudación fiscal en la provincia, pese a que desde hace años se vienen repitiendo algunos reclamos de trabajos necesarios nada menos que para preservar vidas humanas. Cuando concluyó la última zafra, los factores volvieron a plantear al Gobierno la necesidad de que se repare la red terciaria caminera de Tucumán, que se encuentra en pésimo estado. El propósito era evitar el tránsito vehicular de camiones y rastras cañeras por las rutas principales, lo que serviría para descongestionar estas carreteras en las etapas productivas pico y, de esta forma, salvar muchas vidas que se pierden en estas carreteras. Los meses pasaron y la argumentación de los funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) fue -y sigue siendo- que la reparación de los caminos vecinales es potestad de las comunas rurales, que reciben fondos del Poder Ejecutivo para obras que no se ejecutan, al menos en este caso.
La inacción provocó la ira de los sectores empresarios, que se sienten estafados por un Estado que cada día se muestra más eficiente en su voracidad fiscal, pero que mantiene viejos vicios de etapas anteriores, cuando se exigía mucho más de lo que se está dispuesto a dar. Lo curioso del caso es que hubo una orden del propio gobernador José Alperovich de que los organismos competentes resuelvan esta situación, para lo cual se destinaron partidas de dinero. Sin embargo, los resultados demuestran que hubo ineficiencia oficial, al menos en los niveles intermedios.
Pero lo insólito también tiene lugar en este caso. Los organismos que tendrían que haber encarado con tiempo las obras de reparación de la caminería desconocen que rutas demandan trabajos. Al parecer, existe un cortocircuito entre la DPV y las comunas rurales, porque aquella tuvo que salir a pedir por nota a 15 entidades rurales (Sociedad Rural de Tucumán, Asociación Tucumana del Citrus, Asociación de Productores Tabacaleros, UCIT, etcétera, etcétera) que les informen qué caminos deberían ser reparados. Pero no es sólo este dato el que solicitó Vialidad; también requirió número de orden, desde dónde comienza y hasta dónde llega el camino, tipo de producción de la zona, y longitud del camino planteado. Lo más grave es que estas misivas fueron cursadas el 24 de abril último, hace sólo 20 días. En medio de este aparente caos, lo positivo es que posiblemente esta semana se avance en la conformación de los llamados “consorcios camineros”, para que los privados contribuyan con el Estado en el mantenimiento de la red terciaria que, por cierto, antes tendría que ser restaurada.