Un opaco centenario

Cumple hoy un siglo el Palacio de las Leyes, como comúnmente se denomina a la sede del Congreso de la Nación, y lo hará con una discreta celebración, por causas fundadas en el prestigio relativo con que desde hace tiempo se lo observa por la ciudadanía. Testimonio monumental de la Argentina que asomaba al mundo con un prometedor horizonte, su historia es una memoria viva del rumbo azaroso de la República que, a pesar de la restauración constitucional de 1983, transcurre con una baja calidad representativa, herencia remota de la peor de sus crisis: 6 de septiembre de 1930. A partir de tan aciaga jornada, el Congreso fue clausurado en seis ocasiones mediante golpes de Estado y, salvo en muy cortos períodos, apenas pudo recuperar en plenitud los valores que la Constitución asigna al Poder Legislativo. Esa circunstancia es causa, sin duda, de que la celebración pase escasamente advertida por el público, a la vez que los numerosos sectores partidarios que ejercen representaciones en ambas cámaras no dan muestras del nivel de relaciones políticas requerido por el sistema democrático. Reducida cada vez más la función legislativa por delegaciones en el Poder Ejecutivo, así como el control de los actos de gobierno por fidelidades extremas del oficialismo parlamentario, el Congreso dejó de ser la institución simbolizada por el palacio centenario.
La razón funcional de esa realidad es la carencia de una reforma del sistema representativo, donde la arcaica lista sábana impide la relación directa entre representados y representantes. Ello es posible mediante un perdurable régimen de partidos políticos que no actúan como organizaciones intermedias del gobierno del pueblo por el pueblo y cauce único para la definición electoral. El último testimonio de ello fue la selección de candidatos presidenciales sin internas abiertas. No menos de un centenar de proyectos reformadores del sistema político representativo y de partidos acumula la historia del Congreso desde la restauración constitucional, pero ninguno tuvo tratamiento. Entretanto, el Poder Legislativo dejó de reglamentar y con términos vencidos disposiciones constitucionales sancionadas por la convención reformadora de 1994, destinadas a reducir la fuerte gravitación del presidencialismo en la Constitución histórica. Los casos más elocuentes son el de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuya validez es dudosamente constitucional, y el de la ley de emergencia en que se amparan las numerosas facultades conferidas al Ejecutivo. Paradójicamente y a contrario sensu, nunca el presidencialismo democrático fue tan elocuente como después de la reforma constitucional que trató de reducirlo.
El centenario del Palacio de las Leyes tiene hoy por todo ello un significado considerablemente mayor como símbolo arquitectónico de la Capital de la República, que un siglo atrás hacía gala de la pujanza del país, que como expresión de un sistema institucional eficiente. Responsabilizar a un único gobierno por tal circunstancia sería injusto; todos, en mayor o menor proporción desde la restauración constitucional de 1983 han contribuido, trasladando a los poderes públicos las crisis de sus partidos originarios, y perdiendo de vista el significado y el valor de las instituciones. En consecuencia, a cada relevo en la gestión pública ha seguido una mayor ausencia de las políticas de Estado que especialmente deben tener en el Poder Legislativo su mayor expresión creadora. Hace ya mucho tiempo que el Congreso ha dejado de ostentar la representación digna de los intereses de la Nación, mientras se observa a la mayoría de sus integrantes más preocupados por la continuidad en sus cargos que por la confianza de los electores.