Un péndulo inexorable

El péndulo inexorable, privatizaciones-estatismo, sigue funcionando en la Argentina, como demuestra el reciente proyecto sobre YPF y la política petrolera, entregado personalmente al presidente Kirchner y al ministro de Planeamiento, Julio de Vido, por el cineasta Fernando “Pino” Solanas. La iniciativa promueve una nueva estatización  semejante a la que se anunció en Bolivia, si bien esperó desde hace años, hasta que una gestión de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, le abrió las puertas de la Casa Rosada. Mucho indica que ese proyecto está lejos de lo posible, pues se funda más en compromisos políticos que en razonamientos técnicos y económicos. De cualquier manera, tan elevada recepción provoca fundada inquietud, mientras se siguen esperando políticas de largo plazo del Gobierno nacional. El hecho consignado se produjo en medio del nerviosismo provocado en la región por los anuncios del presidente boliviano, si bien dos días antes el doctor Kirchner había mantenido otra reunión con el titular de Repsol YPF, Antoni Brufau, sobre los planes de inversión y la presencia bursátil de la empresa hispano argentina. Hasta aquí, esa clase de circunstancias que en los mercados de inversiones no permiten apostar con recursos mirando al horizonte argentino. Un observador imparcial puede afirmar que en el discurso presidencial -como tampoco, inclusive, en el del ministro De Vido- subyace un proyecto estatizante de los servicios públicos o de bienes fundamentales para los intereses del país. Sin embargo, algunas de las políticas oficiales para controlar la inflación mediante intervenciones en el mercado provocan fuertes sospechas en sentido contrario, como está ocurriendo con el sector ganadero que, ciertamente, no es el único testimonio. Esa contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace tiene algunos ejemplos contundentes; el más significativo es el del Correo Argentino, cuyo concesionario fue eliminado, pero no pudo hallarse un sustituto por falta de confianza en la concesión. Algo semejante ocurrió con la de Aguas Argentina, donde la eliminación de la francesa Suez dio lugar a que sus socias renunciaran a ocupar su lugar. Puede afirmarse así que el estatismo como política del  gobierno tiene muy escasa proyección; pero también  es cierto que por sus modalidades y estrategias para mantener el crecimiento económico con bienestar social, está cada vez más próxima a las repetidas experiencias que desde las crisis de 1930 dejaron las embestidas contra el libre mercado.
La sociedad argentina no tiene buena experiencia del libre mercado, pues los abusos y la incapacidad estatal para vigilar su transparencia han sido frecuentemente socios de la corrupción. El ejemplo de los pésimos organismos estatales de control de los servicios públicos, que en el caso de Ettos como fiscalizador de Aguas Argentinas, la Auditoria General de la Nación calificó de “muy desaprensivo y negligente”, debe ser un llamado de atención sobre dónde debe aplicarse el esfuerzo reformador. En el de la libertad de mercado, el modelo de la ley antitrust de la economía más libre y poderosa  -EE.UU.- es un ejemplo de dónde ha de ponerse el empeño político. Organismos autónomos de control, con responsables profesionales calificados y una Justicia atenta a la transparencia del mercado, deben poner fin al irregular manejo de funcionarios gubernamentales; improvisadores de órdenes, más que de medidas  coyunturales, sin prestar atención a los efectos de las reglas económicas vulneradas. Ignorar esas exigencias es cerrar puertas a la realidad global, retornando a un modelo que, como en tantas ocasiones se demostró, contribuyó al atraso del país.