Nada cambia

Dicen que los reclamos aislados no son conducentes si es que, detrás del que lo efectúa, no hay una férrea posición de quienes reclaman lo mismo, por temor a castigos, al destierro político o, simplemente, al ridículo.
Algunas de esas sensaciones debe haber experimentado, la semana pasada, el ministro de Economía de Buenos Aires, Gerardo Otero, cuando en plena sesión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, le pidió a la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, que, de una vez por todas, la Nación coparticipara impuestos que hoy no son redistribuidos a las provincias. El planteo, aunque no sorprendió a sus pares de otros distritos -ya había sido charlado en El Calafate, a fines de abril-, ratifica la voluntad de ciertos gobernadores de recuperar terreno perdido o cedido a la Nación en materia fiscal.
Se potenció, porque quien lo hizo responde a la provincia más grande del país, aunque no trascendió públicamente para cuidar las formas de las deliberaciones. El silencio de sus pares de Economía de otras latitudes obedeció, fundamentalmente, a la seca respuesta de Miceli. “No se toca el esquema fiscal”, habría dicho la conductora del Palacio de Hacienda, ante la atónita mirada del resto de los participantes.
El pensamiento generalizado entre los gobernadores es que, en una Argentina que acumula tres años de crecimiento en su economía, las provincias también quieren ser parte de la fiesta, sin que el reparto de recursos extras sea efectuado con fines políticos, es decir, por afinidad o no a la Casa Rosada. Históricamente, Tucumán cedió una porción importante de aquella torta llamada coparticipación, porque sus representantes de entonces (la ley fue sancionada en 1988) no tuvieron la fuerza suficiente para imponer el criterio de que es uno de los distritos más fuertes de la región.
Algunos creen que Tucumán debería tener un 1% más del 4,9% que le corresponde de los impuestos nacionales y coparticipables. En cifras redondas, equivaldría a decir que tendría que recibir $ 250 millones anuales más de lo que actualmente percibe de los tributos recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
No se trata de poca plata. Ese número, a su vez, representaría casi la mitad de la recaudación anual de la Dirección General de Rentas y del plan de obras públicas financiado por la Provincia.

Una señal
Un dato, no menor, que sustenta el reclamo provincial tiene que ver con la caída interanual de los fondos coparticipables, que se observó en abril. Con los presupuestos en ejecución, cualquier variación a la baja significaría un reajuste en el nivel de gastos provinciales, con efecto directo en las obras públicas. Eso inquieta a los mandatarios que preparan el escenario político para enfrentar la próxima batalla electoral que se abrirá el año que viene.
Aún más, nadie se anima a afirmar que este mes, las transferencias nacionales se mantendrán en niveles similares a lo ingresado en mayo de 2005 y de 2004 (récord histórico de reparto de fondos de coparticipación). Muchos ministros de Economía provinciales consideran a mayo como un mes bisagra, en el que se hace la diferencia para cerrar los ejercicios del semestre con un fuerte superávit, algo acordado con la Nación mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un escenario a no perder de vista es la discusión salarial de los estatales de cada distrito.
Hasta ahora, en Tucumán se habla de un reajuste en las remuneraciones del sector público cercano al 10%, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha dado señales claras sobre cuándo otorgará la mejora. Esto, sin dudas, también marcará la agenda oficial en lo que resta del año. Así como se reclama a la Nación la redistribución equitativa de la riqueza, así también los gremios le piden la misma señal a la Provincia. Toda una encrucijada.