Los límites a la movida nocturna

La decisión del Gobierno de poner límites a la descontrolada movida nocturna, el consumo de alcohol y la inseguridad, a partir del crimen de Paulina Lebbos, ha generado controversias en distintos ámbitos de la sociedad. Si se concreta la idea de poner un límite horario a los boliches, no sería la primera experiencia del tipo en la provincia. En diciembre de 1994, el entonces vicegobernador Julio Díaz Lozano impulsó un proyecto que la Legislatura aprobó. La ley 6.619 estableció las 3 como límite para el funcionamiento de las discotecas. La norma entró en vigencia el 10 de marzo de 1995; no obstante, según comprobó LA GACETA ese fin de semana, las principales bailantas, boliches, pubs y clubes no respetaron la disposición.
Esta norma duró menos de un año. Siete días antes de cumplir su primer aniversario, fue derogada por unanimidad durante el gobierno de Antonio Bussi. En su campaña electoral, el general retirado había prometido que dejaría sin efecto esta ley, que en realidad no fue cumplida por todos los propietarios de boliches mientras estuvo vigente.
En el año 2000, los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Julio Díaz Lozano trabajaron por separado en dos proyectos para modificar la Ley de Contravenciones Policiales. Se proponía como límite para el cierre de los boliches las 3 o las 4.30. Las iniciativas no prosperaron.
A 12 años de la fallida experiencia, la historia de desencuentros vuelve a repetirse. Distintos sectores de la comunidad se han pronunciado como en aquel entonces en pro y en contra del decreto del Gobierno. En el seno del mismo Poder Ejecutivo, el secretario de Prevención de las Adicciones definió la medida de un ensayo que no va a prosperar en la medida de lo esperado. Respecto de la incidencia que puede tener la medida en las adicciones, el funcionario cree que estas no disminuirán, porque la prevención de las adicciones no pasa por una norma administrativa, sino por la contención familiar. Por otro lado, lamentó la medida del cierre de boliches porque en vez de ser los padres los que pongan límites a sus hijos, tiene que ser el Gobierno el que lo haga.
Algunos profesionales señalaron que un cambio de hábito implica necesariamente un proceso que lleva su tiempo, y se oponen a la forma unilateral en que se dispuso el límite a la nocturnidad y propuso abrir un debate entre expertos, instituciones, Gobierno, jóvenes y comerciantes.
Tampoco el decreto es claro en varios aspectos acerca de las restricciones que involucrarían también a los adultos y refleja tal vez en un apresuramiento en poner en marcha una iniciativa cuyo cumplimiento podría fracasar, como ocurrió con su antecesora, si no se contemplan todos los puntos de vista cuestionables.
Más allá de que el crimen de una joven -hasta ahora irresuelto- haya empujado al Gobierno a tomar medidas concretas en el asunto, es saludable que se haya encarado finalmente este problema que afecta a una buena parte de la sociedad, especialmente a los jóvenes. El descontrol nocturno, la inseguridad y la ilegalidad del transporte público han sido hasta ahora una constante y un flagelo en los últimos lustros.
Es entonces un buen síntoma enfrentar estos problemas eludidos por gobiernos anteriores. Para ello es necesario buscar un consenso entre las partes e involucrar más a los padres, que tienen una gran responsabilidad en la educación de sus hijos. Si otras provincias han encauzado la problemática de un modo no traumático y civilizado, no se entiende por qué Tucumán no es capaz, desde hace doce años, de dar una solución a los flagelos de la nocturnidad que se han vuelto cada vez más peligrosos y que ponen en riesgo -en muchos casos- la vida de nuestra juventud. La apuesta sigue siendo encontrar una solución duradera y no un parche más.