L@s representantes

En la antigua cultura andaluza del siglo XV, la arroba era una unidad de medida. Seis siglos después, el símbolo se ha naturalizado en el lenguaje informático como “@”. Pero no sólo eso: por su carácter ambiguo (no es ”a”,  pero tampoco es “o”), el símbolo se ha convertido en una herramienta lingüística adecuada para quienes quieren promover un uso no sexista del lenguaje.
La discusión al respecto podrá sonar un tanto sofisticada -o lejana- para muchos oídos tucumanos. Sin embargo, la cuestión sobre la no neutralidad del lenguaje ha aterrizado en la mesa de debate de la Convención Constituyente, en vista de la redacción de la futura Carta Magna provincial. Sin el tinte futurista que implicaría impulsar el uso del  @ para igualar, por ejemplo, a funcionarios con funcionarias, ya se le ha pedido a la comisión de redacción de la norma fundamental de los tucumanos que cuando redacte el texto definitivo de la Constitución deba referirse “expresamente a mujeres y varones, niños y niñas”, cuando quiera englobar a ambos géneros. El mismo proyecto de resolución que impulsa ese perfil redaccional  plantea que en el Preámbulo de la Constitución deberá decirse: “los y las representantes”. Y que las autoridades de la Provincia se deberán enumerar en femenino y masculino en todo su articulado.
Sin embargo, no son sólo palabras. Aunque maquillado, porque el término conlleva una carga “feminista” que genera escozor en ciertos sectores de la sociedad tucumana, el concepto de “género” también llega a la mesa de la Constituyente, para su discusión. El tema ha sido incluido en el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías, y allí se establece, según reza el texto a analizar por los convencionales, que la provincia “garantizará en el ámbito público, y promoverá en el privado, la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres, en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a través de acciones positivas que permitan el ejercicio efectivo de  igualdad”.
Vale aventar suspicacias: no ha sido la diputada Beatriz Rojkés de Alperovich, sino un hombre, el legislador justicialista Antonio “Pachi” Raed, quien ha introducido el tema en la agenda de la Constituyente tucumana. Esta  inclusión en el debate por la nueva Carta Magna ha entusiasmado a las agrupaciones de mujeres tucumanas que impulsan  desde hace años medidas de acción positiva, como la ley de cupo femenino, que, aunque polémica, está cambiando el mapa de la representación política en la Argentina, y que en su momento ha generado discusiones y planteos judiciales en Tucumán.
Las  mujeres que han inspirado al  legislador Raed, y el propio Raed, festejan: dicen que de este modo la Constitución tucumana se acomoda, en estos puntos, a la filosofía de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 y a las Cartas provinciales de avanzada, como la de la provincia de Buenos Aires, reformada en 1996. En el texto a debatir por la Constituyente, las mujeres comparten con los niños, con los ancianos y con los discapacitados el artículo en el cual se reconoce que es obligación del Estado promover medidas “de acción positiva” que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Esto es: que el Estado deberá promover políticas activas para beneficio de esos grupos. Y que este nuevo marco normativo implicará, de por sí, la adhesión automática de la Provincia a los tratados internacionales que legislan sobre la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, para los sectores aquí mencionados, y que son, por ahora, considerados “grupos vulnerables”.
Por ahora. Es que en este mundo de las Condoleeza Rice, de las Cristina Kirchner, de las Michelle Bachelet, de las Angela Merkel, es difícil predecir hasta cuándo seguirán incluidas las mujeres en el rubro de “grupos vulnerables”.