16 Julio 2005 Seguir en 
"Tenemos todo para cumplir con la ley, y viene un delincuente y nos hace esto. La mayor víctima de este problema somos nosotros". Muy enojado por lo que está sucediendo, Cristian Abdala, propietario del ciber Hacker?s, expresó ayer sus impresiones sobre el caso del pirata informático tucumano que, el 9 de mayo, atacó la página oficial de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de la investigación, personal policial de La Plata y de la Dirección de Investigaciones de Tucumán, al mando del teniente 1º Marcelo Santomil y del comisario general Alfredo Jiménez, secuestró hace una semana 27 CPU del ciber de Abdala. Es que luego de una pericia informática (a través del IP, que es como el DNI de quienes se conectan a un servidor de internet), supieron de dónde se había producido el ataque en contra del gobernador Felipe Solá. "Cuando entraron tantos policías al negocio, yo creí que era algo realmente grave, hasta que vi lo que habían hecho. Entiendo que el gobernador Solá se haya sentido afectado, pero por eso yo no puedo trabajar, y encima me quieren llevar los CPU a Buenos Aires", se quejó Abdala.
El caso motivó un conflicto jurisdiccional, ya que Abdala y su abogado, Emilio Mrad, advierten que, como el delito se cometió desde Tucumán, es en esta provincia donde debe ser investigado. Una postura distinta sostienen el juez de garantías Néstor de Aspro y la fiscal Virginia Bravo, ambos de La Plata. Ellos quieren que la causa siga en Buenos Aires.
La respuesta
Ayer, el juez de feria de Tucumán, Víctor Manuel Rougés le pidió opinión al fiscal de feria, Carlos Sale, sobre el tema; recién luego de recibir la respuesta, decidirá qué hará con el expediente. Abdala afirmó que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia. "Quiero colaborar con todo lo que pueda. Yo también quiero saber quién fue el que hizo esto", indicó. Aseguró además que es muy difícil controlar todo lo que pasa en el negocio. "Cada uno está en su computadora. No puedo saber qué están haciendo", indicó. Los investigadores creen posible que el hacker -dada la cantidad de tiempo que pasó en el local (24 horas)- sea o haya sido empleado del lugar. "Yo no puedo descartar nada", afirmó. "Espero que esto se resuelva rápido; pero si descubren quién fue, yo voy a ser el primero en iniciarle una querella criminal, tal como ya adelantó mi abogado en un escrito en Tribunales", finalizó el propietario del local. Los policías de La Plata continuarán en Tucumán realizando investigaciones hasta que se determine si se pueden llevar las máquinas. De Aspro ya advirtió que, si no se las dan, irá en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires por retardo de justicia.
En el marco de la investigación, personal policial de La Plata y de la Dirección de Investigaciones de Tucumán, al mando del teniente 1º Marcelo Santomil y del comisario general Alfredo Jiménez, secuestró hace una semana 27 CPU del ciber de Abdala. Es que luego de una pericia informática (a través del IP, que es como el DNI de quienes se conectan a un servidor de internet), supieron de dónde se había producido el ataque en contra del gobernador Felipe Solá. "Cuando entraron tantos policías al negocio, yo creí que era algo realmente grave, hasta que vi lo que habían hecho. Entiendo que el gobernador Solá se haya sentido afectado, pero por eso yo no puedo trabajar, y encima me quieren llevar los CPU a Buenos Aires", se quejó Abdala.
El caso motivó un conflicto jurisdiccional, ya que Abdala y su abogado, Emilio Mrad, advierten que, como el delito se cometió desde Tucumán, es en esta provincia donde debe ser investigado. Una postura distinta sostienen el juez de garantías Néstor de Aspro y la fiscal Virginia Bravo, ambos de La Plata. Ellos quieren que la causa siga en Buenos Aires.
La respuesta
Ayer, el juez de feria de Tucumán, Víctor Manuel Rougés le pidió opinión al fiscal de feria, Carlos Sale, sobre el tema; recién luego de recibir la respuesta, decidirá qué hará con el expediente. Abdala afirmó que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia. "Quiero colaborar con todo lo que pueda. Yo también quiero saber quién fue el que hizo esto", indicó. Aseguró además que es muy difícil controlar todo lo que pasa en el negocio. "Cada uno está en su computadora. No puedo saber qué están haciendo", indicó. Los investigadores creen posible que el hacker -dada la cantidad de tiempo que pasó en el local (24 horas)- sea o haya sido empleado del lugar. "Yo no puedo descartar nada", afirmó. "Espero que esto se resuelva rápido; pero si descubren quién fue, yo voy a ser el primero en iniciarle una querella criminal, tal como ya adelantó mi abogado en un escrito en Tribunales", finalizó el propietario del local. Los policías de La Plata continuarán en Tucumán realizando investigaciones hasta que se determine si se pueden llevar las máquinas. De Aspro ya advirtió que, si no se las dan, irá en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires por retardo de justicia.
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