Su rostro es hoy el estandarte de una marea de indignación que recorre toda España y portada de los medios más importantes del mundo; y su caso, la muestra de cuán desconectada está la política de las urgencias más elementales de los ciudadanos. Se llamaba Maricarmen Abascal, tenía 87 años, y murió días después de ser desalojada por un fondo de inversión -lo que se conoce como “un fondo buitre”- del departamento del centro de Madrid donde había vivido durante siete décadas pagando su alquiler puntualmente. La brutal imagen de la policía fuertemente pertrechada y personal sanitario sacando de su hogar en una camilla a una anciana rumbo a un hospital, con la mirada perdida y el cuerpo débil y enfermo, produjo el terremoto político y social más potente e inesperado de los últimos años. Era sencilla y cruelmente la muestra inequívoca del desequilibrio de fuerzas e intereses entre una salvaje especulación inmobiliaria y la precariedad de los residentes de una ciudad que se ha tornado un infierno para encontrar un espacio donde vivir. Disparó, sobre todo, una pregunta con tono de impotencia: ¿En qué sociedad vivimos? O la que el mismo papa León XIV se hizo al enterarse de los hechos: “¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?”
Aunque numerosas asociaciones civiles y sociales ya estaban movilizadas en defensa de Maricarmen, sobre todo la Asociación de Inquilinas, la injusticia e indefensión que trasmitía la escena hizo que provocara de inmediato una reacción en cadena con protestas masivas y acampadas en las capitales de todo el país.
Hoguera popular
Sin buscarlo, Maricarmen se había convertido en el símbolo de lo que el llamado “mercado” puede llegar a hacer cuando no hay frenos ni controles sino avaricia, laxitud legal y complicidad política. El estallido de rabia encendió una incontrolable hoguera popular tan extensa y heterogénea que urgió a los representantes de todos los partidos a tomar medidas o a simular con gestos sobreactuados que lo hacían. En pocas horas, el gobierno y algunos grupos parlamentarios, no todos aliados, intentarían convalidar en el Congreso dos decretos con el objetivo de prohibir temporalmente los desahucios y renovar los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzcan hasta fines de 2028, entre otras medidas. Sin embargo, triunfó una vez más el cálculo mezquino, enemigo del diálogo y el acuerdo. Los decretos, con los votos de la derecha y la ultraderecha, fueron rechazados. Y como si esto no resultara ya de por sí demoledor para las expectativas de los que temen perder su techo, los partidarios del no se permitieron festejar con sonrisas y aplausos el resultado. Así las cosas, sin margen de maniobra y con asuntos pendientes que difícilmente puedan ser aprobados en el parlamento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, resolvió anticipar las elecciones generales para el 29 de noviembre. Mientras tanto, la protesta por estos asuntos tan comprensiblemente terrenales sigue su curso con la promesa de una huelga general que se intuye masiva.
El caso de Maricarmen Abascal es idéntico a los cientos que se producen cada año, aunque quizás por sus características ha resultado el paradigma de la incertidumbre y el desamparo en la que viven los inquilinos. Su desalojo se produjo por orden judicial después de cuatro intentos a lo largo de ocho años de litigio. La actual propietaria del piso, Urbagestión, declinó en todo momento cualquier negociación sensata. Rechazó venderlo a la administración nacional y también a un particular que iba a cedérselo a la anciana. Su última oferta fue renovar el contrato de alquiler a cambio de una mensualidad de 2.600 euros, a sabiendas de que Maricarmen cobraba una jubilación de 1.300. Actuaba con la soberbia de saberse protegida por unas reglas con las que los grandes tenedores de vivienda están cambiando la fisonomía de las grandes ciudades como Madrid, comprando edificios enteros con inquilinos dentro y hostigándolos más tarde con el fin de echarlos a la calle.
Los datos son reveladores: entre empresas y particulares con más de diez casas, se cuentan 26.897 grandes propietarios en España. En conjunto acumulan 1.040.955 viviendas. De ese total, las empresas son dueñas de 562.513.
Subas de valores
¿Con quién debe hablar o negociar el inquilino cuando su arrendador es un fondo como Blackstone, el mayor propietario privado del país, con una cartera de 45.700 viviendas, o CaixaBank, con alrededor de 22.000? La respuesta conduce al desaliento: con un ejército de abogados. Esto llevó a que el precio del metro cuadrado aumentara un 65 % en la capital durante los últimos 5 años, ubicándolo hoy cerca de los 5.000 euros promedio y en más de 10.000 en zonas céntricas. O que el alquiler de cualquier piso de un dormitorio en barrios de clase media o media baja no sea inferior a los 1.100 euros. En este descalabro de precios hasta cuesta encontrar una habitación en un departamento compartido. Se llega a pagar entre 500 y 800 euros mensuales más los gastos por los servicios.
Este fenómeno asfixiante que también comparten las capitales europeas, unido al hecho de que España ha alcanzado el récord de 98 millones de turistas al año, hace que la vivienda no sea un lugar para desarrollar una vida o que los barrios tengan una identidad, de convivencia de vecinos y tiendas de pequeños comerciantes, sino un negocio en el que triunfan las estadías breves, más rentables para los propietarios, en un entorno de grandes franquicias de comida rápida y precios exorbitantes para el esparcimiento de un ciudadano común. Aunque algunos dicen que se trata del libre mercado, lo cierto es que estos grupos de grandes tenedores de vivienda han pasado a decidir los precios y, en definitiva, dónde cada persona puede o no vivir, incluso el cómo debe hacerlo. Lo contradictorio y paradójico es que esta crisis, hasta ahora sin control, se haya producido en un periodo de bonanza, cuando la economía española crece por encima de la media europea por quinto año consecutivo y las cifras de empleo marcan récords históricos. ¿Debemos entender que la prosperidad era esto?
Dos Españas
Mientras se espera que la clase política despierte a la realidad, esta historia de despojo también deja al desnudo dos Españas, la que defiende derechos básicos y siente empatía por los vulnerables y la otra que esta resuelta a vivir en el odio y la mentira. Esto último se ha podido comprobar desde que Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre. A partir de entonces, algunos medios y una manada de hienas en las redes sociales comenzaron a difundir noticias falsas o a escarbar en la vida privada de esta mujer. Se escribieron columnas en periódicos nacionales afirmando que había sido reclutada en una selección de actores para representar a una anciana que da pena y así desprestigiar a la oposición en favor del gobierno de Pedro Sánchez, o que en supuestas entrevistas los vecinos la tildaban de “señora antipática y con tendencia a la queja”, o que su debilidad era apostar en el bingo mientras fingía ser una pobre jubilada, como si todo ello, aun siendo verdad, fuera una razón para abandonarla a la intemperie. Con su muerte, lejos de detenerse esta campaña, los mismos difamadores la ahondaron con munición gruesa. “Ahora veamos quién explota mejor electoralmente el cadáver”, decía un medio digital, en tanto otro de “antiguo prestigio” se preguntaba sobre el destino de unos supuestos ahorros de 250.000 euros que Maricarmen habría ocultado (aclaraba que se trataba sólo de una versión) Y por último, la guinda de la infamia la pondría, cómo no, la ultraderecha: el diputado de Vox en el Parlamento Europeo, Herman Tertsch, con grandilocuencia pedía públicamente una autopsia para saber si el presidente del gobierno había enviado a matar a la anciana como estrategia de campaña electoral.
Maricarmen Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón, a unas pocas manzanas del lugar donde había pasado toda una vida. En estos días, gente de todas las edades se reúne frente a su domicilio para homenajearla con mensajes y velas encendidas. Muchos de los asistentes coincidieron en recordar que el deseo final de esta anciana nunca podrá cumplirse, el de morir en su casa.
