Resumen para apurados
- En España, Pedro Sánchez aprobó este martes decretos para regular alquileres tras masivas protestas y de cara a las elecciones, buscando contener la crisis habitacional.
- La medida llega tras el rechazo del Congreso a un plan similar y disturbios en Barcelona. El paquete incluye frenar desahucios y créditos para la primera vivienda.
- Con el Parlamento disuelto hacia los comicios del 29 de noviembre, la reducida Diputación Permanente definirá la validez de normas clave para el clima electoral.
El gobierno de Pedro Sánchez volvió a poner la crisis habitacional en el centro de su agenda con la aprobación de un nuevo paquete de medidas destinadas a contener el aumento de los alquileres, proteger a los inquilinos vulnerables y facilitar el acceso a la primera vivienda.
La decisión se produjo después de un fin de semana marcado por multitudinarias protestas y graves incidentes en Barcelona, en un contexto de fuerte presión política sobre el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos que recuperan buena parte de las iniciativas rechazadas apenas cuatro días antes por el Congreso, en particular por los partidos de derecha. A diferencia de los proyectos anteriores, los nuevos textos incorporan algunas modificaciones, ya que no pueden reproducir de manera idéntica normas que fueron rechazadas por el pleno parlamentario.
Entre las principales medidas figuran la extensión de las protecciones frente a los desahucios de personas vulnerables, la prórroga de determinados contratos de alquiler, límites a algunas subas, medidas contra el fraude en los alquileres temporarios y por habitaciones y herramientas para facilitar la compra de una primera vivienda, consignó el diario "La Nación".
Contra la "especulación inmobiliaria"
La decisión del gobierno español llegó después de varios días de creciente tensión social. Decenas de miles de personas se movilizaron durante el fin de semana en distintas ciudades españolas para reclamar respuestas ante el fuerte aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
Las protestas tomaron como símbolo el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de Madrid amenazada con ser desalojada de la vivienda en la que residía. La situación se convirtió en una expresión del malestar acumulado durante los últimos meses.
A esto se sumaron los disturbios registrados el lunes por la noche en Barcelona, que incrementaron la presión sobre Sánchez apenas un día después de que anunciara la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, explicó el presidente del gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros. “Lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante no han cambiado en estos días”, agregó.
Aprobamos 21 medidas para facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra, crear más oferta, dar estabilidad a la gente y combatir la especulación. Para ello, creamos una lÃnea de financiación de 10.000 millones de euros que dará préstamos de hasta 50.000 ⬠sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 6, 2026
Desahucios, alquileres y vivienda
Uno de los decretos recupera el denominado “escudo social”, que impide el desalojo de personas consideradas vulnerables cuando no existe una alternativa habitacional disponible. Las protecciones se extenderían hasta 2030.
El texto también incorpora medidas para combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que se expandió en los últimos años y que, según el gobierno, en algunos casos es utilizada para evitar las restricciones que rigen sobre los contratos tradicionales.
Además, el Ejecutivo pretende endurecer las condiciones para que los llamados fondos buitre puedan adquirir viviendas y ampliar la definición de ese tipo de inversores.
Para los inquilinos se contemplan bonificaciones fiscales en el impuesto sobre la renta. Según el ejemplo presentado por Sánchez, una persona que pague un alquiler mensual de 800 euros podría obtener una deducción cercana a los 1000 euros anuales.
Los pequeños propietarios que alquilen sus inmuebles a precios considerados asequibles también podrían acceder a rebajas fiscales.
El paquete incluye además préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para quienes compren su primera vivienda. El gobierno prevé destinar 10.000 millones de euros a esa línea de financiación, que será administrada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sánchez aclaró que la iniciativa no estará destinada exclusivamente a los jóvenes. “Es una propuesta para todas las generaciones”, afirmó.
Otro de los ejes es el aumento de la oferta habitacional. Para ello, el Ejecutivo anunció un fondo de 280 millones de euros en avales destinado a fomentar la construcción industrializada, un sistema que permite fabricar partes de los edificios por módulos y luego ensamblarlas en el lugar de la obra.
A esa partida se sumarán otros 400 millones de euros para proveedores de vivienda social. Según el Ministerio de Vivienda, esos fondos podrían contribuir a financiar hasta 30.000 unidades.
La empresa pública Casa47, por su parte, comprará “miles” de viviendas que actualmente pertenecen a la Seguridad Social.
Alquileres y viviendas turísticas
Más incierto es el futuro del segundo decreto. Su principal medida consiste en prorrogar automáticamente los contratos de alquiler una vez finalizados, durante un período equivalente al del contrato original: cinco o siete años, según el tipo de propietario.
Ese punto genera mayores resistencias entre los potenciales aliados parlamentarios del Ejecutivo. Sánchez reconoció que la medida solo entrará en vigor si obtiene el respaldo suficiente en la Diputación Permanente.
El primer decreto también contempla una extensión extraordinaria de dos años para determinados contratos próximos a vencer, manteniendo las condiciones existentes y limitando los aumentos. En la versión anterior, la protección alcanzaba a los contratos que expiraran antes del 31 de diciembre de 2028 y cuyos inquilinos estuvieran al día con los pagos.
El gobierno también pretende elevar al 10% el IVA aplicado a las viviendas turísticas y a los alquileres de corta duración. Sánchez justificó la medida al señalar que deben “tributar como un negocio, que es lo que son”.
La nueva regulación obligaría además a que los avisos de alquiler incluyan información como el índice de referencia de precios, el límite máximo de renta cuando corresponda y si el propietario tiene la consideración legal de gran tenedor.
Parlamento disuelto
La aprobación de las medidas tiene además una particularidad institucional. Con el Parlamento disuelto de cara a las elecciones, los decretos deberán ser tratados por la Diputación Permanente, el órgano que conserva determinadas funciones legislativas durante el período electoral.
Ese cuerpo está integrado por 69 legisladores, frente a los 350 diputados que conforman habitualmente el Congreso.
Alejandro Quiroga, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, consideró que la vía elegida por el Ejecutivo es constitucional, aunque también responde a una necesidad política.
Según el académico, Sánchez tenía pocas alternativas, ya que resultaba difícil convocar elecciones anticipadas con la emergencia habitacional como uno de los ejes de la campaña sin adoptar al mismo tiempo alguna medida para intentar contenerla.
Los nuevos decretos, de todos modos, no pueden ser idénticos a los rechazados la semana pasada. Aunque conservan prácticamente intacto el núcleo de las iniciativas originales, el Ejecutivo introdujo modificaciones para evitar una situación jurídicamente delicada: que una norma rechazada por el pleno del Congreso terminara siendo convalidada pocos días después por un órgano parlamentario más reducido.
