MIAMI, Florida.- Con 51.000 detenciones en un mes, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, según su sigla en inglés) intensificó sus operativos en Florida, Texas y California.
La estrategia federal de sumar los aeropuertos nacionales como nuevo frente de detención, con agentes encubiertos ejecutando entre 20 y 40 arrestos diarios, sumó denuncias por tratos inhumanos y desató la alarma nacional.
Ahora, ya no solo persiguen a personas con órdenes de deportación, sino también a solicitantes de asilo con trámites vigentes, estudiantes y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
En Florida, la cooperación entre agencias locales y federales bajo el programa 287(g) arrojó la captura de 309 personas en Palm Beach durante un solo operativo. La efectividad proclamada por el gobierno estatal contrasta con la conmoción provocada por las detenciones en terminales aéreas.
Casos como los del futbolista argentino Matías Pourrain -arrestado en el aeropuerto de Fort Lauderdale pese a haber ingresado legalmente con una visa y contar con un permiso laboral activo- o la venezolana Claudia Rodríguez -quien denunció que sufrió condiciones “inhumanas” durante ocho días de custodia- reflejan el alcance de las medidas.
Texas se mantiene como el epicentro de la custodia federal. Concentra 26 centros de detención y más de 16.000 personas arrestadas. Allí, la controversia se centra en el severo deterioro del confinamiento.
Senadores y organizaciones civiles denunciaron negligencias médicas en instalaciones como el centro familiar de Dilley, visibilizadas por desgarradores dibujos de niños detenidos que claman por ayuda.
En Houston, el estudiante de 18 años Alim Garipov también fue bajo custodia tras ser abordado en un aeropuerto mientras viajaba para conocer universidades.
Por su parte, en California se intensifica la resistencia social. Activistas y líderes religiosos encabezaron homenajes en San Francisco por los 56 migrantes fallecidos bajo custodia del ICE durante el mandato de Donald Trump, al tiempo que exigen la restitución de visitas presenciales para paliar el impacto psicológico del encierro.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones, que calificó como falsas y sostuvo que los reclusos reciben alimentación adecuada, agua potable, atención médica y acceso a defensa legal.
A pesar de los descargos oficiales, la expansión de los operativos aeroportuarios continúa profundizando el clima de incertidumbre en las comunidades migrantes de todo el país.
