En las últimas semanas se han producido una serie de hechos que nos llevan a reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos en Tucumán. Estamos hablando de la explosión en el edificio de Monteagudo al 100 y de la caída de un chico en una boca de tormenta que no tenía tapa. Ambos acontecimientos (sumados a muchos otros que no trascienden) nos demuestran que la falta de controles es peligrosa, pero que la actitud de muchos ciudadanos es aún más riesgosa, porque en busca de obtener algún provecho ponen en riesgo las vidas de sus conciudadanos.
El edificio de la calle Monteagudo en el que se produjo un estallido que causó una muerte y la evacuación de todos los vecinos arrastra un largo historial de problemas. Ya a principios de siglo, cuando se construyó, aparecieron las polémicas: se habían hecho más pisos que los que establecía el plano que había sido aprobado. Por ese y otros motivos, nunca se le otorgó el final de obra. Sin embargo, fue habitado por decenas de personas que ocuparon sus departamentos. Los años pasaron y las irregularidades se mantuvieron. Durante dos décadas, sus habitantes vivieron allí en condiciones que no eran las ideales. Y nadie hizo nada al respecto. Hasta que ocurrió una tragedia.
El problema es aún más grave, porque no se limita a un consorcio. Luego de la explosión muchos empezaron a preguntarse: ¿qué pasa en otros edificios de la ciudad? Y la respuesta fue inquietante: las irregularidades se repiten en diversos lugares. Parece que recién ahora, con una muerte a cuestas, nos detenemos a pensar en ello.
Si bien se trata de un problema diferente, la caída del niño en el pozo de Villa Luján nos revela otro episodio de desidia. Todo indica que la tapa de aquella boca había sido robada por vándalos que lucran con su venta. Es decir, hay gente que recorre la ciudad robando estos elementos y dejando al descubierto trampas que ponen en riesgo a los vecinos. El tema es que detrás de ellos hay una cadena comercial que se beneficia de este delito, lo cual es dramático.
Los familiares y vecinos del chico accidentado denunciaron que ya se habían hecho reclamos para que el pozo fuera tapado, pero que nunca recibieron respuestas. La nueva tapa apareció después de que se se hiciera público el accidente del niño que terminó internado en el hospital de Niños.
Si analizamos ambos casos nos encontramos con un problema complejo: individuos que se saltan las normas, que piensan en su propio lucro en perjuicio de sus conciudadanos mientras que por otro lado aparece un Estado cuyos controles preventivos lucen insuficientes. Si en Tucumán existen edificios que son habitados por decenas de familias a pesar de no contar con los certificados de final de obra quiere decir que hay empresarios que hacen lo que quieren sin importar lo que digan las normas mientras que al mismo tiempo, las autoridades lucen imponentes o negligentes a la hora de controlar y sancionar. Algo similar ocurre con el robo de las tapas de las bocas de tormenta.
Creemos que ha llegado la hora de sentarse a analizar con seriedad qué tipo de comunidad estamos construyendo. Y esta es una responsabilidad de todos: políticos, funcionarios, concejales, empresarios, inversores y vecinos. Si estas situaciones no nos sirven como alertas para generar un cambio, el panorama se vuelve sombrío.
