La Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de renegociación de pago con holdouts
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo cosechó 139 votos positivos y 97 negativos. Se trata de un acuerdo por 171 millones de dólares con dos grupos acreedores que no habían ingresado en canjes anteriores. Fuerte discusión entre LLA y UP por la gestión de la deuda.
Resumen para apurados
- Diputados debate este miércoles en el Congreso el acuerdo de pago a holdouts enviado por el Ejecutivo para cerrar litigios por 171 millones de dólares y evitar nuevos embargos.
- El proyecto, con media sanción, salda demandas iniciadas en 2001 por dos fondos que no entraron a canjes previos. Contempla una quita superior al 30% y exime el pago de honorarios.
- La aprobación evitará embargos y cerrará litigios históricos, aunque la oposición cuestiona el trato preferencial a estos fondos y el impacto en el endeudamiento futuro.
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a avanzar con un acuerdo de pago por 171 millones de dólares con dos grupos de acreedores que permanecían fuera de los canjes de deuda realizados por Argentina en las últimas décadas.
La iniciativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, fue respaldada por 139 votos afirmativos y 97 negativos. De esta manera, el país cumplió con el plazo establecido para el 30 de junio y evitó que se reactivaran procesos judiciales y pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior.
Qué establece el acuerdo con los holdouts
El proyecto aprobado contempla la validación de acuerdos de conciliación alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que habían iniciado demandas contra Argentina tras el default de 2001.
Según lo establecido, el Estado argentino abonará:
67 millones de dólares a Bainbridge Ltd.
104 millones de dólares al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP.
El pago se realizará de manera simultánea con la entrega de los bonos involucrados para su cancelación definitiva, lo que permitirá extinguir los reclamos judiciales pendientes.
Además, el acuerdo establece que los honorarios de los abogados correrán exclusivamente por cuenta de los acreedores y no serán asumidos por el Estado nacional.
El Gobierno destacó una quita superior al 30%
Entre los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo sostuvo que el acuerdo permitirá poner fin a los litigios que aún pesan sobre la Argentina y reducir significativamente el costo potencial de futuras ejecuciones judiciales.
Según explicó el Gobierno, la negociación alcanzó una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas por los acreedores y evita el pago de intereses punitorios previstos por la legislación de Nueva York.
También se destacó que los acreedores se comprometen a desistir de nuevas acciones legales vinculadas a estos títulos.
Fuerte cruce entre oficialismo y oposición
El debate estuvo marcado por intensos cruces entre los legisladores de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores.
El diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, defendió la iniciativa y aseguró que representa una oportunidad para cerrar un conflicto que lleva más de dos décadas.
“Tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”, afirmó.
Además, sostuvo que si el Congreso no aprobaba el acuerdo antes del 30 de junio, las negociaciones caerían y se reactivarían los litigios internacionales contra el país.
Unión por la Patria cuestionó el pago a fondos buitre
Desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman rechazó el proyecto y acusó al Gobierno de favorecer a fondos especulativos.
“Lo que se está discutiendo acá es pagarles a fondos buitre”, afirmó durante su intervención.
El legislador consideró que la estrategia oficial busca reducir el riesgo país para facilitar un nuevo ciclo de endeudamiento externo y cuestionó el tratamiento preferencial otorgado a estos acreedores.
En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá calificó la deuda como “ilegítima” y sostuvo que los recursos destinados al acuerdo podrían utilizarse para atender necesidades sociales urgentes.
Pichetto cuestionó la falta de previsión presupuestaria
Por su parte, el diputado Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, criticó el proyecto por no incluir una asignación presupuestaria específica para afrontar el pago.
Según argumentó, la iniciativa no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Administración Financiera respecto de la identificación de las partidas necesarias para cubrir el gasto.
Además, cuestionó la evolución del endeudamiento externo durante la actual gestión.
Argentina busca cerrar un conflicto que se arrastra desde 2001
Con la sanción definitiva de la ley, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos litigios derivados del default de 2001 y evitar nuevas acciones judiciales contra el país.
La administración nacional sostiene que el acuerdo permitirá reducir costos futuros, eliminar riesgos de embargo y mejorar la posición financiera de Argentina en los mercados internacionales.
Sin embargo, la oposición cuestiona la legitimidad de la deuda y advierte sobre el impacto que este tipo de acuerdos pueden tener en la política de endeudamiento del país.
