Resumen para apurados
- El ex fiscal Carlos Albaca quedó como el único detenido por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, tras otorgarse la libertad condicional a Eduardo Di Lella.
- Tras 20 años de causa, Albaca cumple prisión domiciliaria mientras la Corte Suprema de la Nación revisa su condena por irregularidades en la investigación del asesinato de Lebbos.
- La situación de Albaca representa el último eslabón judicial de funcionarios condenados. Su futuro procesal determinará el cierre de uno de los casos más emblemáticos de impunidad.
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Con la decisión de la Justicia de otorgar la libertad condicional a Eduardo Di Lella, el tablero judicial del caso Lebbos se presenta cada vez más vacío: el exsecretario de Seguridad se suma así a la lista de funcionarios que ya recuperaron su libertad, dejando al ex fiscal Carlos Albaca como el único condenado que permanece detenido por el entramado de encubrimiento que asfixió la causa durante casi dos décadas. Albaca, quien tuvo a su cargo la investigación durante siete años de inacción y desvíos, cumple actualmente una condena de seis años de prisión dictada en diciembre de 2021, la cual se hizo efectiva recién en mayo de 2023 tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Hoy, mientras su situación se dirime en la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso de queja presentado por el defensor Macario Santamarina, el ex fiscal atraviesa su detención bajo el régimen de prisión domiciliaria, otorgado en noviembre de 2024.
La salida de Di Lella de su domicilio bajo tutela de un dispositivo GPS cierra un ciclo para los protagonistas del histórico juicio de 2019. En aquel proceso, la cúpula de seguridad del ex gobernador José Alperovich, fue sentenciada por maniobras deliberadas para proteger a los responsables del crimen de Paulina, incluyendo la falsificación de actas y la preservación negligente de la escena donde fue hallado el cuerpo en Tapia y el encubrimiento. Con el beneficio otorgado ahora por la jueza Ana María Iácono, Di Lella se une a Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, Rubén Brito y Waldino Rodríguez, completando así la liberación de todos los condenados en ese tramo de la causa. Antes ya habían recuperado su libertad Enrique García, ex jefe de la comisaría de Raco, y sus subordinados Manuel Yapura y Roberto Lencina.
El dato que resuena con fuerza en los pasillos de tribunales es que Di Lella, pese a la gravedad institucional de su accionar como máximo responsable de la seguridad provincial en 2006, jamás pisó una unidad penitenciaria común, cumpliendo la totalidad de su tiempo de reclusión en su hogar por razones de salud. El fundamento de esta última resolución se ancló en informes del Servicio Penitenciario y pericias psiquiátricas que dieron cuenta de un cuadro de "graves síntomas" en la salud mental del exfuncionario.
Este argumento técnico fue el que permitió a la jueza Iácono inclinar la balanza a favor del condenado, basándose en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, considerando que el deterioro psíquico y el cumplimiento de las etapas del régimen progresivo habilitaban la libertad condicional. De nada sirvió la resistencia en el Ministerio Público Fiscal, representado por Gonzalo García, y en la querella de Emilio Mrad, quienes remarcaron que el beneficio resulta excesivo para quien nunca reconoció su culpabilidad ni mostró arrepentimiento ante la familia de la víctima. La jueza determinó según la ley.
El caso Lebbos ha transitado por diversos juicios que intentaron desentrañar tanto el homicidio como la red de protección oficial. Desde las primeras condenas por el hallazgo del cuerpo hasta el juicio a la cúpula policial, la justicia tucumana ha ido desarmando la estructura de mentiras que Albaca, desde su fiscalía, ayudó a consolidar por omisión y acción.
Mientras Di Lella recupera el derecho a circular con restricciones -como la prohibición de acercarse a la familia Lebbos y la obligación de continuar su tratamiento psiquiátrico-, la mirada se vuelve inevitablemente hacia la figura del ex fiscal, cuya condena por encubrimiento agravado representa el último eslabón de responsabilidad estatal que aún permanece bajo el control estricto del sistema de ejecución penal. La situación de Carlos Albaca es hoy el último vestigio de castigo efectivo. No obstante, su paso a la prisión domiciliaria a finales de 2024 y la actual instancia de queja ante la Corte Nacional mantienen el caso en un estado de vigilia jurídica permanente. Al igual que en el caso de Di Lella, la defensa mostró certificados que demostraban que Albaca sufrió distintos problemas de salud, y finalmente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Para Alberto Lebbos, quien ha sostenido una lucha por casi 20 años, la libertad de Di Lella y el encierro domiciliario de Albaca son recordatorios de una justicia que, aunque llega, lo hace con matices de privilegio que el sentido común ciudadano difícilmente logra digerir.
Con Di Lella libre y el resto de la cúpula policial en la misma condición, la causa Lebbos entra en una etapa de otros tipo de definiciones. Mañana se sabrá si hay suficientes pruebas para condenar a César Soto como autor del crimen, y qué pasará finalmente con Sergio Kaleñuk, pero quien la fiscalía desistió de la acusación.
