Fuero penal.
La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal investiga a tres policías -un cabo y dos agentes transitorios, una de ellas femenina- acusados del delito de concusión durante un procedimiento ocurrido el 11 de mayo de 2025 en perjuicio de un chofer de una aplicación y de la administración pública.
Los imputados deberán cumplir con la prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses.
El auxiliar de fiscal Federico Lizarraga expuso las evidencias reunidas en la causa. Entre ellas se encuentran la geolocalización del móvil policial, ubicado en la zona del Parque Guillermina, y una grabación de seguridad activada por el propio conductor en la aplicación que utilizaba al momento del hecho.
En ese material se registran expresiones atribuidas al personal policial dirigidas a la víctima, quien se encontraba junto a su pasajero. “¡Vos sabés que están presos los dos si yo quiero! ¡La hagamos cortita, con qué van a colaborar! ¡Yo tengo todos los datos tuyos, sabemos dónde vivís!”, se escucha en el audio.
Según explicó Lizarraga, estas manifestaciones “resultan relevantes por cuanto vinculan directamente la posibilidad de evitar la detención con una colaboración económica, evidenciando el abuso de la función policial”.
El representante del Ministerio Fiscal también señaló que existen circunstancias que permiten inferir un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, remarcó que los imputados continúan siendo funcionarios policiales en actividad pertenecientes a la misma institución desde la cual se originó el procedimiento investigado, lo que podría facilitar la influencia sobre testigos, el acceso a documentación administrativa o algún tipo de presión sobre la víctima.
Por ese motivo se solicitaron medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses, entre ellas la prohibición de acercamiento al damnificado y a su domicilio, planteo que fue aceptado por el magistrado.
Abuso de poder
De acuerdo con la acusación, el 11 de mayo de 2025, alrededor de las 21.20, en inmediaciones de avenida Alfredo Guzmán, en el margen del Canal Sur de la capital, los tres policías, asignados al móvil oficial TUC 0721, interceptaron a un hombre que circulaba en motocicleta prestando servicio mediante la aplicación Uber Moto.
Los efectivos le ordenaron dirigirse junto a su pasajero hacia el interior del Parque Guillermina, a un sector con escasa iluminación y sin presencia de terceros. Una vez allí, siempre según la investigación, lo intimidaron reiteradamente sin formalizar procedimiento alguno ni disponer una detención legal.
Durante el episodio le manifestaron que ambos podían “ir presos” y que ellos tenían sus datos y sabían dónde vivía. Finalmente le dijeron: “Fijate, la hagamos cortita, con qué vas a colaborar… te damos una mano, sino vas a ir preso”, vinculando de manera directa la posibilidad de evitar la detención con una “colaboración” económica, de acuerdo con la causa.
Luego revisaron su persona y sus pertenencias y, en ese contexto, se apoderaron de aproximadamente $200.000 que el conductor llevaba en su billetera. Según la acusación, el dinero fue exigido como condición para no concretar la amenaza de detención y para justificar el procedimiento.
Tras ello, le devolvieron la documentación personal, lo obligaron a retirarse del lugar y cubrieron la identificación dominial del móvil policial.
