Martín Viola deberá presentarse nuevamente en el Juzgado Federal el 25 de marzo.
La audiencia de conciliación fijada en la causa que tiene como imputado al secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, fue suspendida y reprogramada para el 25 de marzo, luego de que el denunciante, que vive en Metán, Salta, no pudiera comparecer por encontrarse fuera de la provincia, según consta en el acta labrada por el Ministerio Público Fiscal en San Miguel de Tucumán.
El trámite se inscribe en la investigación penal que tiene como acusado a Viola, quien deberá igualmente afrontar una declaración indagatoria ante la Justicia Federal en el marco de una causa por presunto uso ilegítimo del Documento Nacional de Identidad de un tercero, según denunció Julián Echazú Toneatti. La reprogramación de la audiencia de conciliación no altera, por el momento, el estado central del expediente, que continúa avanzando bajo la órbita del juzgado federal interviniente.
De acuerdo al acta oficial, la audiencia se desarrolló hoy en el Ministerio Público Fiscal, con la presencia del fiscal general subrogante Rafael Vehils Ruiz, funcionarios de la Fiscalía Federal N°2, el imputado junto a su defensora técnica, Celeste Salas y la abogada apoderada del denunciante, Stella Belén Salas. Sin embargo, ante la incomparecencia de la víctima, se dispuso la suspensión del acto y la fijación de una nueva fecha, quedando todas las partes debidamente notificadas.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada en agosto de 2025 por Echazú Toneatti, quien advirtió que su identidad había sido utilizada sin autorización para crear una cuenta digital desde la cual se publicaron comentarios injuriantes contra un funcionario municipal de la Capital, el subsecretario de Gobierno Alejandro Sangenis. El denunciante explicó que había extraviado su DNI meses antes y que tomó conocimiento de la maniobra cuando fue consultado por publicaciones que él nunca realizó.
A partir de esa presentación, la investigación fue impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, quien ordenó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir el recorrido digital de la cuenta cuestionada. Los informes técnicos permitieron determinar la fecha de creación, la posterior modificación de los datos personales y, especialmente, la forma de pago de la suscripción asociada.
Uno de los elementos centrales del expediente fue la identificación de la tarjeta de crédito utilizada para abonar el plan digital, cuyo titular resultó ser el propio Viola. Para la Fiscalía, este dato permitió vincular de manera directa al imputado con la operatoria investigada, en un contexto que se vio reforzado por otros indicios reunidos a lo largo de la instrucción.
La investigación también incorporó informes de organismos nacionales que revelaron que el imputado y el denunciante residían en el mismo edificio, circunstancia que el Ministerio Público Fiscal consideró relevante para explicar el acceso al documento extraviado. Si bien no fue posible identificar de manera concluyente al usuario de la dirección IP utilizada -por tratarse de un sistema dinámico-, el fiscal valoró el conjunto de pruebas como suficientes para sostener la imputación.
En su dictamen, Chit encuadró la conducta atribuida a Viola en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, al entender que el DNI fue utilizado para producir efectos jurídicos concretos, como la creación de una cuenta paga y la realización de publicaciones bajo una identidad ajena. En ese marco, solicitó la citación a declaración indagatoria, pedido que fue acogido por el juez federal Guillermo Díaz Martínez. Viola había sido citado a declarar, pero la fecha que se había puesto en la citación decía “2 de marzo de 2025”, por lo que además debía ser corregida y notificada nuevamente.
En paralelo a la audiencia de conciliación ahora reprogramada, la parte denunciante ya dejó asentado en el expediente su rechazo expreso a cualquier salida alternativa y su voluntad de que la causa avance hasta el esclarecimiento pleno de los hechos. Ese posicionamiento refuerza el escenario de un proceso que, más allá de la suspensión del acto conciliatorio, sigue su curso hacia las instancias centrales del trámite penal, con la indagatoria del imputado como próximo hito relevante.
Viola, por su parte, acercó documentación que según él, probaría que se utilizaron los datos de su tarjeta de crédito para realizar la suscripción, sin que él estuviera al tanto de esto.
