El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Con la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas que el Congreso aprobó fue la de terminar con la investigación tributaria sobre los pequeños contribuyentes, actualizando antiguos montos que habían quedado absorbidos por la inflación y modificando de tal modo las finanzas del ciudadano. Esto supone una modificación en materia de recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la que el Gobierno busca que la entidad deje de perseguir a contribuyentes por deudas insignificantes, concentrándose solamente en los grandes evasores fiscales.

En un contexto clave en que la clase media y las PyMEs buscaban un alivio ante la presión de un sistema que penalizaba inflexiblemente errores administrativos, la iniciativa permite el uso de ahorros hasta un límite de $100 millones sin sanciones fiscales, dentro de lo establecido por la reglamentación y controles.

Bajo el nuevo esquema, el Estado asume que todo lo que el contribuyente declara es verdadero y exacto desde el momento de la presentación. Anteriormente ARCA solía operar bajo la lógica de fiscalización preventiva, siendo ahora una declaración considerada “de buena fe” a menos que el fisco demuestre lo contrario a través de auditoría.

Esto brinda una seguridad jurídica en donde el contribuyente tiene la certeza de que su situación está en regla inicialmente, facilitando la planificación financiera, además de permitir rapidez en procesos como la devolución de saldos a favor o la obtención de certificados de crédito fiscal.

Nuevos umbrales tributarios

La reforma eleva los montos mínimos a partir de los cuales se activa el delito, siendo figuras penales como: evasión simple (por impuesto y ejercicio) de $1,5 millón a $100 millones ahora. La evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones actuales. La evasión agravada o supuestos especiales de $2 millones a $200 millones. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales de $1,5 millón a $100 millones. Simulación de cancelación tributaria de $500.000 a $20 millones y la asociación ilícita fiscal de $100.000 a $3,5 millones.

Puntos claves de este cambio:

- De culpable a inocente: por tradición, la ex AFIP, hoy ARCA, funcionaba con la lógica de sospechar al contribuyente, quien debía demostrar pruebas de sus movimientos. Con la nueva ley se establece la presunción de inocencia y exactitud.

- Responsabilidad del Estado y no del ciudadano: antes, el fisco podía bloquear operaciones y emitir ajustes basados en sus presunciones. Ahora, para iniciar un proceso en contra de un contribuyente que presentó todo en regla, ARCA es la que debe presentar las pruebas de las presuntas inconsistencias, demostrar que el error es relevante y justificar técnicamente sus sospechas antes de actuar.

- Protección al contribuyente del fisco: se blindan las declaraciones presentadas por el contribuyente en tiempo y forma y se le quita el poder arbitrario de criterio subjetivo al inspector fiscal. Si el contribuyente cumplió con las fechas y formatos, entonces su declaración poseerá un escudo de veracidad que sólo puede romperse con una auditoría.

- Se elimina la duda sobre el contribuyente: uno de los grandes problemas del sistema anterior era una gran cantidad de juicios del Estado a los privados por criterios interpretativos. El nuevo régimen le da seguridad jurídica al contribuyente, ya que no deberá temer ser sancionado por interpretaciones caprichosas. En cuanto al Estado, esto le permite ahorrar en recursos al enfocarse solo en casos donde hay pruebas reales de evasión, en lugar de perseguir por errores menores a contribuyentes.

- Requisito la “buena fe” del ciudadano: este beneficio resulta el premio al cumplimiento. Es decir, la presunción de exactitud solo protege a quienes son transparentes y puntuales. Si un contribuyente no presenta a término o presenta errores técnicos evidentes, pierde el beneficio y queda sujeto a las verificaciones tradicionales del organismo.