Personajes de historieta

El jueves por la mañana empecé a caminar a las apuradas desde barrio sur hasta Mendoza al 600 donde se aloja la Redacción de LA GACETA. En la actualidad ya no se camina solo y menos aún mirando al horizonte. La mirada está fija en el celular que contiene más mensajes de los que corresponde.

Los chats más activos de ese recorrido matutino se produjeron con una funcionaria que entra y sale de la Casa de Gobierno y con un abogado cuyo razonamiento ácido y su defensa de causas indefendibles suelen servir para entender el otro lado de la biblioteca.

Sin saber uno del otro, curiosamente estos dos se habían inmerso en una discusión sobre la libertad. Como ocurre siempre, mi discapacidad para chatear y caminar al mismo tiempo hizo que se mezclaran la jueza Makintach y sus atributos físicos, conceptos que defendía el abogado con la belleza física de la mujer que sirvió de modelo a Lola Mora para representar la imagen de la Libertad en el imaginario de los tucumanos. De repente, el debate derivó en la historieta de Joaquín Lavado cuyo personaje de Libertad es una obra de arte más de su genialidad. “Mafalda es una obra de vanguardia desde hace décadas sólo porque la Argentina sigue en busca de su futuro caminando hacia atrás”. Semejante reflexión hizo detener mi marcha.

El chat triangulado entre la funcionaria y el abogado ayudaba a entender por qué la provincia se había detenido en un audio que hacía varias horas circulaba por la vida pública tucumana.

En esa grabación, se escucha al intendente Luis Campos y al constructor Roque “Pichi” Giménez dialogar y convenir que un intendente “maneja la droga, la policía y hasta el crimen”, lo cual ha provocado un natural revulsivo en la adormecida conciencia ciudadana.

Ha puesto sobre el tapete demasiadas cosas juntas, entre ellas el daño que ha provocado la proliferación de dinastías familiares en los municipios tucumanos, en muchos de los cuales los clanes familiares se suceden a sí mismos desde hace décadas, con la anuencia del poder de quien se lo presta cada cuatro años. Vía acople, claro.

No cabe duda de que esta carencia de renovación (propio de todos los ámbitos de la vida pública tucumana) favorece la creación de un clima propicio para la corrupción institucional. El problema es que ya no se trata del pago de sobreprecios en compras y contrataciones, sino de un peligroso delito que pareciera avanzar sin descanso sobre las instancias de gobierno.

En el audio de marras Giménez le dice al intendente Campos que renuncie y que lo haga intendente a él. Claro es tal el enojo que trasunta la discusión que nadie podría explicarle que la democracia tiene sus sistemas. Pero tal vez esté acostumbrado a que eso no importa. Giménez además sugiere que un funcionario homónimo al intendente está en la oficina consumiendo sustancias ilegales aparente y repetidamente. Giménez, devenido empresario, sería también alguien que pasó por los Tribunales con denuncias de violencia, y al mismo tiempo tuvo la suerte de encontrarse con algunas obras públicas que encaró el municipio de Alberdi.

Antecedentes tranquilizadores

De todos modos nadie debería preocuparse mucho por estas voces que pasaron de celular en celular. Ya los tucumanos tienen experiencia al respecto y aquellos audios que se descubren y dejan al descubierto a un funcionario en algún ilícito terminan siendo premiados. Por eso tal vez Luis Campos podría imaginar un futuro estelar y prolífico. Podría soñar con ser el próximo diputado, gobernador y hasta ilusionarse con llegar a la Corte de Justicia.

Sin embargo, Campos, apenas se viralizó el audio, calló. Varias horas después salió a decir que estaba fuerte, incluso dijo eso después de haberse reunido con el ministro del Interior, Darío Monteros. Seguramente, el ex intendente de Banda del Río Salí debe haber aprovechado las circunstancias para reconvenir al titular del municipio de Alberdi y explicarle que no está en sus funciones manejar la droga, el crimen ni mucho menos la policía. La Constitución de la Provincia lo dice, pero están tan obsesionados todos los intendentes con las cámaras y la policía de las ciudades que tal vez se haya generado alguna confusión. Máxime si la población reclama tanta seguridad en los últimos lustros.

Pobre Campos, es comprensible su aturdimiento, porque horas antes de reunirse con el ministro del Interior, el gobernador de la provincia había advertido que no le temblaría el pulso para intervenir el municipio. No obstante, resaltó la necesidad de conocer la verosimilitud de los audios.

Está claro que el mandatario provincial aprendió de la experiencia tucumana porque en realidad aún cuando la voz pueda ser clarísima y se denuncie la peor aberración y toda la comunidad tucumana esté segura de quién habla, hay jueces dispuestos a hacer oídos sordos y vocales de la Corte que no tienen empacho de reconocer méritos a quien promueve delitos. De paso, puede venir bien destituir a algún juez que pone el caso sobre la mesa -de un bar- de entradas en la Justicia.

Mientras el titular del Poder Ejecutivo y el ministro del Interior analizan la situación y quedan expectantes de la verosimilitud del audio -no de los hechos que vienen denunciándose-, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inició una investigación. Se trata del mismo magistrado que tiene en su despacho la causa que pidió investigar la Procelac sobre el manejo de fondos públicos de intendentes en épocas electorales. Casos de corrupción y droga tucumanas descansan sobre su despacho.

Al mismo tiempo, el jefe de Policía Joaquín Girvau ha mandado a analizar el audio. Debería apurarse porque en el tiempo que el titular de la fuerza mandó la grabación proliferaron videos que se viralizan a una velocidad inusitada donde se muestra a dirigentes gremiales hablando del manejo de la cocaína en Alberdi y de discusiones de vecinos con policías sobre el tema. Si se siguen sumando este tipo de cosas, las autoridades del Ejecutivo nunca van a poder tomar decisiones y seguirán engrosando las cuestiones por estudiar.

Advertencias preocupantes

Desgraciadamente, en las reuniones ampliadas de gabinete nunca se pusieron temas como este sobre la mesa. Sin embargo, ninguno podría decir que nada sabía. En más de una sesión legislativa el legislador radical José Cano advirtió sobre la existencia de funcionarios de Alberdi detenidos en otras provincias y sobre cómo la droga era un tema recurrente que afectaba a políticos de la zona. Obviamente, que la palabra de la oposición suele ser ninguneada porque siempre se la ve con intenciones aviesas, jamás es vista como un aporte. Y, antes de darle réditos a un opositor, mejor es la muerte. Como si lo que importara es ganar a cualquier costo y no trabajar para la comunidad.

Después de estos episodios los funcionarios tal vez debieran afinar los oídos. Así evitarían poner entre las cuerdas al mismísimo titular del Ejecutivo, a quien ahora cada minuto que pasa sin intervenir o reconvenir o apoyar a Campos, le pesa como un yunque. Hasta la intervención de la comuna de El Mollar se convierte en un bumerán ante este caso surgido en el pueblo cuyo nombre fue puesto en honor del gran pensador tucumano. Debe ser difícil encontrar bases y puntos de partida en escenarios como este.

Dos preguntas quedaron flotando este viernes: ¿con qué grado de severidad reaccionarán las autoridades de los tres poderes ante este grave hecho? ¿Hasta dónde es privativo de ese municipio y no acontece en otros lares?

Si el Estado provincial -sus tres poderes- no intervienen con rapidez y eficacia en la adecuada aclaración de la denuncia, se habrá dado un estremecedor paso hacia naturalizar la interacción del narcotráfico con autoridades y funcionarios.

La necesidad de este esclarecimiento se agranda ante la oportunidad del proceso electoral que se avecina, situaciones en las que el debate político asoma tibiamente la cabeza por sobre el fárrago clientelar y de propaganda política vacía.

La baja asistencia a votar en los distintos comicios que se vienen realizando es una pauta indiscutible del hartazgo y el rechazo de la sociedad hacia la actividad política cada vez más pobre que presenciamos.

El último estudio que la consultora Isasi/Burdman hizo sobre Tucumán dice que el 67% de los tucumanos está de acuerdo con eliminar los acoples y que los principales problemas de la provincia son la pobreza (24%), la inseguridad (21%) y la corrupción (17,5%). Dos puestos más abajo está el tema del narcotráfico (9%).

Tucumán tiene advertencias de que hay rumbos a corregir; no todo puede estar en función de los proyectos políticos porque al fin y al cabo tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Tal vez sería bueno que el senador Juan Manzur venga más seguido a la provincia y a los municipios y aporte su experiencia a las gestiones como lo hizo al principio de semana para ayudar a “Rossanita”. Los gestos y las actuaciones no alcanzan. Sólo sirven para pasar mensajes internos.

Reviso los chats de la charla-caminata. Parecen reveladores: seguimos buscando el futuro mirando hacia atrás como si todos fuéramos personajes de historieta y no de la vida real. Tal vez por eso a Campos ni se le ocurrió que podía renunciar y a nadie se le pasó por la cabeza darle ese sano consejo.