En Salta, buscan modificar la ley de pirotecnia sonora para que Salud Pública recupere gastos médicos por uso negligente.
A casi tres años de la sanción de la Ley provincial N° 8340, que prohíbe el uso y comercialización de pirotecnia sonora en Salta, el Senado provincial comenzó a analizar un proyecto de ley que propone modificar la normativa para incorporar un nuevo artículo destinado a la prevención y reparación de daños derivados del uso indebido de estos elementos.
La iniciativa plantea la inclusión de un artículo 5 bis, que facultaría al Ministerio de Salud Pública a recuperar los costos de atención médica, medicamentos, prótesis y tratamientos otorgados a personas que resulten lesionadas por el uso negligente de pirotecnia y que sean atendidas en hospitales públicos. Además, el proyecto propone que todas las instituciones educativas de nivel primario y secundario, tanto públicas como privadas, incluyan módulos de sensibilización sobre los riesgos del uso de pirotecnia, haciendo hincapié en el impacto sobre personas con trastornos del espectro autista (TEA), adultos mayores y animales.
La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, presidida por el senador Javier Mónico, recibió para el tratamiento del proyecto a representantes de las organizaciones "Padres TEA" y "Fundación Te Amo Como Sos". Durante la reunión, Luis González destacó que la propuesta permite fortalecer políticas públicas para sensibilizar a la sociedad: “Se batalla contra el desconocimiento para lograr empatía. Más allá de la inclusión, se trata de convivencia”, afirmó. Junto a Carlos Ovejero, resaltó el crecimiento de los diagnósticos de TEA en el país, señalando que actualmente se registra una persona diagnosticada cada 31 habitantes, superando la media nacional en provincias como Salta, Jujuy y La Rioja.
Mónico remarcó que el proyecto no solo busca que quienes hagan un uso irresponsable de la pirotecnia asuman los costos de su atención médica, sino también fomentar la concientización escolar sobre el autismo. Durante el encuentro, también se abordó la preocupación de las organizaciones por el impacto de las recientes auditorías de pensiones por discapacidad ordenadas a nivel nacional, las cuales generan demoras, dificultades administrativas y complicaciones para los beneficiarios del interior.






