02 Febrero 2025
DÍA HISTÓRICO. El 11 de noviembre de 1951 se hacía efectivo el voto de las mujeres en el país.
El histórico debate sobre la igualdad de género en la política parece no resolverse con el paso del tiempo. El presidente Javier Milei propone, ahora, tratar una iniciativa que de por tierra con todas las leyes que establezcan algún tipo de cupo para la conformación de listas de cargos electivos. La idea es parte de una avanzada más amplia en la que se incluye la eliminación de cualquier otro cupo para la cobertura de cargos en el Estado, la desaparición del DNI no binario, la derogación de la ley Micaela y de la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. La mirada oficial es que se trata de privilegios que responden a una ideología que debe ser eliminada.
La discusión sobre la participación de las mujeres en la política lleva más de un siglo en el país. No es exclusiva de la Argentina, pero tiene ribetes locales que vale la pena repasar. El voto universal y obligatorio comenzó a regir en 1914, por la ley Sáenz Peña, pero recién en 1951 se permitió el sufragio del sexo femenino. Hasta 1991, fueron pocas las mujeres que llegaron a ocupar lugares determinantes en las listas tanto en los poderes ejecutivos como legislativos. Ese año, se aprobó la denominada ley de cupos, que impuso el 30 por ciento de las boletas para cargos legislativos debían ser conformadas por mujeres. En 2017, el Congreso de la Nación sancionó la ley de paridad que fijó que las boletas debían incluir igual cantidad de mujeres que de varones. Todo este proceso nacional, también se extendió a las provincias que fueron incorporando normas para la representación política femenina, aunque con distinto alcance.
Tucumán aprobó en 1996, cuatro años después que rigiera el cupo femenino para cargos nacionales, una ley que fijó que las listas de candidatos debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los cargos a elegir en cada comicio. Hasta el momento, la Legislatura nunca consideró la posibilidad de adherir a la ley de paridad de género como sí lo hicieron otras provincias incluyendo a Santiago del Estero, Catamarca y Salta. El cupo femenino, sin embargo, chocó desde siempre con el régimen electoral. Primero la ley de lemas y luego los acoples impidieron el objetivo final de la norma: que las mujeres lleguen a ocupar, efectivamente, las bancas en disputa. En la gran mayoría de los casos, y durante las últimas tres décadas, terminaron alcanzando los cuerpos deliberativos quienes encabezaban las nóminas y la mayoría de ellos siempre fueron varones. En la actual composición de la Legislatura, hay solo 11 mujeres sobre un total de 49 bancas. La proporción se repite en casi todos los concejos deliberantes de la provincia.
Voces cruzadas
En la discusión histórica sobre los cupos femeninos en la política hay raíces que exceden al mero reparto de cargos electorales. El feminismo planteó la idea de que las mujeres venían a incorporar a la vida pública una mirada distinta a la del machismo tradicional para enriquecer la construcción colectiva con otros valores y sentimientos. Ese mismo pensamiento, sostiene que aún en la paridad de cargos no se estaría alcanzando la igualdad. Solo se lograría cuando las instituciones incluyeran en su agenda aquellos asuntos políticos realmente femeninos y democráticos.
La propuesta del gobierno de Milei se justifica en sostener que el acceso a cualquier cargo público debe hacerse solo a través del requisito de la idoneidad. El voto ciudadano, según la explicación oficial, será el único que determine quien llega a ocupar una banca de legislador o concejal. “La Argentina no admite prerrogativas: todos sus habitantes son iguales ante la ley”, expresa la Constitución y lo repiten los voceros oficiales para justificar su proyecto. Enfrente, se suman argumentos históricos que muestran cómo las mujeres fueron y son postergadas en el reparto del poder. Aparecen argumentos jurídicos por la igualdad. Casi todo el arco político, anticipa rechazos y tensiones con el tema que se suma a la agenda pública. Nadie se anima a predecir cuál será el resultado de este nuevo frente de la “batalla cultural”.
Punto de vista I
Soledad Deza: “Sin igualdad, no hay libertad”
Los compromisos argentinos con la igualdad de género tienen raigambre convencional y constitucional, tanto en el ámbito nacional como provincial. Las acciones afirmativas para la igualdad de género, también llamadas “cupo” o “cuotas” en América Latina, buscan garantizar la presencia de mujeres en la vida de la comunidad. Son necesarias porque históricamente “la división público/privado”, construida a partir de los roles de género y la división sexual del trabajo, confinó a las mujeres a espacios domésticos, y las alejó de las decisiones públicas.
Con el colectivo trans, la discriminación en el acceso a bienes, servicios y trabajo es sistémica y se asienta en la patologización que pesa sobre la identidad diversa. La marginación de las mujeres y del Colectivo LGBT de espacios públicos se naturalizó en las sociedades conservadoras. Pero esa exclusión histórica es cultural y de allí las obligaciones estatales para revertir la desigualdad por la diferencia sexual.
El cupo y la paridad para las listas electorales, el cupo sindical y el cupo laboral trans compensan una desigualdad de oportunidades estructural para mujeres y trans. En ocasiones, es necesario este tipo de decisiones.
Quienes piensen que la igualdad y la no discriminación de género se regularán solas, como el mercado, piensen en el Decreto 222/03 que asegura la representación de mujeres en la Corte de la Nación, y en cómo ambas vacantes están por cubrirse con dos varones para completar un Tribunal íntegramente masculino. Las mujeres no somos un grupo, somos la mitad de la población, por eso los feminismos visibilizamos que sin igualdad, no hay libertad.
Punto de vista II
Alejandra Mendoza: “Respetar el derecho a ser diferentes”
La democracia representativa infiere que el pueblo debe participar del diseño de políticas públicas. El elector se siente lejos de sus representantes. El reclamo y la incapacidad de instalar agendas legislativas más sectoriales, llevó a desarrollarse la representación por cupos.
Dicen que Raúl Alfonsín ganó, las elecciones de 193, con el voto femenino. Pero el derecho político a ser elegido (sufragio pasivo), estaba vedado a las mujeres. El ser escuchadas y que sean tenidas en cuenta, surgió de las luchas para ser voz y voto en los parlamentos. Después de todo, la democracia es mucho más que ir a votar. Es construir colectivamente una sociedad y un sistema que respete las diversidades. Se inició así, la etapa del trabajo a conciencia, para fijar una cuota de género en la cobertura de los cargos electivos.
Somos referencia a nivel regional y mundial en este tema. En Argentina hay 109 diputadas sobre 257 legisladores. A pesar de los buenos datos nacionales, en Tucumán hay 11 legisladoras sobre 49. La provincia no tiene ley de paridad.
Los cupos electorales son una acción real para superar los obstáculos que impiden a las mujeres ingresar en la política. Fueron necesarios para romper los desequilibrios de las sociedades. Son una herramienta para desterrar los privilegios que han ido erosionando el principio de igualdad. La arquitectura democrática requiere del aporte de todos. El gran dilema es concertar cuáles serán las características de nuestra democracia, para construir un sistema sólido, eficaz, que promueva el pluralismo ideológico y político en términos de representación. El gobierno nacional plantea que todos debemos ser iguales ante la ley, pero ignora que la condición de igualdad constitucional es el derecho a ser diferentes.
Punto de Vista III
Melina Morghenstein: “Un debate que atrasa muchas décadas”
Hablar sobre la eliminación del cupo femenino implica un retroceso en la conquista de derechos, dentro de un sistema democrático como el que rige en nuestro país desde 1983.
Las mujeres hemos podido ocupar cargos electivos y lugares de representación, gracias a una serie de disposiciones que le han ido dando forma a la igualdad de derechos y que son producto de luchas históricas. De lo contrario, el aparato que implican las estructuras partidarias o estatales, la falta de recursos, el formato del régimen electoral o el sistema de los partidos políticos, no lo permitirían.
Por otra parte, comparto en lo absoluto, ficha limpia e idoneidad para ejercer cargos públicos. Tal vez sería una alternativa incorporar “requisitos” para acceder a empleos públicos o a cargos electivos. Pero eliminar la idea de la igualdad entre hombres y mujeres en la distribución de esos espacios, es un debate que atrasa.
En mi experiencia, puedo decir que como concejal me era muy complejo entablar un debate legislativo en un espacio institucional donde no siempre estaba presente la formación para encarar los temas que hacían falta. Debería ser requisito indispensable tener al menos secundaria completa para cumplir tamaño responsabilidad. En manos de los ediles están, nada más y nada menos, que proyectos que inciden directamente en la vida de los ciudadanos.
Hoy me toca la responsabilidad de gestionar un área vinculada con los jóvenes y, a escala, debo decir que sucede algo parecido a lo que ocurría con las mujeres hace algún tiempo. Hay que darles lugar para que todos participen con igualdad.
Punto de vista IV
Carla Porta: “La brecha sigue siendo un dato real”
El debate sobre la posible eliminación de cupos femeninos en la político y otros tópicos vinculados con el género ha generado una nueva discusión que exige una reflexión profunda de hacia donde queremos ir como sociedad. Entiendo que estos temas deben abordarse con más sentido común y decisiones basadas en evidencia y con menos ideología. Eso no sucedió durante los años del kirchnerismo, cuando se usaron y manosearon causas, como las de las mujeres. Se la llevó a la degradación, con batallas como el lenguaje inclusivo y sin reparos a los propios funcionarios acusados de abuso o violencia de género.
Esto no justifica desechar la lucha por la igualdad real. Mi rechazo es a todos los extremismos y no creo que debamos retroceder en conquistas que incluso son parte de nuestra identidad como sociedad.
Creo que la paridad de género para cargos de representación política debe sostenerse. En el caso de Tucumán, debe incluirse en su régimen electoral como no se hizo hasta ahora. Es una política que ha demostrado ser efectiva para corregir desigualdades históricas. También es una medida práctica que garantiza que las mujeres, que representan más de la mitad de la población, tengan una participación equitativa en la toma de decisiones.
En un mundo ideal de igualdad de oportunidades no tendría ninguna razón de ser ninguna política de cupo, pero lamentablemente las estadísticas demuestran que aun ese tiempo no llegó y la brecha para las mujeres en el acceso a lugares de toma de decisiones sigue siendo una realidad.
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