Por Gustavo Rodríguez
30 Abril 2024
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ANTE LA JUSTICIA. LA GACETA/FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
La pelea judicial por el celular de la joven que denunció a los jugadores de Vélez de abuso sexual pareciera no tener fin. Mientras la fiscala Adriana Reinoso Cuello le dio un plazo de 48 horas para entregarlo, los querellantes insistieron que no lo harán argumentando que se están avasallando todos sus derechos.
La joven denunció que fue abusada por cuatro futbolistas el 3 de marzo en un hotel. La fiscala Eugenia María Posse acusó de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores) y a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso sexual simple. A Sosa se le permitió seguir el proceso en libertad, mientras que a los otros tres se les dictó el arresto domiciliario por 90 días. Los futbolistas reconocieron haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la denunciante.
El mismo día que fueron aprehendidos, los denunciados entregaron sus celulares para que fueran analizados, mientras la víctima se comprometió ante la fiscala María Eugenia Posse a hacerlo el 16 de abril, pero no cumplió con su compromiso. Los querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Patricio Char, cambiaron de posición e indicaron que no lo harían porque se violaría la intimidad de la víctima.
Ante este panorama, por pedido de María Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla), con el apoyo de José María Molina, Antoniella Battaglia y Ernesto García Biagosch (representan a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (asiste a Sosa) solicitaron a través de dos audiencias que se la obligara a hacerlo.
El juez Sebastián Nordiza rechazó el planteo al considerar que no se había vencido el plazo asumido por la denunciante que era el 16 de abril. Al no haber cumplido con su palabra, los defensores insistieron, por lo que se desarrolló otro debate para resolver la cuestión. El magistrado Augusto Paz Almonacid rechazó también la posibilidad del secuestro del móvil, pero sí ordenó que la fiscalía se lo solicitara teniendo en cuenta que su par María Alejandra Mibelli había autorizado su análisis.
EN LA AUDIENCIA. Sosa, el arquero de Vélez, cierra los ojos. LA GACETA/FOTO DE SANTIAGO RÉ
Ese fallo generó un verdadero intríngulis judicial. Reinoso Cuello, tal como lo había dispuesto el juez, ordenó ayer por la tarde notificar a la denunciante que tenía 48 horas para entregar el móvil, plazo que se vencería entre jueves y viernes, según el momento en el la joven sea informada de la última resolución.
Los querellantes ya informaron que no cumplirán con el pedido. Según confirmaron fuentes judiciales, los representantes de la víctima sostuvieron que la jueza Mibelli decidió autorizar el análisis del celular sin saber que nunca lo entregó, ya que firmó esa resolución el 15 de abril. También recalcaron que la magistrada nunca ordenó la entrega o el secuestro del móvil, sino que sea peritado.
“Volvemos a dejar en clara nuestra postura de que no existe ninguna obligación, carga probatoria, ni leyes, ni proceso penal en el mundo entero que obligue a una víctima que denunció un abuso sexual a entregar su celular, y mucho menos, por puras especulaciones de los imputados y sus defensores”, sostuvieron.
La jueza Mibelli autorizó que se analizaran tres cuestiones del celular de la denunciante y no todo el contenido, como ellos creen. Los puntos a peritar son:
- Los mensajes que envió a dos amigas el día que habría sufrido el abuso. Las dos fueron presentadas como testigos por los querellantes. Un juez obligó a una de ellas que lo entregara, pero lo hizo sin su patrón de desbloqueo, problema que fue solucionado cuando su padre lo presentó para evitar que tuviera inconvenientes. La fiscala Reinoso Cuello le pidió a la otra joven que hiciera lo mismo, pero hasta el momento no trascendió si había cumplido con el pedido.
- Las conversaciones que mantuvo a través de Instagram con Cufré.
- Los mensajes que intercambió con Sosa por Instagram y por Whats App.
Las últimas horas fueron muy intensas en la fiscalía que conduce Reinoso Cuello. Según confirmaron fuentes judiciales, todas las partes fueron citadas por la investigadora para informarles sobre la decisión que había tomado. Más allá de que la querella sostuvo que había impugnado la resolución del juez Paz Almonacid, si la joven no entregaba el móvil en el plazo establecido, se solicitaría una orden de allanamiento en el domicilio de la denunciante para secuestrar el celular.
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