Cartas de Lectores I: sobre la verdad y la justicia

Con mayor insistencia en los últimos años, ciertos sectores políticos y sociales  reclaman que el estado argentino  trata de forma desigual a las víctimas de delitos cometidos por organizaciones guerrilleras. Bajo su mirada, se reclama que, a más de cuatro décadas de su ocurrencia, el estado investigue esas muertes, sancione a sus responsables, implemente políticas de verdad y de reparaciones. En otras palabras, propone que las tragedias acaecidas en manos de grupos guerrilleros obtengan las mismas respuestas estatales que reciben las víctimas y familiares de los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. El problema radica en que esta premisa colisiona con el acuerdo de las democracias occidentales que decidieron ponerle un freno a los ataques generalizados y sistemáticos que se realizan en contra de la población civil. Luego de nefastas experiencias, la comunidad internacional se dio cuenta que para que esos planes sistemáticos nunca más ocurran debían recibir una especial respuesta estatal, diferente a las respuestas estatales que se dan para otro tipo de crímenes y delitos. Frente a los crímenes cometidos en el contexto de estos planes, denominados delitos lesa humanidad, la respuesta estatal se “agrava”: los estados deben asegurar políticas de memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Se busca sancionar y evitar no ya homicidios, desapariciones, violaciones, sino planes sistemáticos que incluyan la comisión de este tipo de delitos. Esa obligación estatal “agravada” implica, entre otras cosas, que se debe investigar judicialmente a los responsables en cualquier momento y en cualquier lugar. Obligación que no se extingue por el paso del tiempo, una ley, o un decreto. En contraste, la obligación de investigar delitos cometidos fuera de un plan sistemático de exterminio civil si se extingue por el paso del tiempo (prescripción) o por el efecto legal de ciertas normativas. Cualquier lectora advertirá que la obligación “agravada” del estado se relaciona con las condiciones en que se cometieron esos delitos, no en lo doloroso o dramático de una perdida.  Y es que el estado moderno “agrava” sus respuestas bajo determinadas condiciones, porque juzga y sanciona diferentes fenómenos. Así, el derecho penal “agrava” la pena de un asesinato, estableciendo la cadena perpetua, cuando el perpetrador guarda un vínculo familiar con su víctima. Esto no implica desmerecer el dolor y negar el drama de quienes pierden a un ser querido en manos de alguien con quien no guardaba un vínculo. Ambas muertes son trágicas, pero la respuesta estatal es diferente, porque se juzgan conductas criminales diferentes. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado, que en Tucumán comenzó en 1975, fueron parte de un plan sistemático, de un ataque generalizado, contra la población civil. Así quedó establecido por diferentes instituciones de nuestro país, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, por diferentes organismos internacionales de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y por tribunales de diferentes países.  Es por eso, que los delitos de lesa humanidad todavía se investigan en la actualidad. La respuesta estatal se “agrava” por esa esa condición y, en el caso argentino, porque fue el propio estado (que debía proteger a la ciudadanía) el que lanzó el ataque contra la población civil. Respecto de los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras, el estado tenía la obligación de investigarlos y sancionar a los culpables. En vez de hacerlo, desató una ola de violencia imparable e injustificada que incluyó desapariciones, torturas, violaciones, apropiación de identidad, robo de bienes, etc. Esos delitos se cometieron no solo contra los sospechosos de cometer delitos en nombre de organizaciones guerrilleras, sino en contra de la población civil de nuestro país. En tiempos democráticos esa obligación se tradujo en investigaciones en los 80s pero  no perdura hasta la actualidad dado que no se “agrava”, ya que los crímenes  no se cometieron en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil lanzado por estas agrupaciones. La información recabada en los llamados “juicios de lesa humanidad” demuestra que la dictadura militar no estaba involucrada en un “conflicto interno o guerra” donde se luchaba contra un enemigo capaz de lanzar esos ataques.  Los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras causaron, causan, dolor a familiares y allegados de las víctimas. Para ellos son dramáticas. Recordarlas es, claramente, legítimo, pero eso no debe importar correr el arco de la discusión y romper el acuerdo del Nunca Más.

Gabriel Pereira