Milei apostaría por un plan de seguridad reacomodado a las circunstancias

“No estoy de acuerdo con la mano dura, creemos en la mano justa”, fueron las palabras que se cansó de repetir Victoria Villarruel durante la campaña. La nueva vicepresidenta, por decisión del presidente electo Javier Milei, será la encargada de tomar las decisiones y manejar los hilos en el área del Ministerio de Seguridad. El nombre del titular de la cartera no está definido, sí se sabe cuáles son los proyectos que intentará poner en marcha.

Pasaron los días de endulzar los oídos del electorado para sumar votos. Es hora de sincerarse y plasmar en realidad todas las ideas que supieron dibujar durante la campaña. El primer golpe será reconocer que en Argentina no habrá libre portación de armas, uno de los caballitos de batalla de los libertarios. A lo sumo podrían facilitarse los trámites para la compra. Nada más.

No es casual que Milei haya elegido a Villarruel para que se hiciera cargo del área de Seguridad. Al ser presidenta del Senado, deberá tener la cintura política para lograr la aprobación de algunas leyes y que se reformen otras normas que consideran clave en su plan. Entre otras, bajar la edad de imputabilidad a 14 años, acabar con las usurpaciones, modificar la ley de Seguridad Interior y reformar el sistema carcelario a nivel nacional. Estos tres ejes de discusión no son nuevos, se ponen en la mesa de debate hace décadas sin que tuvieran un avance favorable. Nada ni nadie hace creer que tendrá una solución favorable en el corto plazo. La tarea será titánica por dos razones. La vicepresidenta no se caracteriza por ser una gran negociadora y además no cuenta con la mayoría en la cámara de Diputados ni en la de Senadores para cumplir con su objetivo.

Coincidencias

Milei y Sergio Massa tuvieron una sola coincidencia a lo largo de la campaña. Su admiración por la táctica de “tolerancia cero” que impuso el polémico alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani en los 90. Una estrategia que también sedujo a Carlos Saúl Menem cuando presidía el país. Una idea que nunca pudo poner en práctica por falta de apoyo político. Los resultados que se consiguieron en los últimos 30 años siguen siendo el centro de numerosas polémicas.

También conocida como la teoría “de las ventanas rotas” no es otra cosa más que imponer una pena por cada violación a una norma que cometen los ciudadanos. “Blue Bloods” es una serie norteamericana que lleva 13 temporadas en el aire en la que se pone en juicio la “tolerancia cero” contando la vivencia de una familia integrada por policías (abuelo, padre e hijos) y una auxiliar de fiscal. En la mayoría de los capítulos los protagonistas debaten el uso de la fuerza de manera excesiva para conseguir los resultados buscados.

La otra pregunta es determinar si es correcto implementar un modelo de otro país. Cultural, social y económicamente hay diferencias abismales. El delito no es el mismo en Nueva York que en Tucumán. Los índices delictuales son radicalmente diferentes en Manhattan y en La Quiaca. Los habitantes del Bronx viven otra realidad que los de Mendoza. Las necesidades de los habitantes neoyorquinos son radicalmente inferiores a las del conurbano bonaerense. Los delitos también son diferentes. Por ese motivo, la Seguridad no es matemática. No hay una fórmula exacta que se pueda aplicar para solucionar un problema.

En su discurso Milei habló de acabar con el garantismo judicial y que todo aquel que cometa un delito terminará en un calabozo. El problema es la crisis carcelaria. Los centros de detención están detonados en todo el país y no será sencillo cumplir con su deseo. Por eso piensa reformar el sistema carcelario y, entre otras cosas, obligar a los detenidos a trabajar para cubrir los gastos que genere su encierro. La idea viola los pactos internacionales a los que el país está adherido. El incumplimiento puede significar sanciones para el país.

Prioridad

Milei dijo que combatir el narcotráfico será la prioridad en su gestión. En la campaña explicó que para cumplir con su objetivo capacitará a los miembros de la fuerza y dispondrá de mayores recursos humanos y tecnológicos para custodiar las fronteras. También anunció que fortalecerá el funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior, e intentará modificar la ley de Seguridad Interior para sumar a las fuerzas armadas a la lucha contra las grandes organizaciones criminales.

No es una experiencia inédita. Es un plan que puso en marcha o al menos intentó ponerlo el ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy aliados políticos del líder de la Libertad Avanza. En Tucumán se fortaleció la presencia de fuerzas federales con cuatro puntos: la provincia fue elegida como sede de la Agencia Regional de la Policía Federal, potencializó la División Drogas de la Policía Federal, Gendarmería Nacional ocupó un nuevo destacamento en Capitán Cáceres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria terminó de instalarse en estas tierras. También se creó un comité de crisis para frenar el avance narco en Rosario, ciudad que sufría un baño de sangre. También invitaron a las provincias a sumarse a la lucha contra el narcomenudeo.

Los números dirán que en esos tiempos hubo secuestros récords de droga. Nunca antes se había secuestrado tanta cocaína y marihuana en Argentina. Pero los decomisos no frenaron al narcotráfico. El plan sólo sirvió para demostrar que los controles eran insuficientes porque sólo se incautaba una parte de las sustancias que se traficaban. Rosario no se pacificó y las ocho provincias que luchan contra el narcomenudeo fueron abandonadas por la Nación, ya que nunca recibieron los fondos que les prometieron por esta colaboración. La historia nos dice que los planes de seguridad que son elaborados sin hacer un diagnóstico previo y copiando fórmulas éxitos van camino al fracaso. Más aún si se modifican cada cuatro años.