Por la crisis habitacional, más de 45.000 familias tucumanas viven en asentamientos y villas

El acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda es una de las problemáticas más complejas que atraviesa la Argentina desde hace décadas. A pesar de los esfuerzos estatales por brindar soluciones con diversos programas nacionales, lejos de mejorar, la cuestión se ha acentuado en los últimos años. Ese impacto se percibe en Tucumán, donde más de 45.000 familias tucumanas viven en unas 41.000 viviendas precarias, de acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Según los datos relevados por el Observatorio de Barrios Populares, que depende del Ministerio de Desarrollo Social Argentina, en la provincia hay 298 barrios populares: casi el 77% son asentamientos y el 23% son villas. Del total, 77 se encuentran en la Capital tucumana, 36 en el departamento Tafí Viejo y 34 en Cruz Alta. El 65% de todos estos barrios se crearon a partir de la década del 90.

De acuerdo con los datos oficiales recopilados hasta junio de 2023, hay 45.071 familias tucumanas que viven en estos barrios, en 40.950 viviendas precarias. Más del 70% de estas casas cuentan con una conexión irregular a la red de agua corriente; el 12% tiene una conexión regular, pero sin factura; y casi el 10% accede a través de una bomba de agua de un pozo comunitario. Sólo el 1,68% cuenta con una conexión formal a la red de agua corriente, con factura.

El 76,8% posee una conexión formal a la red de energía eléctrica, con medidor domiciliario con factura, mientras que el 18,5% tiene una conexión irregular. En cuanto a los efluentes cloacales, sólo el 4,3% de las casas está conectada a la red pluvial. El 56% tiene un desagüe sólo a pozo ciego y un 36% a una cámara séptica. En el 93% de estas casas se cocina con garrafa y el resto con carbón. En tanto que en el 61,5% se calefacciona con leña o carbón y el 27% con energía eléctrica.

Informe nacional

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Fundación Techo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboraron extenso el informe denominado “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”, en el cual presentaron un diagnóstico de las principales problemáticas habitacionales en Argentina, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Además, añadieron un conjunto de recomendaciones para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia.

Según el informe, que fue presentado por María Victoria Boix (directora del programa Ciudades de Cippec), Fernando Bercovich (integrante del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ) y María Lucía Groos (directora del Centro Investigación en Innovación de Techo), uno de cada tres hogares de Argentina no cuenta con una vivienda adecuada; 1,3 millones necesitan una vivienda nueva; y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras en sus viviendas (Observatorio Federal Urbano, 2019). Se indicó también que hay 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. “Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuenta con títulos de propiedad del suelo”, se remarcó, en sintonía con lo que ocurre en Tucumán.

En el informe se señaló también que más de dos millones de hogares alquilan su vivienda y que, de acuerdo con datos del Indec, entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó de 16% al 20% a nivel nacional.

“Durante las últimas décadas se han implementado diversas políticas para atender esta problemática: los Programas Federales de Vivienda, el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de barrios populares, el Plan Nacional del Suelo, las líneas Mi Pieza y Mi Baño, solo por nombrar algunas de ellas. Todas han representado avances significativos en la materia y demuestran importantes esfuerzos estatales por brindar soluciones”, se indicó en un resumen del informe. Pero se remarcó que “ninguno de los programas logró abordar de forma holística y permanente la problemática, motivo por el cual el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo una asignatura pendiente y afecta, de distintas formas, a casi todos los sectores de la población”.

Recomendaciones

El Cippec, Techo y la ACIJ brindaron cinco propuestas para impulsar el acceso al hábitat y a la vivienda.

1) Promover la sanción de una normativa de ordenamiento territorial 

“La problemática del hábitat y la vivienda está relacionada con cómo crecen las ciudades y la falta de suelo urbano de calidad”, se advirtió. En ese sentido, se propuso la sanción de normativa de ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipal mediante el fortalecimiento del actual Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial.

2) Avanzar en el mejoramiento integral de viviendas 

Cuatro millones de hogares de nuestro país (el 32% del total) no cuentan con una vivienda adecuada. De ellos, 2,6 millones (el 66%) tienen necesidades de ampliación y mejoras clave en sus viviendas -calidad constructiva, hacinamiento y/o acceso a servicios-. En propuso “avanzar en una política integral de mejoramiento de viviendas que, a partir de un plan de ordenamiento territorial, articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana”.

3) Promover un programa nacional de alquiler asequible

Existe una baja aplicación de la Ley de Alquileres. Un 60% asume aumentos por fuera de la ley de alquileres -semestrales, trimestrales o mensuales. Además, hay un creciente porcentaje de vivienda ociosa destinada al turismo. Por lo tanto, se plantea promover una política nacional e integral de alquileres, que aborde la problemática del mercado de vivienda, y de alquiler en particular, a través de diversas herramientas de forma simultánea e interjurisdiccional. “El Estado debe involucrarse de forma directa, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de vivienda asequible”, se indicó.

4) Garantizar la sostenibilidad de los procesos de integración socio urbana en barrios populares

Más de cinco millones de personas viven en los 5.687 barrios populares registrados en todo el territorio nacional. En el 66% de los barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso

formal a energía eléctrica; en el 90%, a la red de agua; en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas. Se propone entonces desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento contemplados en el Fondo de Integración Socio Urbana -destinado a proyectos de integración socio urbana y creación de lotes con servicios-; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, creando un organismo responsable de la coordinación interjurisdiccional y, a nivel local, trabajando de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia.

5) Promover soluciones habitacionales temporales en contextos de emergencia

La mayoría de los barrios están expuestos a factores de riesgo (como inundabilidad por precipitaciones, sitios de disposición de residuos, cursos y cuerpos de agua, caminos de alta velocidad, torres de alta tensión, vías de ferrocarril, terrenos con pendiente pronunciada, entre otros). La propuesta es incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta a eventos adversos en barrios populares. La recomendación promueve la participación de personas, grupos o comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso.