"Onganía causó daños en lo social y en lo sanitario"

A 40 años del cierre masivo de ingenios azucareros de Tucumán que decretó el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, las consecuencias sociales y sanitarias que esa decisión provocó en un importante sector de la sociedad aún no se revirtieron. A esa conclusión arribó la Comisión Permanente del Mercosur de la Cámara de Diputados en 2000, en un informe que elaboró para ilustrar a las autoridades nacionales sobre las necesidades de reflexionar previamente a cualquier decisión macroeconómica que afecte las economías regionales.
El ex diputado Alfredo Neme Scheij, quien presidió esa comisión y participó de la elaboración del informe, explicó que la investigación intentó graficar que cuando la representación parlamentaria de Tucumán abogaba, en 2000, por la subsistencia de su actividad azucarera, no lo hacía en posición de lobbistas políticos de sectores industriales, sino en virtud del resguardo de todos los factores vinculados a esta actividad: trabajadores, productores, empleados y sectores indirectamente vinculados a esta actividad. Entre julio y agosto de 1966, 11 ingenios cerraron en Tucumán, lo que provocó una seguidilla de revueltas sociales, protestas y la emigración masiva de coprovincianos.
Según el informe de Diputados que Neme Scheij facilitó a LA GACETA, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires viven alrededor de 450.000 tucumanos, cerca del 25% de la población que aún permanece en nuestro territorio. La mayoría de ellos se instaló en esa zona tras el cierre de los ingenios en el 66.
El informe de la Comisión del Mercosur compara, además, la migración del 66 con la que se dio en Tucumán en la década del 40. Esta última, explica, fue consecuencia del proceso de industrialización que se dio en la Argentina y en la necesidad de mano de obra que había en Buenos Aires. Eso posibilitó que los tucumanos que emigraron consiguieran un trabajo, accedieran a la educación, a salud y, en general, que progresaran junto a sus familias en su vida social. Por el contrario, detalla el estudio, la emigración del 66 condenó a los tucumanos a vivir en villas miseria de todo el conurbano bonaerense. “Faltan y se deberían desarrollar numerosos estudios sociológicos y hasta económicos de impactos de decisiones económicas apresuradas. Si el dictador Onganía y su ministro de Economía, Jorge Salimei, hubiesen pensado esto antes, no hubieran tomado esta decisión, dado que seguramente el costo económico, social y sanitario excede con creces los ahorros que se pretendían con el cierre compulsivo de ingenios azucareros”.
En el informe, se da cuenta que el grueso de los tucumanos que emigraron durante la crisis azucarera se ubicaron en las localidades bonaerenses de: San Miguel, Malvinas Argentinas, General Pacheco, Boulougne, Garín, Moreno, Ituzaingo, Merlo, La Matanza, Claypole, Florencio Varela, Lanús, Temperley, Avellaneda y Montegrande.