Un golpe demoledor a la economía tucumana

El decreto-ley 16.926 del 21 de agosto de 1966 y las restantes medidas tomadas por el gobierno de facto presidido por Juan Carlos Onganía impusieron el cierre forzado de 11 de los 27 ingenios existentes en Tucumán. Los gendarmes y policías federales enviados desde Buenos Aires traían la orden de iniciar de inmediato el desmantelamiento de las fábricas. Con la clausura, los ingenios tucumanos fueron convertidos gradualmente en chatarra por el cierre forzoso y la ocupación militar de la provincia.
El plan del ministro de Economía, Jorge Néstor Salimei, tuvo como uno de sus principales objetivos provocar la transferencia de gran parte de la producción tucumana de azúcar a los ingenios de Salta y Jujuy. Las medidas del PEN posteriores al 22 de agosto comprendieron el dictado de una regulación azucarera que fijó cupos de producción por "zonas territoriales" (Tucumán, Salta-Jujuy y el Litoral, respectivamente), los que implicaban una reducción del 30 por ciento de la producción tucumana con relación a la zafra de 1965, mientras que Salta y Jujuy fueron limitados en un 17 por ciento y los ingenios del Litoral no sufrieron limitación alguna.
Para el poder militar, el impulso en el desarrollo del ingenio Ledesma permitiría el "afianzamiento de una zona de frontera", algo fundamental en la lucha contra el comunismo. Mientras la dictadura cerraba ingenios en Tucumán y ahogaba a los que permanecían todavía en funcionamiento, se estaban realizando cuantiosas inversiones con recursos federales para apuntalar a la empresa norteña.
La intervención militar de 1966 produjo el vaciamiento demográfico de la provincia. Aunque resulte sorprendente, el drama del éxodo tucumano, que condujo al exilio interior a unos 250.000 tucumanos (casi una tercera parte de su población en esa época), no fue un efecto no deseado por los planificadores del cierre y la "transformación" de Tucumán, sino un propósito deliberado. José Ricardo Rocha apuntó que el plan de 1966 consistía en "dejarle a la histórica provincia la estructura económica necesaria y suficiente para mantener nada más que 600.000 habitantes". El resto, no solamente sobraba sino que era necesario expedirlo y centrifugarlo, arrancándolo de su fábrica y de su sindicato para dejarlo convertido en un "villero" del Gran Buenos Aires o en un mendigo del Estado. Meses antes de su derrocamiento, el gobernador Lázaro Barbieri lo había advertido. "Si los problemas de la provincia no se resuelven, Tucumán tendrá que ser dividida en dos partes: una se la daremos al Norte, para que los industriales de Salta y Jujuy cuiden de ella; y a los otros 500.000 habitantes, que se los lleve Buenos Aires: total, ya está acostumbrado a acumular escombros en sus villas miseria".
(Del libro -en prensa- de Roberto Pucci "Tucumán 1966. Historia de la destrucción de una provincia")


"Removeremos las causas profundas de nuestra actual situación. Aseguraremos la posibilidad del bienestar a todos aquellos que estén dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para obtenerlo dentro de un ámbito de libertad y de orden".
General Juan Carlos Onganía
Presidente de la Nación (junio 1966 - junio 1970)

"Después de muchos años de inyectar dinero para subvencionar el monocultivo azucarero, Tucumán sigue al borde del caos. El otrora ?Jardín de la República? es hoy, dentro de la Nación, una isla de presente explosivo y de futuro incierto".
Jorge Néstor Salimei
Ministro de Economía de la Nación (junio 1966-Enero 1967)


"La Nación entera se vuelca en auxilio de Tucumán. Esperemos que sea por última vez. A todos los tucumanos, muy especialmente, les digo esto, porque evidentemente no puede seguir siendo la economía de Tucumán la de una provincia permanentemente subvencionada".
General Fernando Aliaga García
Gobernador de Tucumán (agosto 1966 -marzo 1968)