Causa polémica la cuestión de si la Corte debe adelantar una posición

El legislador radical José Cano fue el primero en haber pedido formalmente que la Corte Suprema de Justicia exponga su posición o que fije alguna pauta para avanzar en la resolución del problema de la cobertura de vacantes en los Tribunales. Ahora, en la misma dirección, se sumó Francisco Sassi Colombres, asesor del vicegobernador Juan Manzur. No se descarta que este último concierte una audiencia con los vocales del alto tribunal para abordar esta situación. Más allá de estos llamados a que la Corte actúe, en el seno de ella no todo los vocales estarían de acuerdo con que el tribunal deba manifestarse en una cuestión tan compleja y polémica, más teniendo en cuenta que luego podría tener que intervenir, pero en su función estrictamente jurisdiccional.
En la nota que el jueves le dirigieron al presidente de la Corte, Cano y su asesor, el letrado Daniel Ponce (también integra el consejo directivo del Colegio de Abogados), invocaron el artículo 13, inciso 27 de la Ley Orgánica de Tribunales. Según este, en el uso de sus facultades de superintendencia, el alto tribunal, por medio del Poder Ejecutivo, puede enviar a la Legislatura proyectos de leyes relacionados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Sassi Colombres también sostiene que la Corte podría sugerir los lineamientos que se deberían tener en cuenta para, por ejemplo, avanzar en la cobertura provisoria de los cargos vacantes. Algo similar había sucedido en octubre del año pasado, cuando el gobernador, José Alperovich, solicitó públicamente a la Corte que le enviara un borrador para que, posteriormente, la Legislatura pudiera sancionar una ley que autorizara la designación de jueces subrogantes.
Finalmente, como la Corte no se pronunció, un grupo de ocho miembros de la Asociación de Magistrados entregó un anteproyecto a Manzur, que fue utilizado como base para la elaboración de la polémica Ley 8.136. Esta norma posibilitaba que los poderes políticos designaran discrecionalmente jueces subrogantes sin un mecanismo que permitiera constatar la idoneidad de los postulantes. El 21 de diciembre, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar por la que ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de implementar el mecanismo previsto por la Ley 8.136.

Posiciones encontradas
Según pudo saber LA GACETA, en la Corte, ya tres serían los vocales partidarios de algún tipo de pronunciamiento del alto tribunal que permitiera destrabar el conflicto entre el Gobierno y los colegios de abogados (de la capital y del sur). El argumento es que la gravedad de la situación amerita una respuesta -también excepcional- por parte de la Corte.
No obstante, uno de los vocales se opondría terminantemente a cualquier acordada y hasta habría anticipado que está dispuesto a dejar sentada su disidencia. En este caso, el razonamiento es que la Corte no puede transformarse en colegisladora, porque a ella le corresponde controlar la constitucionalidad de las leyes y actos de los otros poderes. Y, como sucedió con la Ley 8.136, cualquier eventual norma (sobre la integración del Consejo de la Magistratura o sobre la designación de jueces subrogantes) podría ser cuestionada judicialmente. Además, como ya ocurrió con el anteproyecto de la Ley 8.136, el oficialismo podría basarse en cualquier pronunciamiento -incluso parcialmente- para decir que eso es lo que quiere la Justicia.