Dan de baja a la empresa de los sobrinos de un funcionario del Instituto de la Vivienda

Marán Constructora SRL quedó inhabilitada en el Registro de Constructores provincial y no puede trabajar en nuevas obras públicas. En el Ipvdu se avanza con los trámites para separar a esta empresa de las dos obras en las que debería estar trabajando

16 Dic 2017

Trabajar en obras públicas no es sencillo. Se necesitan cumplir con ciertos requisitos técnicos, legales, fiscales y financieros. Por ejemplo, es indispensable estar habilitado en el Registro General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia. Según se publicó en el Boletín Oficial de ayer, una empresa fue dada de baja por el Consejo del Registro: Marán Constructora SRL, que es investigada por la Justicia provincial y federal.

“La consecuencia directa es que no puede presentarse en ningún proceso licitatorio, ni cotejo, ni contratación”, explicó Martín Zamora, director del área técnica del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). “No está habilitado para trabajar en nuevas obras públicas”, remató el funcionario. Emilio Graña, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), fue aún más gráfico: “es como un taxi que pierde la licencia, no puede trabajar bajo contrato”, enunció. “Aún fuera de lo público hay ciertos ámbitos en los que no puede trabajar. Automáticamente sale del mercado”, añadió.

La resolución 111/2017 del Registro detalla que la calificación del organismo permanece vigente por un año y medio, contado desde el cierre del último ejercicio. “Transcurridos dos años de la fecha de vencimiento de su última actualización, el interesado deberá solicitar una nueva inscripción”, reza el escrito publicado en el aviso 63.474 del Boletín. La medida argumenta que, conforme a lo dictaminado por el área legal del Registro, corresponde “dar de baja” a Marán Constructora SRL.

Esta empresa no sólo quedó fuera del listado del organismo estatal, sino que también fue desvinculada de la CTC. “Fue dada de baja de manera definitiva”, aseguró Graña. En julio, Marán había sido suspendida por 60 días debido a una serie de deudas que mantenía con la entidad. Ayer, en diálogo con LA GACETA, el titular de la cámara confirmó que Marán fue separada de la agrupación de constructores.

El “caso Viviendas”

El ciclo televisivo de este diario, “Panorama Tucumano”, transmitió -en julio- un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. En la investigación periodística se habló del vínculo entre los hermanos Sebastián y Martín Nieva (los dueños de Marán) con un funcionario de la repartición. Es que el coordinador Lucas Barrionuevo negó conocer “de antes” a los propietarios de la constructora.

Sin embargo, se comprobó que los hermanos Nieva son sobrinos políticos de Barrionuevo. La empresa recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones y de la Municipalidad de Yerba Buena por un total de más de $ 6 millones.

Tras las publicaciones de LA GACETA, la fiscala provincial Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio. Tras haber sumado diversos elementos a la causa, trascendió que en el fuero penal se estaría analizando la posibilidad de imputar a Barrionuevo por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En idéntica situación se encuentra el ex coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu, Miguel Jiménez Augier. El ex funcionario fue separado de la repartición por el gobernador Juan Manzur cuando trascendió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. Además, el fiscal Pablo Camuña también analiza la posible comisión de delitos federales.

Las obras

Algunas de las obras de Marán que se analizaron -realizadas a través del Ipvdu- fueron la construcción de decenas de viviendas en Manantial Sur y 120 mejoramientos habitacionales en Yerba Buena. El monto original del acuerdo para los módulos en la Ciudad Jardín, celebrado en 2013, era de aproximadamente $ 9 millones. En agosto de ese año, la constructora inició las tareas. Dos meses después, en octubre de 2013, la empresa certificó más de $ 7 millones por esta obra: cerca de un 75% del presupuesto base. Los datos provienen de documentación oficial del Ipvdu y de las declaraciones de Marán ante el Registro de Constructores.

En la misma localidad, fue contratada por la Municipalidad para pavimentar diversas cuadras durante la gestión del ex intendente Daniel Toledo. Según funcionarios de la actual gestión (UCR-Cambiemos), se detectaron serias falencias en estas obras. En una cuadra en la que se debería haber 18 centímetros de hormigón se habría detectado que faltaba cerca de un tercio de los materiales. De acuerdo al secretario de Obras Públicas municipal, José Luis Ferroni, estos defectos podrían implicar que se haya empleado entre $ 70.000 y $ 80.000 menos de lo asignado por cada cuadra.

Actualmente, Marán tiene dos obras pendientes en el Ipvdu. Sin embargo, en la repartición iniciaron los trámites para desvincular a la constructora de estos trabajos debido a la falta de avances. Una de esas obras consiste en la construcción de viviendas en Concepción y, según Zamora, se está trabajando en dejar sin efecto la contratación. El otro trabajo consiste en mejoramientos habitacionales en el barrio San Carlos Oeste II. Allí, un técnico del Ipvdu había detectado presuntos sobreprecios. Pero Marán impugnó este dictamen y se procederá a realizar una nueva inspección. “Como había una objeción de la empresa, se está formando una comisión que va a hacer un relevamiento total del barrio junto con la empresa”, relató Zamora.

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