Las mentiras del narcotráfico

No importa de qué signo político sean o a quiénes respondan. Con los acontecimientos de los últimos días queda en claro que nuestros dirigentes trabajan para la foto y no para una película con final feliz, como diría una fiscala del fuero penal. Otra vez los tucumanos se quedaron a la deriva por los desaciertos de los funcionarios nacionales y provinciales. Sí, es cierto, de las críticas en la lucha contra el narcotráfico no se salva nadie.

“El narcotráfico es un problema grave. El país es como una casa. A los narcos no se los detuvo a tiempo en la puerta (frontera) y se instalaron en el comedor. Ahora, cuando queremos sacarlos de la vivienda, nos damos cuenta de que los tenemos en el dormitorio”, razonó un investigador. El domingo se conoció un dato que sorprendió: en menos de 40 días, en la región se secuestraron más de 1.600 kilos de drogas, más del 50% de lo que se incautó en esta provincia en todo el 2016. Guillermo Molinari, juez federal de Santiago del Estero, como ya lo hicieron sus pares tucumanos, salteños y jujeños, imploró por recursos humanos y tecnológicos para tratar de equiparar la lucha contra los señores de la muerte.

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Esa súplica se escuchó días después de que Patricia Bullrich inaugurara en La Quiaca un centro de control y monitoreo para detectar el movimiento narco en la zona de frontera. Todavía no se entiende por qué se lo hizo en ese lugar y no en Orán, que fue el origen del 90% de los 1.600 kilos de drogas incautadas en esos 40 días. Al menos anunció que en los próximos dos años el mismo sistema estará en tierra salteña. Como lo hizo el kirchnerismo, el macrismo está pensando en los votos que puede sumar y no en el bien común. Jujuy tiene el mismo color amarillo que la Nación, Salta no. Los gendarmes que hacen falta en el NOA están en Buenos Aires apoyando el plan de seguridad de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, también macristas.

La mayor cantidad de secuestros que se están concretando tiene una sola razón de ser: al país, por su vulnerabilidad, cada vez entran más sustancias prohibidas. La Nación decidió blindar el NEA para frenar el ingreso de la marihuana de Paraguay, pero no tomó los recaudos para que los narcos no buscaran nuevos caminos. ¿El resultado? Se incrementó el decomiso de “faso” en el NOA. La Justicia Federal, con razón, les pide a los investigadores que persigan a las grandes organizaciones, mientras que sus jefes políticos quieren que quiten cargas sin importar quién es el dueño y a quién la vende, o sea, trabajar para la foto. “Hay mucha presión y la colcha es corta. Tapamos un sector y nos enfriamos en otro”, dijo un veterano comisario.

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“Narcopolítica”

La detención de un líder de una supuesta organización narco volvió a movilizar el viernes a los políticos tucumanos. A Francisco Maximiliano Ruoti aún no lo habían alojado en un calabozo en Santiago del Estero y en esta provincia los operadores ya averiguaban si “había trabajado para alguien”. En este caso no hubo tanto revuelo como con Julio Trayán porque el acusado “trabajó” para el partido “Comunidad Organizada”, que en las elecciones de 2011 (donde fue candidato a legislador) se puso la camiseta del Frente de la Victoria, pero en 2015 se la cambió y lució la del Acuerdo para el Bicentenario, aliado de Cambiemos en la provincia. Sólo por eso no hubo fuego cruzado entre dirigentes.

Es muy probable que los tucumanos se hayan olvidado de un nombre: Guido D’Angelo. Él fue uno de los integrantes de la conocida “Banda del Country” que fue desarticulada el año pasado por haber asaltado una panadería y robado un celular a una mujer en Yerba Buena. En el allanamiento que se hizo en su casa de “La Arboleda” se encontraron balanzas de precisión y otros elementos que normalmente son utilizados para el fraccionamiento de droga. El sospechoso, en esos momentos, habría declarado que los tenía porque era adicto. D’Angelo fue candidato a concejal en 2015 por el acople “Comunidad Organizada”. Ese dato ya está siendo analizado por los investigadores, que no creen en las coincidencias.

Trayán, D’Angelo y Ruoti son tres nombres que sirven para demostrar que a los políticos les importa poco saber quiénes son sus trabajadores, sino que esas personas hagan una buena tarea para que puedan ser electos. Hace unos días, LA GACETA publicó opiniones de algunos legisladores sobre el tema. Las respuestas que dieron fueron muy interesantes. Ninguno de ellos se molestó porque se insinuó que narcos estaban influenciando en la política; ni uno negó tajantemente la posibilidad de ese vínculo y, por último, varios de ellos dijeron que los vecinos no se animan a denunciar con nombre y apellido quiénes son los que venden. Ahora bien: si un legislador que tiene fueros parlamentarios y con un chasquido puede contar con seguridad no se anima a denunciar, qué se le puede exigir a un vecino. Para pensar.

Miserias humanas

Tanto la Nación como la provincia usan la lucha contra el narcotráfico como estandarte. Hacen culto al marketing con cada procedimiento que realizan. Pero se olvidan que están en deuda con la sociedad, porque sólo están atacando la oferta y no se ocupan en lo más mínimo en atender a la demanda, que en este caso, son los miles de chicos que se transformaron en zombis por culpa de la droga.

La Nación se olvidó de terminar de construir el Cepla en La Costanera. Lo poco que se hizo fue desmantelado por las personas a las que los transas mandaron a saquear. Tucumán tiene una Secretaría de Adicciones que no cuenta con el presupuesto necesario para renovarles el contrato a los 30 profesionales que trabajaban en los barrios de la periferia de la capital conteniendo a estos chicos. Por eso, si alguien le dice que se lucha de modo serio contra los narcos, piénselo antes de creerlo.

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