Pandilleros tucumanos

29 Ago 2017

Son tres historias que resumen a la perfección lo que está sucediendo en la provincia. Sus protagonistas son jóvenes -dos de ellos menores de edad, pero punibles- que cometieron el peor de los delitos dentro de una sociedad: matar a una persona. Y lo que es peor aún, lo hicieron con una frialdad que asustó a los investigadores más duros de la Policía. Para hacer el cuadro más preocupante aún, la droga es el denominador común en todos estos casos.

“Lococar” (16 años) fue detenido por el crimen de Jorge Alemán. Los investigadores creen que habría sido contratado para cometer este homicidio por un narco que buscaba vengar un engaño. “Chanchón” (16), tiene más de 20 causas abiertas por robo de motos y otros delitos, pero fue detenido por la muerte de Diego Costilla, el mozo que lo reconoció cuando le robó el rodado. Este adolescente, que generaba terror entre los habitantes de Villa 9 de Julio, compraba droga con el dinero que obtenía con los botines que lograba. Por último, la fuerza busca en todas partes a “Ponja” Robles (21), el integrante del Clan Acevedo que está acusado de haber acabado con la vida de Matías “Geniolcito” Rodríguez y está mencionado en al menos dos homicidios más. Todos estarían vinculados a la pelea territorial en El Sifón.

Estos chicos tienen varias cosas en común. Los tres se criaron en zonas carenciadas. No les interesó estudiar y sufrieron cada vez que se enfermaron de algo por falta de atención. Tuvieron que crecer en un medio hostil, donde domina la ley del más fuerte, donde los puños primero y las armas después sirven para poder sobrevivir. Los tres pasaron más tiempo en los juzgados de menores que jugando al fútbol en el potrero del barrio, no frente a la play porque en sus casas apenas si alcanzaba para comer. También son un ejemplo claro de que el Estado hace muy poco para recuperar a estos jóvenes que desde hace bastante perdieron el respeto por su vida y la de los demás.

Hace más de un año, el fiscal Diego López Ávila advertía su preocupación por un nuevo problema. En una entrevista publicada por LA GACETA, señalaba que en la provincia se estaba registrando un nuevo fenómeno. Contaba que era común que en las esquinas de las calles de los barrios se juntaran chicos a consumir bebibas y posiblemente drogas. Que esas banditas, al no tener contención familiar ni social, cometían todo tipo de delitos para tener más estatus entre sus pares. Subir fotos a las redes sociales con armas dejó de ser un hecho lamentable, sino que se había transformado en una especie de símbolo de prestigio para los adolescentes, como así también el permanente uso del lenguaje tumbero.

El fiscal también los comparó con las maras centroamericanas y las pandillas norteamericanas. A grandes rasgos, se trata de grupos de jóvenes que, ante la falta de contención, se unieron para vivir en y de la calle y también como modo de protección en un medio que, por diferentes razones, era hostil para sus integrantes. El delito, especialmente los vinculados a la venta de droga, servía como sustento y les permitía además comprar armas para defenderse. Nadie lo escuchó y López Ávila ahora está más preocupado. “Antes lo veíamos desde lejos a este problema, pero ahora ya lo tenemos en la ventana”, sintetizó al hacer un nuevo análisis.

Aunque parezca mentira, fue en un juicio oral por tentativa de homicidio donde se comprobaron las palabras del fiscal. Jorge “Jazo” Acevedo, uno de los imputados, se besó el número 33 de su remera y cada vez que una cámara lo enfocaba hacía ese número con los dedos de sus manos. Esa fue la manera para demostrar su lealtad a la banda de “El Sifón” conocida como “La 33”. El grupo también es integrado por el “Ponja” Robles y Braian Acevedo, que están prófugo y detenido, respectivamente, por el homicidio de “Geniolcito”. Son los mismos que aparecieron en las redes sociales portando ametralladoras y generando temor en la sociedad.

El panorama es desalentador. El Estado sigue sin hacer un buen diagnóstico sobre esta situación. En el Centro Judicial Capital una sola jueza de menores no sólo tiene que atender todos los casos, sino que además debe comprobar que los adolescentes que tienen conflicto con la Ley cumplan con las medidas que les impuso para tratar de recuperarlos. El Instituto Roca, único lugar de alojamiento para estos jóvenes, sigue funcionando como un depósito de chicos perdidos, ya que allí no se los recupera de sus problemas de adicción y, mucho menos, se les enseña un oficio para intentar alejarlos del camino del delito. Tampoco está prevista por ahora la creación de una unidad policial que se dedique a investigar la formación de estos grupos de jóvenes.

La sociedad tampoco ayuda a controlar lo que ocurre. Pretenden leyes más duras y que los menores que cometan delitos sean encerrados para siempre. No terminan de entender que con el endurecimiento de las penas no será suficiente. Aquí lo que se necesita es otra cosa. Empezando por un centro de rehabilitación para adictos, siguiendo por un lugar de formación laboral, ya que es evidente que la escuela no los está conteniendo y, fundamentalmente, dejar de pensar que el problema se acabará escondiéndolo bajo una alfombra de frías paredes y duros barrotes.

Los tucumanos también deberían realizar un análisis de lo que está sucediendo. Sólo reaccionaron cuando Matías Albornoz Piccinetti fue asesinado por un menor en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero. Hubo reuniones y promesas de abordar la problemática, pero hasta aquí no se conocieron los resultados de esos encuentros. Sí trascendió el malestar de la familia por los manejos del Gymnasium para desentenderse del problema y responsabilizar a los otros sin asumir las propias culpas. Todos los días, en algún barrio de la periferia, un joven es lastimado por otro. Pero eso pareciera no preocupar a nadie porque el hecho ocurrió allá, en las villas, lejos de las cuatro avenidas.


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