“En la Justicia hay mucha gente cómoda con la oscuridad”

Entrevistar a Alberto Binder plantea, antes que nada, un problema de ansiedad. No sólo porque él mismo es una máquina de titular sino porque, además, hay hartas preguntas para plantearle y el tiempo apremia: en un rato debe impartir una clase en la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, razón por la que volvió a la ciudad. Este gurú del derecho argentino tiene, además, su agenda propia y no negocia el tratamiento de la remodelación integral del proceso penal en la provincia, que él promovió en 2012 mediante la modalidad de un plan piloto impugnado por el poder político y finalmente abortado. Binder observa este sábado que las autoridades tucumanas frenaron un ensayo pequeño, pero serio, en pos de una reforma legislativa gigantesca que aún no ha sido trasladada a la práctica. Y con total sinceridad duda de que el nuevo código pueda ser implementado el 1 de septiembre, como la ley dispone. El procesalista dice que no cabe sino pensar que el Poder Judicial de Tucumán se niega a despojarse de las tinieblas que envuelven a su fuero penal y que desde luego explican la corrupción impune.

-¿Por qué pasaron cinco años y Tucumán sigue teniendo el mismo sistema procesal penal?

-Con el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) le dijimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que había que tratar de hacer una prueba parcial antes de buscar un cambio legal porque ya había fracasado el excelente código sancionado en 1991 (y todavía en vigor). Nuestro diagnóstico era correcto. Hoy vemos que otra vez se ha diseñado un nuevo sistema normativo (aprobado en octubre), pero pasan los meses y no aparece la planificación ni la movilización del personal. Esto desnuda la existencia de un problema de fondo: pararon el plan piloto que intentaba operar un cambio sobre la realidad judicial y pararon también la idea de producir un cambio a partir de una nueva ley procesal. ¡Paran todo! Es alocado y negligente, pero indica que en el interior del Poder Judicial hay mucha gente que se siente cómoda en la oscuridad. ¿Qué sucede? Las grandes novedades del sistema que propiciamos son la transparencia; el mayor control sobre la actividad del fiscal; la rendición de cuentas... Se hacen leyes con esta impronta pero después no se quieren aplicar.

-A este ritmo, ¿será posible cumplir la meta de septiembre?

-No. Es un truco que ya conocemos. La idea de empezar el 1 de septiembre implicaba que la Corte hiciera ajustes parciales e implementaciones graduales. Eso no sucedió. Como las instituciones judiciales no hacen nada para implementar, terminan pidiendo la suspensión. Esto suele suceder un par de veces hasta que el nuevo sistema arranca, pero ya empieza mal, con pérdida de oportunidades y producción de daños. El tiempo que pasa deja víctimas del delito sin atender, imputados mal sentenciados e impunidad. ¡Hay gente que sufre detrás de esto! Es una grave irresponsabilidad que ni siquiera haya habido una capacitación masiva.

-Mientras tanto el expediente de papel sigue siendo el rehén: quien lo tiene, tiene el poder.

-Es la gran irracionalidad del secretismo. En el fondo la población sigue siendo engañada en el sentido de que nadie escucha sus reclamos de que no haya violencia ni corrupción, y de que la vida social se normalice. Existe un deterioro de las relaciones comunitarias que debemos frenar cuanto antes. Esto es prioritario: la sociedad lo dice. Soy optimista en cuanto a que creo que esa voz terminará imponiéndose sobre la mirada circunstancial de la dirigencia, pero en el camino quedará sangre, abuso de poder, etcétera. Aquí se enfrenta la perspectiva del servicio que la Justicia brinda a la ciudadanía con la perspectiva de los manejos internos de la Justicia, donde entra la protección que esta brinda a la clase política. Esa pelea debe ser dirimida por la población, que recuperará el Poder Judicial por un reclamo colectivo. No podemos esperar un ataque de virtuosismo en las autoridades.

-El proceso penal que usted propone y que Tucumán codificó se funda en la oralidad y la publicidad. En teoría debería desaparecer el expediente “cajoneable” y vulnerable. ¿Acaso no es ese un salto utópico para una jurisdicción dotada de un Ministerio Público que no publica sus resoluciones?

-Estos cambios que hoy parecen lejanos serán empujados por la demanda social. Ello sucederá también en Tucumán. No estamos condenados a la degradación institucional. Es una pelea política. Los ministerios públicos están demasiado acostumbrados a jugar a la demagogia y la defensa del poder, y hay que sacarlos de ese lugar. Una de las formas es con la cobertura periodística que impide el estancamiento del proceso de cambio. Tenemos una corrupción estructural muy grande y debemos enfrentarla. No es una cuestión de políticos infieles porque ha devenido en una forma de hacer negocios, una forma de financiar la política y una forma de gestionar el Estado. Es un bloque demasiado grande que afecta la esencia de la democracia.

-¿En el país se está peleando en serio contra la corrupción?

-No. Este Gobierno nacional hizo lo mismo que el anterior y pactó con los jueces federales para que siga la administración de la ilegalidad. Ello implica juguetear con la impunidad y con el hostigamiento, y apretar y desajustar según las conveniencias. El modelo inquisitorial es esto: una Justicia al servicio del poder.

-En Tucumán, por ejemplo, parece que no hay corrupción: las pesquisas no llegan a ningún lado y ni siquiera hay registros de causas...

-¿Cómo no va a haber corrupción? Las justicias provinciales todavía no se han puesto los pantalones en cuanto a controlar al poder. Pero sí hay jurisdicciones que empezaron a dar respuesta a la sociedad en el 90% de los casos restantes. Es una política más inteligente porque acota el problema de la impunidad y legitima a los que deben atender los casos que interesan a los poderosos. Lo grave es cuando la impunidad del poder se consigue a costa de que nada funcione: ese es el desastre completo. Ahí surge la maquinaria boba, que sólo atrapa pibes chorros. Es el modelo que tiene Tucumán y que carece de futuro: se cae solo. La misma presión social lo derribará. ¿En el corto plazo tendremos dinámicas que cambien en forma profunda la tendencia de la Justicia a jugar el juego de la ilegalidad en las causas que interesan al poder? No. En el corto plazo hay chances de empezar a modificar lo que sucede con el 90% de las causas restantes. Y esta es la estrategia para romper la impunidad del poder. Pero, insisto, la presión social es determinante. O logramos una democracia ciudadana o tendremos una democracia de mafias.