20 Abril 2017
GASTELÚ. El subdirector coordinó la investigación con dos equipos de Salta. la gaceta / foto de héctor peralta
Cómo se llevó adelante la investigación que culminó con la detención de la mitad de los presuntos miembros del “Clan Ale” fue expuesto ayer durante el juicio. Lo explicó el subinspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Adrián Fernando Gastelú, quien prestó declaración como testigo.
Gastelú coordinó la investigación que se realizó entre febrero de 2014 y octubre de ese mismo año, bajo las directivas del juez federal Fernando Poviña. Según explicó ayer, trabajó con dos equipos de policías de la PSA que estaban en Salta. “Trajimos gente de allá para que no los reconozcan en la calle”, aclaró. El trabajo que realizaron durante esos siete meses incluyó escuchas telefónicas, seguimiento en la vía pública, toma de fotografías y hasta averiguaciones en las redes sociales de los sospechosos y su círculo. En ese plazo le presentaron 24 informes al juez Poviña.
A partir de todos esos datos que fueron recabando, Gastelú pudo concluir que se encontraba frente a dos agrupaciones: una dirigida por Ángel “El Mono” Ale y otra comandada por Rubén “La Chancha” Ale, según él mismo afirmó. El subinspector agregó que pudo determinar “la relación de la familia Ale con la remisería ‘5 Estrellas’, las casas de juegos de azar y las carreras de caballos”.
Cuando el fiscal Pablo Camuña le preguntó si en alguna de esas escuchas había advertido una relación con alguien del Gobierno, Gastelú recordó una conversación entre el imputado Carlos Ocampo (sindicado por los investigadores como hombre de Ángel Ale y extorsionador de los deudores del grupo) y el ex secretario de Turismo Bernardo Racedo Aragón. El subinspector contó que este último le había ofrecido a Ocampo ser candidato a concejal para acompañarlo en su postulación a intendente. “Racedo Aragón lo cita para conversar sobre este tema pero no pudimos saber si se concretó esa reunión”, aclaró.
Las medidas
El testigo relató que, cuando habían reunido información suficiente, la Justicia ordenó 40 allanamientos y ocho detenciones. Eran tantas las medidas que debieron distribuirlas en tres etapas, por lo que el trabajo comenzó a las 3 de la mañana. Según dijo Gastelú, las detenciones se concretaron sin mayores inconvenientes. Sólo recordó el caso del imputado Ernesto Catulo, a quien -declaró- los policías alcanzaron cuando intentaba irse por el balcón de su casa.
El inspector recordó también que en esos allanamientos secuestraron armas, dinero y documentación, pero les sorprendió no haber hallado drogas, particularmente en la casa del imputado Enrique Chanampa. “En sus escuchas telefónicas había muchos indicios de comercialización de sustancias, pero no se secuestró lo que se esperaba encontrar”, agregó.
Al juicio llegaron 16 imputados: los hermanos Ale, los mencionados Ocampo, Catulo y Chanampa, y Julia Ester Picone, Valeria Bestán, María Florencia Cuño, María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González, Víctor Alberto Suárez, José Augusto Lucero, Hernán Lazarte, César Marcelo Manca y Sergio Parrado. Están sospechados de haber cometido los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros y tenencia ilegítima de armas de fuego.
Gastelú coordinó la investigación que se realizó entre febrero de 2014 y octubre de ese mismo año, bajo las directivas del juez federal Fernando Poviña. Según explicó ayer, trabajó con dos equipos de policías de la PSA que estaban en Salta. “Trajimos gente de allá para que no los reconozcan en la calle”, aclaró. El trabajo que realizaron durante esos siete meses incluyó escuchas telefónicas, seguimiento en la vía pública, toma de fotografías y hasta averiguaciones en las redes sociales de los sospechosos y su círculo. En ese plazo le presentaron 24 informes al juez Poviña.
A partir de todos esos datos que fueron recabando, Gastelú pudo concluir que se encontraba frente a dos agrupaciones: una dirigida por Ángel “El Mono” Ale y otra comandada por Rubén “La Chancha” Ale, según él mismo afirmó. El subinspector agregó que pudo determinar “la relación de la familia Ale con la remisería ‘5 Estrellas’, las casas de juegos de azar y las carreras de caballos”.
Cuando el fiscal Pablo Camuña le preguntó si en alguna de esas escuchas había advertido una relación con alguien del Gobierno, Gastelú recordó una conversación entre el imputado Carlos Ocampo (sindicado por los investigadores como hombre de Ángel Ale y extorsionador de los deudores del grupo) y el ex secretario de Turismo Bernardo Racedo Aragón. El subinspector contó que este último le había ofrecido a Ocampo ser candidato a concejal para acompañarlo en su postulación a intendente. “Racedo Aragón lo cita para conversar sobre este tema pero no pudimos saber si se concretó esa reunión”, aclaró.
Las medidas
El testigo relató que, cuando habían reunido información suficiente, la Justicia ordenó 40 allanamientos y ocho detenciones. Eran tantas las medidas que debieron distribuirlas en tres etapas, por lo que el trabajo comenzó a las 3 de la mañana. Según dijo Gastelú, las detenciones se concretaron sin mayores inconvenientes. Sólo recordó el caso del imputado Ernesto Catulo, a quien -declaró- los policías alcanzaron cuando intentaba irse por el balcón de su casa.
El inspector recordó también que en esos allanamientos secuestraron armas, dinero y documentación, pero les sorprendió no haber hallado drogas, particularmente en la casa del imputado Enrique Chanampa. “En sus escuchas telefónicas había muchos indicios de comercialización de sustancias, pero no se secuestró lo que se esperaba encontrar”, agregó.
Al juicio llegaron 16 imputados: los hermanos Ale, los mencionados Ocampo, Catulo y Chanampa, y Julia Ester Picone, Valeria Bestán, María Florencia Cuño, María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González, Víctor Alberto Suárez, José Augusto Lucero, Hernán Lazarte, César Marcelo Manca y Sergio Parrado. Están sospechados de haber cometido los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros y tenencia ilegítima de armas de fuego.
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