29 Marzo 2017
Piden informes por ayudas millonarias al personal
“La nota que le he enviado al vicegobernador obedece a la plena certeza de que esa suma fue utilizada para financiar la campaña del oficialismo en 2015”, afirmó el opositor Un mes después de las elecciones de 2015, la Legislatura giró por decreto interno $112 millones para asistencias a empleados, afirmó Aráoz
OPOSITOR. Eudoro Aráoz forma parte del bloque de la Unión Cívica Radical. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El manejo de los millonarios recursos de la Legislatura durante el 2015 electoral volvió a ser puesto en duda por un legislador opositor.
Según un pedido de informes elevado por Eudoro Aráoz (bloque UCR) al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el 21 de septiembre de ese año -un mes después de los comicios provinciales- el entonces presidente de la Legislatura y actual gobernador, Juan Luis Manzur, firmó el decreto 922-HLT-2015, que habilitó la transferencia de $ 112 millones que estaban presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) para que fueran ejecutados como Asistencia Social al Personal (subpartida 151).
Así, según la documentación obtenida por el radical, los fondos que estaban previstos para sueldos del Poder Legislativo terminaron siendo destinados a “ayudas sociales varias” para empleados. “La nota que he enviado obedece a la plena certeza de que esa suma extraordinaria fue utilizada para financiar la campaña del oficialismo en Tucumán. Por eso, solicité que se acompañe la documentación que acredite el destino dado a esos dineros públicos de forma fehaciente”, dijo Aráoz a LA GACETA.
El radical, además de haber elevado este pedido de informes, tramita desde el año pasado una demanda ante el fuero contencioso administrativo para poder acceder a los recibos de los $ 615,6 millones que entregó la Legislatura a modo de subsidios (denominados “gastos sociales” o “gastos de bloque) también en 2015. Gran parte de esos recursos, según reveló una investigación de LA GACETA, fueron transportados en valijas, desde una sucursal céntrica del Banco del Tucumán-Grupo Macro a la sede legislativa de Muñecas 951.
Jaldo, en diálogo telefónico con este diario, señaló que “la respuesta al pedido (de Aráoz) fue efectuada en tiempo y forma, y está a disposición del legislador en la Dirección de Despacho de la Legislatura”. “(Es un texto) emitido por asesores letrados de este cuerpo. Allí se le requiere (al radical) que efectúe sus pedidos de informe por la vía legal y reglamentaria que corresponde. Además, (Aráoz) sigue preguntando por temas que ya ha judicializado; en todo caso, debería seguir dirigiéndose al Poder Judicial, como nos tiene acostumbrados”, apuntó el vicegobernador.
Si bien el Poder Legislativo no publica sus informes anuales de ejecución presupuestaria (es decir, en qué gasta los recursos asignados), se estima que casi la mitad de los $ 1.529 millones que desembolsó en 2015, durante la gestión de Manzur como vicegobernador, tuvo como destino presuntos auxilios económicos de emergencia: el 40% fue para “ayudas sociales a personas”, y poco más del 7% a “asistencia social al personal”.
Hasta ahora, se conocían solamente los subsidios “externos”, que están incluidos en los $ 615,6 millones para “gastos sociales”. Ese sistema, que comenzó a ser aplicado en los 90 y fue derogado el año pasado por Jaldo, permitía a la Legislatura la entrega de efectivo a supuestas personas necesitadas. Aunque los abogados del cuerpo parlamentario negaron la existencia de este régimen ante la Justicia, el legislador manzurista Reneé Ramírez admitió el año pasado que recibía $ 150.000 mensuales bajo ese concepto en paralelo a la “dieta” legislativa, única remuneración permitida por la Constitución provincial para los representantes del pueblo (ronda los $ 45.000 al mes).
En esta ocasión, Aráoz pidió informes sobre $ 112 millones ejecutados a través de la subpartida 151, denominada “asistencia social al personal”. Este ítem contempla “asistencias sociales varias al personal, incluidas las que genera la aplicación de la ley 5.806 y sus modificatorias”, según el Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Provincia. La norma citada refiere a las “licencias por tratamiento de hijo o cónyuge discapacitado para los empleados de la Administración Pública de Tucumán” y establece “una asignación especial para atención y tratamiento” de familiares, entre otros aportes para casos excepcionales.
“Mi pedido de informes dirigido al vicegobernador está basado en la necesidad de que tengamos certezas sobre cómo se han utilizado los dineros públicos”, indicó el legislador Aráoz. Señaló que, en paralelo, está solicitando datos al secretario de Hacienda de la Casa de Gobierno, Rolando Steimberg, referidos al origen de la ampliación presupuestaria de la Legislatura en 2015. El radical afirmó que el PE retacea información sobre las razones que llevaron al entonces gobernador, José Alperovich, a girar -a través de dos decretos- un total de $ 569 millones al cuerpo legislativo en el año electoral. Gracias a esos fondos que llegaron desde el Tesoro provincial, los recursos parlamentarios crecieron de $ 960 millones a $ 1.529 millones finales.
Según un pedido de informes elevado por Eudoro Aráoz (bloque UCR) al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el 21 de septiembre de ese año -un mes después de los comicios provinciales- el entonces presidente de la Legislatura y actual gobernador, Juan Luis Manzur, firmó el decreto 922-HLT-2015, que habilitó la transferencia de $ 112 millones que estaban presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) para que fueran ejecutados como Asistencia Social al Personal (subpartida 151).
Así, según la documentación obtenida por el radical, los fondos que estaban previstos para sueldos del Poder Legislativo terminaron siendo destinados a “ayudas sociales varias” para empleados. “La nota que he enviado obedece a la plena certeza de que esa suma extraordinaria fue utilizada para financiar la campaña del oficialismo en Tucumán. Por eso, solicité que se acompañe la documentación que acredite el destino dado a esos dineros públicos de forma fehaciente”, dijo Aráoz a LA GACETA.
El radical, además de haber elevado este pedido de informes, tramita desde el año pasado una demanda ante el fuero contencioso administrativo para poder acceder a los recibos de los $ 615,6 millones que entregó la Legislatura a modo de subsidios (denominados “gastos sociales” o “gastos de bloque) también en 2015. Gran parte de esos recursos, según reveló una investigación de LA GACETA, fueron transportados en valijas, desde una sucursal céntrica del Banco del Tucumán-Grupo Macro a la sede legislativa de Muñecas 951.
Jaldo, en diálogo telefónico con este diario, señaló que “la respuesta al pedido (de Aráoz) fue efectuada en tiempo y forma, y está a disposición del legislador en la Dirección de Despacho de la Legislatura”. “(Es un texto) emitido por asesores letrados de este cuerpo. Allí se le requiere (al radical) que efectúe sus pedidos de informe por la vía legal y reglamentaria que corresponde. Además, (Aráoz) sigue preguntando por temas que ya ha judicializado; en todo caso, debería seguir dirigiéndose al Poder Judicial, como nos tiene acostumbrados”, apuntó el vicegobernador.
Si bien el Poder Legislativo no publica sus informes anuales de ejecución presupuestaria (es decir, en qué gasta los recursos asignados), se estima que casi la mitad de los $ 1.529 millones que desembolsó en 2015, durante la gestión de Manzur como vicegobernador, tuvo como destino presuntos auxilios económicos de emergencia: el 40% fue para “ayudas sociales a personas”, y poco más del 7% a “asistencia social al personal”.
Hasta ahora, se conocían solamente los subsidios “externos”, que están incluidos en los $ 615,6 millones para “gastos sociales”. Ese sistema, que comenzó a ser aplicado en los 90 y fue derogado el año pasado por Jaldo, permitía a la Legislatura la entrega de efectivo a supuestas personas necesitadas. Aunque los abogados del cuerpo parlamentario negaron la existencia de este régimen ante la Justicia, el legislador manzurista Reneé Ramírez admitió el año pasado que recibía $ 150.000 mensuales bajo ese concepto en paralelo a la “dieta” legislativa, única remuneración permitida por la Constitución provincial para los representantes del pueblo (ronda los $ 45.000 al mes).
En esta ocasión, Aráoz pidió informes sobre $ 112 millones ejecutados a través de la subpartida 151, denominada “asistencia social al personal”. Este ítem contempla “asistencias sociales varias al personal, incluidas las que genera la aplicación de la ley 5.806 y sus modificatorias”, según el Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Provincia. La norma citada refiere a las “licencias por tratamiento de hijo o cónyuge discapacitado para los empleados de la Administración Pública de Tucumán” y establece “una asignación especial para atención y tratamiento” de familiares, entre otros aportes para casos excepcionales.
“Mi pedido de informes dirigido al vicegobernador está basado en la necesidad de que tengamos certezas sobre cómo se han utilizado los dineros públicos”, indicó el legislador Aráoz. Señaló que, en paralelo, está solicitando datos al secretario de Hacienda de la Casa de Gobierno, Rolando Steimberg, referidos al origen de la ampliación presupuestaria de la Legislatura en 2015. El radical afirmó que el PE retacea información sobre las razones que llevaron al entonces gobernador, José Alperovich, a girar -a través de dos decretos- un total de $ 569 millones al cuerpo legislativo en el año electoral. Gracias a esos fondos que llegaron desde el Tesoro provincial, los recursos parlamentarios crecieron de $ 960 millones a $ 1.529 millones finales.
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