Un serio problema en las calles tucumanas –centro y barrios- es la constante presencia de perros sin dueño. Se trata de una situación que se mantiene, sin variante alguna, desde hace ya demasiados años.
Como se recordará, varias décadas atrás existía la tristemente famosa “perrera municipal”, organismo donde iban a parar estos animales. Los agentes los enlazaban en la vía pública, los colocaban en un vehículo con rejas y los trasladaban a un establecimiento donde, si no aparecía el dueño, eran directamente eliminados. Nuevos y por cierto muy acertados criterios sobre el trato humanitario que corresponde tributar a los animales, hicieron que la “perrera” fuese suprimida para siempre. Pero sucede que no la ha reemplazado un organismo capaz de erradicar, sin crueldades ni matanzas, los perros que colman las calles.
Así es como la ciudad de San Miguel de Tucumán, las vecinas y aún las muy alejadas de nuestro mapa, han quedado desamparadas frente a la cantidad de animales cada vez más grande que a diario se desplaza por sus calles. A veces van solos, a veces en grupo, y no dejen de constituir una presencia francamente amenazante.
Muchas veces se traban en feroces peleas; así como, en otras, de pronto resuelven atacar a algún motociclista o a algún transeúnte desprevenido que pasa a su lado. Permanecen a menudo tirados durmiendo en las veredas, cuando no se movilizan para destrozar las bolsas de desperdicios, buscando algo que sacie su hambre. Muchos parecen enfermos, o lastimados, y es harto sabido que pueden ser vehículo de muy serias enfermedades.
El problema es que la autoridad municipal no parece haber implementado medida alguna -que se perciba al menos- para erradicar tan amenazadora y antihigiénica presencia de la vía pública: ni siquiera para disminuirla, ya que el número de estos animales no hace más que crecer, mientras siguen pasando los meses y los años.
En ninguna ciudad medianamente civilizada, se permite que los perros sin dueños circulen a su antojo. Los organismos municipales han organizado diversos expedientes para controlar este asunto. Entre nosotros, tales medidas se limitan a brillar por su ausencia. A fines de 2015, una de nuestras columnas de “Panorama Tucumano” se dedicó, especialmente y con abundancia de datos, al tema de los perros de la calle.
Daba allí estadísticas (que por cierto mucho deben ya haber aumentado) sobre la cantidad de personas que son tratadas, en los distintos establecimientos asistenciales, por las dentelladas del denominado ”mejor amigo del hombre”. En el Hospital de Niños, por esa época, se atendían entre 30 y 50 casos por semana, nada menos. El entonces director de Urbanidad e Higiene Municipal, decía que en los barrios tucumanos era francamente “incontable” la cantidad de canes sueltos. Afirmaba que en Villa Urquiza el número era “terrible”, y que en la Costanera “hay más perros que personas”. Una veterinaria entrevistada calculaba que, alrededor de la Capital y Yerba Buena, había unos 70.000 perros aproximadamente, entre los cuales muchos pertenecían a razas peligrosas.
En 2008, a causa de sonados ataques de canes, se sancionó la ley 8129. Fue promulgada, pero el Ejecutivo la vetó parcialmente anulando sus efectos, al eliminar a la Policía y al Ministerio de Seguridad como autoridades de aplicación, y afirmar que la responsabilidad en el tema era de exclusivo resorte municipal. En suma, el problema de los perros en la calle resulta algo por todos conocido y por todos temido, pero no se hace absolutamente nada concreto para controlarlo.
Como se recordará, varias décadas atrás existía la tristemente famosa “perrera municipal”, organismo donde iban a parar estos animales. Los agentes los enlazaban en la vía pública, los colocaban en un vehículo con rejas y los trasladaban a un establecimiento donde, si no aparecía el dueño, eran directamente eliminados. Nuevos y por cierto muy acertados criterios sobre el trato humanitario que corresponde tributar a los animales, hicieron que la “perrera” fuese suprimida para siempre. Pero sucede que no la ha reemplazado un organismo capaz de erradicar, sin crueldades ni matanzas, los perros que colman las calles.
Así es como la ciudad de San Miguel de Tucumán, las vecinas y aún las muy alejadas de nuestro mapa, han quedado desamparadas frente a la cantidad de animales cada vez más grande que a diario se desplaza por sus calles. A veces van solos, a veces en grupo, y no dejen de constituir una presencia francamente amenazante.
Muchas veces se traban en feroces peleas; así como, en otras, de pronto resuelven atacar a algún motociclista o a algún transeúnte desprevenido que pasa a su lado. Permanecen a menudo tirados durmiendo en las veredas, cuando no se movilizan para destrozar las bolsas de desperdicios, buscando algo que sacie su hambre. Muchos parecen enfermos, o lastimados, y es harto sabido que pueden ser vehículo de muy serias enfermedades.
El problema es que la autoridad municipal no parece haber implementado medida alguna -que se perciba al menos- para erradicar tan amenazadora y antihigiénica presencia de la vía pública: ni siquiera para disminuirla, ya que el número de estos animales no hace más que crecer, mientras siguen pasando los meses y los años.
En ninguna ciudad medianamente civilizada, se permite que los perros sin dueños circulen a su antojo. Los organismos municipales han organizado diversos expedientes para controlar este asunto. Entre nosotros, tales medidas se limitan a brillar por su ausencia. A fines de 2015, una de nuestras columnas de “Panorama Tucumano” se dedicó, especialmente y con abundancia de datos, al tema de los perros de la calle.
Daba allí estadísticas (que por cierto mucho deben ya haber aumentado) sobre la cantidad de personas que son tratadas, en los distintos establecimientos asistenciales, por las dentelladas del denominado ”mejor amigo del hombre”. En el Hospital de Niños, por esa época, se atendían entre 30 y 50 casos por semana, nada menos. El entonces director de Urbanidad e Higiene Municipal, decía que en los barrios tucumanos era francamente “incontable” la cantidad de canes sueltos. Afirmaba que en Villa Urquiza el número era “terrible”, y que en la Costanera “hay más perros que personas”. Una veterinaria entrevistada calculaba que, alrededor de la Capital y Yerba Buena, había unos 70.000 perros aproximadamente, entre los cuales muchos pertenecían a razas peligrosas.
En 2008, a causa de sonados ataques de canes, se sancionó la ley 8129. Fue promulgada, pero el Ejecutivo la vetó parcialmente anulando sus efectos, al eliminar a la Policía y al Ministerio de Seguridad como autoridades de aplicación, y afirmar que la responsabilidad en el tema era de exclusivo resorte municipal. En suma, el problema de los perros en la calle resulta algo por todos conocido y por todos temido, pero no se hace absolutamente nada concreto para controlarlo.
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