Por Irene Benito
10 Febrero 2017
Las investigaciones judiciales relativas al manejo de fondos públicos parecen de antemano condenadas a la impunidad en Tucumán. Un sistema opaco, que combina argucias legales con secretismo, inacción y procederes funcionales a las autoridades denunciadas, opera en forma sistemática para librar al poder de la obligación de rendir cuentas. El trono de la corrupción sigue vacante en la provincia: en la última década, sólo un caso resonante llegó a juicio y recibió una condena de ejecución condicional. Llama la atención que el acusado de mayor jerarquía, Felipe F. Terán, no pertenecía a la élite política sino a la cofradía de los magistrados. Con tres años de prisión en suspenso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal saldó la trama corrosiva de maniobras con títulos públicos que “decapitó” a la primera instancia de la Justicia Federal. Terán, ex juez N°2, antes había sido destituido mientras que Jorge Parache, ex juez N°1, se quitó el problema con una oportuna jubilación de privilegio.
El espectáculo de las dilaciones y artilugios que “salvan” carreras y retiros con el 82% móvil, y privan a la sociedad de la justicia y la verdad histórica está actuando a tutiplén y con una ferocidad desconcertante en los procesos que procuran esclarecer, desde distintos ángulos, las dudas existentes sobre la aplicación de los gastos sociales legislativos. Basta conque un fiscal federal o un juez provincial pretenda acceder a las pruebas más sensibles -los comprobantes de las erogaciones que nadie nunca vio fuera de los jerarcas de la Legislatura- para que caiga el chaparrón de planteos que anega los expedientes. En el foro ya nadie se engaña: esos cuestionamientos articulados so pretexto del derecho de defensa y al debido proceso; de la división del poder; del federalismo, y de Jesús, José y la Virgen María empantanan las intenciones de investigar hasta convertir los casos en ciénagas que bien podrían refugiar al monstruo lacustre Nahuelito.
Esa consideración judicial favorable al poder en funciones ha detenido virtualmente el trámite de la pesquisa de la supuesta evasión tributaria cometida con los gastos sociales enigmáticos. Este expediente acaba de cumplir un año y la discusión todavía gira alrededor de una obviedad: si la Justicia Federal es o no competente para investigar la posible evasión de impuestos nacionales, potestad otorgada en forma expresa por el artículo 22 de la Ley 24.769.
¿Cómo fue puesto en marcha ese “motor judicial inmóvil”, parafraseando a Santo Tomás de Aquino? En febrero de 2016, Oscar López, el peronista disidente de las mil y una denuncias penales paralizadas, olvidadas, archivadas o cerradas con sobreseimientos, pide la apertura de un proceso luego de que LA GACETA publicara las fotografías que acreditan que el dinero de los gastos sociales legislativos era trasladado en valijas. El juez federal N°1 y aspirante a un ascenso, Daniel Bejas, delega la investigación al fiscal federal Carlos Brito. El 1 de septiembre, este pide a la Legislatura los recibos de dispendios por más de 600 millones. Frente al silencio conventual de los representantes del pueblo, el 12 de septiembre el fiscal intima al vicegobernador Osvaldo Jaldo para que entregue la documentación. Tres días después, el número dos de la provincia solicita una prórroga por diez días hábiles, que Brito le concede. Ese mismo 15 de septiembre, el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip se da por aludido y pide a Bejas que le muestre la causa. El 21 de septiembre, el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, requiere que sea Bejas quien tramite el caso y la suspensión de los plazos: el juez admite la intervención de Silman sin precisar el carácter y traslada los argumentos a Brito, quien se opone a que la Legislatura participe puesto que la responsabilidad penal es individual, no institucional. A esa altura del proceso (noviembre de 2016), la intención de “capturar” los comprobantes ya ha quedado relegada por discusiones formales -con consecuencias sustanciales, claro- que, en definitiva, mueven el expediente íntegro (cual balón) a la Cámara Federal de Apelaciones porque Bejas rechaza la posibilidad de separar los escritos atinentes a las cuestiones en disputa para que, mientras tanto, el fiscal siga investigando.
En la alzada, el intríngulis se retuerce un par de vueltas más. El fiscal federal general Gustavo Gómez, en la oportunidad de dictaminar sobre las resoluciones recurridas, dice que la Cámara primero ha de resolver si la Justicia Federal es competente. El expediente va al tribunal y este lo devuelve para que Gómez opine sobre el asunto que considera prioritario, pero aquel está de licencia, y Pablo Camuña, el fiscal de primera instancia que lo sustituye, sostiene que el tema debe ser resuelto por Bejas para garantizar la posibilidad de que su decisión sea revisada. En el ínterin y con el argumento de que el sumario es secreto para los terceros, el camarista Ernesto Wayar se niega a enviar copias de las actuaciones a Rodolfo Novillo y a Claudio Bonari, los magistrados provinciales a cargo de otros casos -igualmente bloqueados- relativos a los gastos sociales. El 3 de febrero, los vocales Ricardo Sanjuán, Wayar y Marina Cossio acogen el dictamen de Camuña y, sin expedirse sobre el debate propiciado por Silman y Llorens Dip, reenvían la causa a Bejas, donde el “motor judicial inmóvil” se ve favorecido por el hecho de que el juez federal N°1 tiene previsto tomarse vacaciones -salió ayer-. ¿Se animará el magistrado reemplazante, Fernando Luis Poviña, que aspira a un ascenso en la Cámara de Casación, a dejar su impronta en esta ciénaga con repercusiones institucionales imprevisibles?
La Justicia va por un lado; la realidad, por otra. Mientras la quimera de investigar al poder “en tiempo real” se hace cada vez más quimérica, el testigo Hernán Mitre se presenta ante el fiscal Brito, y da cuenta sobre una extraña locación inmobiliaria y el posible depósito fugaz de los recibos mentados (noviembre), y aparecen en el expediente comprobantes de presuntos subsidios legislativos vinculados al gremio ATSA, que esa entidad y su jefe, el legislador oficialista Reneé Ramírez, desconocen acometiendo ataques a la libertad de prensa al mejor estilo Mr. Trump (enero). Ninguna de estas anomalías logran sin embargo conmover al “motor judicial inmóvil”, indiferencia que un conocedor del modus operandi tribunalicio llegó a explicar desfigurando la Suma Teológica de Santo Tomás: todo lo que no se mueve en la Justicia no es casualidad.
El espectáculo de las dilaciones y artilugios que “salvan” carreras y retiros con el 82% móvil, y privan a la sociedad de la justicia y la verdad histórica está actuando a tutiplén y con una ferocidad desconcertante en los procesos que procuran esclarecer, desde distintos ángulos, las dudas existentes sobre la aplicación de los gastos sociales legislativos. Basta conque un fiscal federal o un juez provincial pretenda acceder a las pruebas más sensibles -los comprobantes de las erogaciones que nadie nunca vio fuera de los jerarcas de la Legislatura- para que caiga el chaparrón de planteos que anega los expedientes. En el foro ya nadie se engaña: esos cuestionamientos articulados so pretexto del derecho de defensa y al debido proceso; de la división del poder; del federalismo, y de Jesús, José y la Virgen María empantanan las intenciones de investigar hasta convertir los casos en ciénagas que bien podrían refugiar al monstruo lacustre Nahuelito.
Esa consideración judicial favorable al poder en funciones ha detenido virtualmente el trámite de la pesquisa de la supuesta evasión tributaria cometida con los gastos sociales enigmáticos. Este expediente acaba de cumplir un año y la discusión todavía gira alrededor de una obviedad: si la Justicia Federal es o no competente para investigar la posible evasión de impuestos nacionales, potestad otorgada en forma expresa por el artículo 22 de la Ley 24.769.
¿Cómo fue puesto en marcha ese “motor judicial inmóvil”, parafraseando a Santo Tomás de Aquino? En febrero de 2016, Oscar López, el peronista disidente de las mil y una denuncias penales paralizadas, olvidadas, archivadas o cerradas con sobreseimientos, pide la apertura de un proceso luego de que LA GACETA publicara las fotografías que acreditan que el dinero de los gastos sociales legislativos era trasladado en valijas. El juez federal N°1 y aspirante a un ascenso, Daniel Bejas, delega la investigación al fiscal federal Carlos Brito. El 1 de septiembre, este pide a la Legislatura los recibos de dispendios por más de 600 millones. Frente al silencio conventual de los representantes del pueblo, el 12 de septiembre el fiscal intima al vicegobernador Osvaldo Jaldo para que entregue la documentación. Tres días después, el número dos de la provincia solicita una prórroga por diez días hábiles, que Brito le concede. Ese mismo 15 de septiembre, el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip se da por aludido y pide a Bejas que le muestre la causa. El 21 de septiembre, el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, requiere que sea Bejas quien tramite el caso y la suspensión de los plazos: el juez admite la intervención de Silman sin precisar el carácter y traslada los argumentos a Brito, quien se opone a que la Legislatura participe puesto que la responsabilidad penal es individual, no institucional. A esa altura del proceso (noviembre de 2016), la intención de “capturar” los comprobantes ya ha quedado relegada por discusiones formales -con consecuencias sustanciales, claro- que, en definitiva, mueven el expediente íntegro (cual balón) a la Cámara Federal de Apelaciones porque Bejas rechaza la posibilidad de separar los escritos atinentes a las cuestiones en disputa para que, mientras tanto, el fiscal siga investigando.
En la alzada, el intríngulis se retuerce un par de vueltas más. El fiscal federal general Gustavo Gómez, en la oportunidad de dictaminar sobre las resoluciones recurridas, dice que la Cámara primero ha de resolver si la Justicia Federal es competente. El expediente va al tribunal y este lo devuelve para que Gómez opine sobre el asunto que considera prioritario, pero aquel está de licencia, y Pablo Camuña, el fiscal de primera instancia que lo sustituye, sostiene que el tema debe ser resuelto por Bejas para garantizar la posibilidad de que su decisión sea revisada. En el ínterin y con el argumento de que el sumario es secreto para los terceros, el camarista Ernesto Wayar se niega a enviar copias de las actuaciones a Rodolfo Novillo y a Claudio Bonari, los magistrados provinciales a cargo de otros casos -igualmente bloqueados- relativos a los gastos sociales. El 3 de febrero, los vocales Ricardo Sanjuán, Wayar y Marina Cossio acogen el dictamen de Camuña y, sin expedirse sobre el debate propiciado por Silman y Llorens Dip, reenvían la causa a Bejas, donde el “motor judicial inmóvil” se ve favorecido por el hecho de que el juez federal N°1 tiene previsto tomarse vacaciones -salió ayer-. ¿Se animará el magistrado reemplazante, Fernando Luis Poviña, que aspira a un ascenso en la Cámara de Casación, a dejar su impronta en esta ciénaga con repercusiones institucionales imprevisibles?
La Justicia va por un lado; la realidad, por otra. Mientras la quimera de investigar al poder “en tiempo real” se hace cada vez más quimérica, el testigo Hernán Mitre se presenta ante el fiscal Brito, y da cuenta sobre una extraña locación inmobiliaria y el posible depósito fugaz de los recibos mentados (noviembre), y aparecen en el expediente comprobantes de presuntos subsidios legislativos vinculados al gremio ATSA, que esa entidad y su jefe, el legislador oficialista Reneé Ramírez, desconocen acometiendo ataques a la libertad de prensa al mejor estilo Mr. Trump (enero). Ninguna de estas anomalías logran sin embargo conmover al “motor judicial inmóvil”, indiferencia que un conocedor del modus operandi tribunalicio llegó a explicar desfigurando la Suma Teológica de Santo Tomás: todo lo que no se mueve en la Justicia no es casualidad.
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