09 Febrero 2017
BUENOS AIRES.- El juez federal Ariel Lijo despejó el camino para que la investigación pase a la etapa de debate, luego de rechazar una serie de planteos, entre ellos, del ex vicepresidente Amado Boudou para evitar que la causa “Ciccone” vaya a juicio oral.
Lijo rechazó recursos presentados por los procesados Rafael Resnick Brenner, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y el propio Boudou, quienes hacia fines de 2016 solicitaron la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal Jorge Di Lello y la Oficina Anticorrupción.
Los imputados sostienen que la investigación no está completa y que el juicio oral podría afectarles sus posibilidades de defensa. Pero Lijo replicó que “no resulta adecuado sostener que la investigación desarrollada en autos principales sufrirá algún tipo de debilitamiento u obstrucción por el sólo hecho de elevar en forma parcial tan compleja pesquisa”. Según el juez, “la eventual elevación parcial de este proceso a juicio, sólo tiende a garantizar el derecho de los imputados a obtener un pronunciamiento que ponga fin a la etapa de incertidumbre”.
“Dadas las características particulares de los hechos investigados, asegura el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por la República y otorga una respuesta a la ciudadanía en general”, añadió.
Lijo recordó que “han transcurrido más de dos años y medio desde que fueran dictados los procesamientos de los imputados, consecuentemente mantenerlos estancados sólo atentaría contra la razonabilidad del plazo de sustanciación del proceso, sino que también sería contrario a los principios de celeridad y lucha eficaz contra los delitos de corrupción contenidos en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
“Los requerimientos de elevación a juicio cumplen con las formalidades prescriptas por el ordenamiento procesal y no se verifica una lesión o una posible afectación a su derecho de defensa”, resumió el fallo.
Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por las maniobras para apropiarse supuestamente de la imprenta a través de un fondo de inversión “The Old Fund” y conseguir contratos con el Estado para impresión de moneda. (Télam)
Lijo rechazó recursos presentados por los procesados Rafael Resnick Brenner, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y el propio Boudou, quienes hacia fines de 2016 solicitaron la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal Jorge Di Lello y la Oficina Anticorrupción.
Los imputados sostienen que la investigación no está completa y que el juicio oral podría afectarles sus posibilidades de defensa. Pero Lijo replicó que “no resulta adecuado sostener que la investigación desarrollada en autos principales sufrirá algún tipo de debilitamiento u obstrucción por el sólo hecho de elevar en forma parcial tan compleja pesquisa”. Según el juez, “la eventual elevación parcial de este proceso a juicio, sólo tiende a garantizar el derecho de los imputados a obtener un pronunciamiento que ponga fin a la etapa de incertidumbre”.
“Dadas las características particulares de los hechos investigados, asegura el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por la República y otorga una respuesta a la ciudadanía en general”, añadió.
Lijo recordó que “han transcurrido más de dos años y medio desde que fueran dictados los procesamientos de los imputados, consecuentemente mantenerlos estancados sólo atentaría contra la razonabilidad del plazo de sustanciación del proceso, sino que también sería contrario a los principios de celeridad y lucha eficaz contra los delitos de corrupción contenidos en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
“Los requerimientos de elevación a juicio cumplen con las formalidades prescriptas por el ordenamiento procesal y no se verifica una lesión o una posible afectación a su derecho de defensa”, resumió el fallo.
Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por las maniobras para apropiarse supuestamente de la imprenta a través de un fondo de inversión “The Old Fund” y conseguir contratos con el Estado para impresión de moneda. (Télam)
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