07 Febrero 2017
El Ministerio de Trabajo retomó sus críticas al Sistema Provincial de Salud (Siprosa), y dio más detalles sobre las irregularidades que detectó en los hospitales. En diciembre la delegación regional de Trabajo de la Nación emprendió una investigación en hospitales de San Miguel de Tucumán. Su titular, Gonzalo Guerra, afirmó que el 60% de los trabajadores entrevistados que prestaban servicios tercerizados se encontraba en situación irregular.
En un nuevo relevamiento, la semana pasada la delegación recorrió hospitales del interior de la provincia y encontró más personas involucradas en empleo informal. “Ya hemos intimado al Siprosa para que conozca esta situación”, dijo Guerra. Según el funcionario, en diciembre también se había notificado a la ministra de Salud, Rossana Chahla, de los resultados de su investigación, y no hubo respuesta.
En una conferencia de prensa, se le preguntó al delegado cuál es la responsabilidad del Siprosa respecto de la situación de los trabajadores de cooperativas. “Cada vez que contrata un servicio, tiene que tener todos los requisitos legales. Seguramente, si una empresa ha contratado trabajadores de manera irregular, no puede presentarse a licitaciones públicas porque quedan afectadas en un registro”, explicó.
El delegado explicó que entre las sanciones que pueden recibir quienes tienen empleados en negro, se encuentra la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). “Les damos 10 días de plazo para regularizar la situación. Si no lo hacen se inicia un proceso administrativo, y quedan incluidos en un registro que les prohíbe, de alguna manera, participar de licitaciones públicas”, declaró Guerra, en referencia a ese registro. Consultado acerca de cuál es la situación que habilita a usar el término “trabajo en negro” en el marco de una cooperativa que está integrada por socios, el delegado explicó que una cooperativa se rige por determinadas normas que hacen a su funcionamiento interno. “En nuestros relevamientos hacemos preguntas para saber cuál es la participación de un trabajador en la cooperativa. Entonces, cuando dicen que no saben lo que es una asamblea, nos dan la pauta de que son empleados que no están registrados”, concluyó Guerra.
En un nuevo relevamiento, la semana pasada la delegación recorrió hospitales del interior de la provincia y encontró más personas involucradas en empleo informal. “Ya hemos intimado al Siprosa para que conozca esta situación”, dijo Guerra. Según el funcionario, en diciembre también se había notificado a la ministra de Salud, Rossana Chahla, de los resultados de su investigación, y no hubo respuesta.
En una conferencia de prensa, se le preguntó al delegado cuál es la responsabilidad del Siprosa respecto de la situación de los trabajadores de cooperativas. “Cada vez que contrata un servicio, tiene que tener todos los requisitos legales. Seguramente, si una empresa ha contratado trabajadores de manera irregular, no puede presentarse a licitaciones públicas porque quedan afectadas en un registro”, explicó.
El delegado explicó que entre las sanciones que pueden recibir quienes tienen empleados en negro, se encuentra la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). “Les damos 10 días de plazo para regularizar la situación. Si no lo hacen se inicia un proceso administrativo, y quedan incluidos en un registro que les prohíbe, de alguna manera, participar de licitaciones públicas”, declaró Guerra, en referencia a ese registro. Consultado acerca de cuál es la situación que habilita a usar el término “trabajo en negro” en el marco de una cooperativa que está integrada por socios, el delegado explicó que una cooperativa se rige por determinadas normas que hacen a su funcionamiento interno. “En nuestros relevamientos hacemos preguntas para saber cuál es la participación de un trabajador en la cooperativa. Entonces, cuando dicen que no saben lo que es una asamblea, nos dan la pauta de que son empleados que no están registrados”, concluyó Guerra.
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