22 Enero 2017
TRIBUNALES. La sede de Congreso y Vélez Sarsfield esta de receso en enero. la gaceta / foto de juan pablo sanchez noli
Mientras la feria judicial de enero transita el tramo final, organizaciones no gubernamentales (ONG) agitan argumentos para terminar definitivamente con lo que consideran que son las vacaciones “de privilegio” de jueces, funcionarios y empleados. Este debate, que no es nuevo en los tribunales, encontró eco en “Justicia 2020”, el programa que auspicia el Gobierno de la gestión de Cambiemos.
Ese proyecto para el Poder Judicial del futuro propone, entre diversas iniciativas, la revisión de la modalidad de la feria de 45 días: un mes en el verano y dos semanas más en el invierno. En Tucumán, el debate tiene algún adepto, aunque predominan el rechazo y las dudas (se informa por aparte).
“Como una camarilla”
La prolongación del descanso -gran incentivo para trabajar en los Tribunales- y la virtual parálisis de la institución resultan inaceptables para Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra nuestra Constitución, la Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios excesivos, exención de impuesto y unas privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública”, criticó en un texto de opinión divulgado por su ONG.
Según Sozio, la cuestión debe ser analizada “con seriedad y no con espíritu corporativo”. “No se puede interrumpir el servicio de justicia y que sólo se mantenga para situaciones excepcionales. Se trata de una prestación que es demasiado importante como para tener ese beneficio. Después se tendrán que encontrar mecanismos alternativos, dado que el abogado y el juez también tienen derecho a tomarse vacaciones”, dijo en una entrevista publicada en diciembre pasado en Diario Judicial.
Durante los recesos largo (enero) y corto (julio), los Tribunales funcionan con un régimen de atención acotado en cuanto al horario de trabajo y el número de juicios que atienden. Los criterios para tramitar un caso en la feria son sumamente restrictivos: en el fuero penal el trabajo se concentra casi con exclusividad en las fiscalías, defensorías y juzgados de turno. No resulta sencillo identificar los parámetros de urgencia que justifican que un proceso prosiga y otro quede “en pausa” hasta el reinicio de la actividad normal. En la feria, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por ejemplo, se dedica casi con exclusividad a la resolución de hábeas corpus puesto que no suele haber número de votos suficientes para emitir sentencias en otros juicios, sin perjuicio de que nada impide a los jueces adelantar trabajo. Los magistrados y el personal afectado luego se toman una licencia compensatoria.
Cuestión de credibilidad
La ONG Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), también con sede en la capital del país, brega desde hace al menos una década por la modificación de esta tradición judicial que aparentemente se consolidó y extendió durante la última dictadura militar.
Un argumento recurrente para sostener la feria es el desgaste que genera el contacto con la conflictividad típica de los tribunales. “No hace falta explicar que el servicio de justicia es tan esencial como la salud y el transporte. A nadie se le ocurre que los hospitales o los aeropuertos paren durante un mes y medio cada año”, razonó Marcelo Gobbi, secretario del Comité Ejecutivo de Fores, en un artículo de opinión publicado la semana pasada en el sitio Bastión Digital.
Según los números de Fores, el sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos. Esta ONG calcula que la feria implica una interrupción del 18,36% de la labor anual del sector y que si a ello se suma que en el Poder Judicial se trabajan seis horas diarias (a veces con un equipo a la mañana y otro por la tarde), el resultado comparativo con otros ámbitos del Estado es de 132 jornadas (el sector privado trabaja 231 días). La situación varía de provincia en provincia y de país en país. En Córdoba, el Poder Judicial cumple 45 horas semanales de servicio, con posibilidad de extensión. En Estados Unidos y Bolivia no existe la feria de 45 días, o es de menor extensión. En los hechos, los magistrados argentinos suelen disponer, además, de enorme flexibilidad en lo que se refiere a la concurrencia a sus lugares de trabajo.
En agenda del PEN
Aunque el tema forma parte de la agenda del ministro nacional Germán Garavano, Sozio desconfía que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda producir algún cambio “por sí solo”. “Dadas las circunstancias, resulta fundamental que los mismos abogados y los propios jueces asumamos con compromiso los fundamentos del ejercicio de la profesión y hagamos justicia durante todo el año. Es claro que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan”, escribió.
No parece posible que la Justicia permanezca mucho tiempo más como una reliquia operando de manera distinta del resto de los servicios privados y públicos, según Gobbi. Para el directivo de Fores, se impone modernizar a los Tribunales o superar sus anacronismos: “la revolución digital tiene sentido si la información y los servicios están disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. Ningún empleado judicial toleraría hoy la necesidad de esperar hasta las diez de la mañana del lunes para conocer el saldo de su cuenta bancaria. Y los empleados del banco también tienen horarios y vacaciones”.
Ese proyecto para el Poder Judicial del futuro propone, entre diversas iniciativas, la revisión de la modalidad de la feria de 45 días: un mes en el verano y dos semanas más en el invierno. En Tucumán, el debate tiene algún adepto, aunque predominan el rechazo y las dudas (se informa por aparte).
“Como una camarilla”
La prolongación del descanso -gran incentivo para trabajar en los Tribunales- y la virtual parálisis de la institución resultan inaceptables para Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra nuestra Constitución, la Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios excesivos, exención de impuesto y unas privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública”, criticó en un texto de opinión divulgado por su ONG.
Según Sozio, la cuestión debe ser analizada “con seriedad y no con espíritu corporativo”. “No se puede interrumpir el servicio de justicia y que sólo se mantenga para situaciones excepcionales. Se trata de una prestación que es demasiado importante como para tener ese beneficio. Después se tendrán que encontrar mecanismos alternativos, dado que el abogado y el juez también tienen derecho a tomarse vacaciones”, dijo en una entrevista publicada en diciembre pasado en Diario Judicial.
Durante los recesos largo (enero) y corto (julio), los Tribunales funcionan con un régimen de atención acotado en cuanto al horario de trabajo y el número de juicios que atienden. Los criterios para tramitar un caso en la feria son sumamente restrictivos: en el fuero penal el trabajo se concentra casi con exclusividad en las fiscalías, defensorías y juzgados de turno. No resulta sencillo identificar los parámetros de urgencia que justifican que un proceso prosiga y otro quede “en pausa” hasta el reinicio de la actividad normal. En la feria, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por ejemplo, se dedica casi con exclusividad a la resolución de hábeas corpus puesto que no suele haber número de votos suficientes para emitir sentencias en otros juicios, sin perjuicio de que nada impide a los jueces adelantar trabajo. Los magistrados y el personal afectado luego se toman una licencia compensatoria.
Cuestión de credibilidad
La ONG Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), también con sede en la capital del país, brega desde hace al menos una década por la modificación de esta tradición judicial que aparentemente se consolidó y extendió durante la última dictadura militar.
Un argumento recurrente para sostener la feria es el desgaste que genera el contacto con la conflictividad típica de los tribunales. “No hace falta explicar que el servicio de justicia es tan esencial como la salud y el transporte. A nadie se le ocurre que los hospitales o los aeropuertos paren durante un mes y medio cada año”, razonó Marcelo Gobbi, secretario del Comité Ejecutivo de Fores, en un artículo de opinión publicado la semana pasada en el sitio Bastión Digital.
Según los números de Fores, el sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos. Esta ONG calcula que la feria implica una interrupción del 18,36% de la labor anual del sector y que si a ello se suma que en el Poder Judicial se trabajan seis horas diarias (a veces con un equipo a la mañana y otro por la tarde), el resultado comparativo con otros ámbitos del Estado es de 132 jornadas (el sector privado trabaja 231 días). La situación varía de provincia en provincia y de país en país. En Córdoba, el Poder Judicial cumple 45 horas semanales de servicio, con posibilidad de extensión. En Estados Unidos y Bolivia no existe la feria de 45 días, o es de menor extensión. En los hechos, los magistrados argentinos suelen disponer, además, de enorme flexibilidad en lo que se refiere a la concurrencia a sus lugares de trabajo.
En agenda del PEN
Aunque el tema forma parte de la agenda del ministro nacional Germán Garavano, Sozio desconfía que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda producir algún cambio “por sí solo”. “Dadas las circunstancias, resulta fundamental que los mismos abogados y los propios jueces asumamos con compromiso los fundamentos del ejercicio de la profesión y hagamos justicia durante todo el año. Es claro que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan”, escribió.
No parece posible que la Justicia permanezca mucho tiempo más como una reliquia operando de manera distinta del resto de los servicios privados y públicos, según Gobbi. Para el directivo de Fores, se impone modernizar a los Tribunales o superar sus anacronismos: “la revolución digital tiene sentido si la información y los servicios están disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. Ningún empleado judicial toleraría hoy la necesidad de esperar hasta las diez de la mañana del lunes para conocer el saldo de su cuenta bancaria. Y los empleados del banco también tienen horarios y vacaciones”.
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