05 Enero 2017
UN AGENTE CUSTODIA A "TAMALITO". El chico robó colectivos varias veces: por ello fue atrapado en 2010 y 2014. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Bajar la edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 14 años supondría un desacierto por parte del Poder Ejecutivo, según el director del Instituto de Menores Julio Argentino Roca, Enrique Sansierra. Si se concretara ese proyecto cuyo debate auspicia el Gobierno de Mauricio Macri, más de 700 adolescentes serían imputados cada año en Tucumán (se informa por separado en esta edición). Ese número sólo considera a la población del Roca: varones menores de edad en conflicto con la ley.
La pretensión de discutir un nuevo régimen penal juvenil generó preocupación y controversia en todo el país. El director del Instituto Roca se mostró en desacuerdo con la propuesta del Gobierno. “Mi opinión personal es que depende de lo que se busque, de qué tipo de política pública se quiera aplicar desde el Estado. Si es por una cuestión de seguridad, bajar la edad de imputabilidad no es una solución. Y si lo que se pretende es un impacto social, menos aún”, cuestionó Sansierra.
En ese sentido, el director del Roca subrayó: “los pactos internacionales sobre los derechos del niño dicen que el desarrollo de los adolescentes empieza entre los 15 y los 16 años. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad sería imputarles a niños cuestiones que no hacen a su pleno discernimiento: no creo que sea una solución”.
Sansierra sostuvo que los delitos más graves no suelen ser cometidos por adolescentes. “No habría más seguridad en el país si se bajara la edad de imputabilidad. El mayor grado de delincuencia no está entre los adolescentes ni entre los menores de edad, sino en los que manejan la trata de personas o el narcotráfico, por ejemplo. Lo que hay acá es un problema de fondo que puede ser intrafamiliar o de contención social”, evaluó.
Al Instituto Roca ingresan cada año entre 700 y 750 adolescentes enviados por el Juzgado de Menores. De ese número, entre el 15% y el 20% son reincidentes. Por lo tanto, en caso de promulgarse una ley de estas características, 700 adolescentes terminarían sumándose a un sistema penitenciario provincial ya colapsado. En el presente, los chicos de entre 16 y 18 años (no cumplidos) son punibles, pero la aplicación de la sanción prevista en el Código Penal procede sólo si se dan algunos requisitos, entre ellos, que el acusado haya alcanzado la mayoría de edad.
Los más pobres
La eventual ampliación de la edad de imputabilidad alcanza a la franja etaria más golpeada por la pobreza. El 47,4% de los niños menores de 14 años vive en esta situación, según un análisis elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió en septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A partir de los 15 años, el porcentaje de pobres baja ligeramente hasta el 38,5%.
El análisis de Cippec, ONG con sede en la Ciudad de Buenos Aires, concluye que aumentó la brecha entre la pobreza infantil y la pobreza de adultos. “Esta situación se agrava al comprobar su evolución: la infantilización de la pobreza se profundizó desde 2003”, dijo Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec.
La pretensión de discutir un nuevo régimen penal juvenil generó preocupación y controversia en todo el país. El director del Instituto Roca se mostró en desacuerdo con la propuesta del Gobierno. “Mi opinión personal es que depende de lo que se busque, de qué tipo de política pública se quiera aplicar desde el Estado. Si es por una cuestión de seguridad, bajar la edad de imputabilidad no es una solución. Y si lo que se pretende es un impacto social, menos aún”, cuestionó Sansierra.
En ese sentido, el director del Roca subrayó: “los pactos internacionales sobre los derechos del niño dicen que el desarrollo de los adolescentes empieza entre los 15 y los 16 años. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad sería imputarles a niños cuestiones que no hacen a su pleno discernimiento: no creo que sea una solución”.
Sansierra sostuvo que los delitos más graves no suelen ser cometidos por adolescentes. “No habría más seguridad en el país si se bajara la edad de imputabilidad. El mayor grado de delincuencia no está entre los adolescentes ni entre los menores de edad, sino en los que manejan la trata de personas o el narcotráfico, por ejemplo. Lo que hay acá es un problema de fondo que puede ser intrafamiliar o de contención social”, evaluó.
Al Instituto Roca ingresan cada año entre 700 y 750 adolescentes enviados por el Juzgado de Menores. De ese número, entre el 15% y el 20% son reincidentes. Por lo tanto, en caso de promulgarse una ley de estas características, 700 adolescentes terminarían sumándose a un sistema penitenciario provincial ya colapsado. En el presente, los chicos de entre 16 y 18 años (no cumplidos) son punibles, pero la aplicación de la sanción prevista en el Código Penal procede sólo si se dan algunos requisitos, entre ellos, que el acusado haya alcanzado la mayoría de edad.
Los más pobres
La eventual ampliación de la edad de imputabilidad alcanza a la franja etaria más golpeada por la pobreza. El 47,4% de los niños menores de 14 años vive en esta situación, según un análisis elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió en septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A partir de los 15 años, el porcentaje de pobres baja ligeramente hasta el 38,5%.
El análisis de Cippec, ONG con sede en la Ciudad de Buenos Aires, concluye que aumentó la brecha entre la pobreza infantil y la pobreza de adultos. “Esta situación se agrava al comprobar su evolución: la infantilización de la pobreza se profundizó desde 2003”, dijo Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec.
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