06 Diciembre 2016
Se acerca el momento en que los presuntos miembros del “Clan Ale” enfrenten al tribunal que los juzgará por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste y tenencia ilegítimas de armas de fuego.
Si bien el juicio oral comenzará el 16 de diciembre, los jueces de Cámara María Alicia Noli, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas resolvieron que mañana se realice una audiencia preliminar en la sede del Tribunal Oral Federal, ubicado en calle Chacabuco 125.
En esa misma resolución, el tribunal informó que “considera pertinente disponer que todos los acusados que se encuentran detenidos -tanto en unidades carcelarias como bajo la modalidad de arresto domiciliario- continúen privados de su libertad y que aquellas acusadas que se encuentran excarceladas, mantendrán tal estado”.
También se ordenó que los acusados que se encuentran detenidos en otras provincias sean alojados en cárceles de Tucumán. “Deben tomarse medidas para asegurar la presencia de los acusados en las audiencias de debate teniendo presente que se realizarán por un periodo de tiempo que, si bien no podría asegurarse el número de audiencias -por las características de la causa, la cantidad de pruebas y el número de testigos- es razonable pronosticar que se desenvolverá por un largo periodo de tiempo. En este contexto, la situación de que varios internos se encuentren alojados en unidades penitenciarias fuera de la provincia podría resultar un inconveniente, sobre todo teniendo presente las dificultades que representan los traslados”, argumentaron.
Los imputados son 16: los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale; María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, Oscar Roberto Dilascio, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, José Augusto Lucero, Sergio Francisco Parrado, Julia Esther Picone, María Florencia Cuño y Valeria Fernanda Bestán.
La investigación se inició a través de una denuncia que realizó Susana Trimarco, como presidenta de la Fundación Marita Verón, en la Unidad de Información Financiera (UIF), donde pidió que se investigara a los hermanos Ale porque sospechaba que estaban lavando dinero que provenían de negocios ilícitos.
La UIF investigó el caso y por decisión de su entonces presidente, Guillermo Sbatella, asumió el rol de querellante en la causa. Según sus estimaciones, el grupo manejó de manera ilegal unos $ 63 millones entre 2002 y 2013. Con el dinero que provenía de los negocios ilegales, siempre según la hipótesis de la Justicia Federal, compraban bienes y los ponían a nombre de terceros.
Si bien el juicio oral comenzará el 16 de diciembre, los jueces de Cámara María Alicia Noli, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas resolvieron que mañana se realice una audiencia preliminar en la sede del Tribunal Oral Federal, ubicado en calle Chacabuco 125.
En esa misma resolución, el tribunal informó que “considera pertinente disponer que todos los acusados que se encuentran detenidos -tanto en unidades carcelarias como bajo la modalidad de arresto domiciliario- continúen privados de su libertad y que aquellas acusadas que se encuentran excarceladas, mantendrán tal estado”.
También se ordenó que los acusados que se encuentran detenidos en otras provincias sean alojados en cárceles de Tucumán. “Deben tomarse medidas para asegurar la presencia de los acusados en las audiencias de debate teniendo presente que se realizarán por un periodo de tiempo que, si bien no podría asegurarse el número de audiencias -por las características de la causa, la cantidad de pruebas y el número de testigos- es razonable pronosticar que se desenvolverá por un largo periodo de tiempo. En este contexto, la situación de que varios internos se encuentren alojados en unidades penitenciarias fuera de la provincia podría resultar un inconveniente, sobre todo teniendo presente las dificultades que representan los traslados”, argumentaron.
Los imputados son 16: los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale; María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, Oscar Roberto Dilascio, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, José Augusto Lucero, Sergio Francisco Parrado, Julia Esther Picone, María Florencia Cuño y Valeria Fernanda Bestán.
La investigación se inició a través de una denuncia que realizó Susana Trimarco, como presidenta de la Fundación Marita Verón, en la Unidad de Información Financiera (UIF), donde pidió que se investigara a los hermanos Ale porque sospechaba que estaban lavando dinero que provenían de negocios ilícitos.
La UIF investigó el caso y por decisión de su entonces presidente, Guillermo Sbatella, asumió el rol de querellante en la causa. Según sus estimaciones, el grupo manejó de manera ilegal unos $ 63 millones entre 2002 y 2013. Con el dinero que provenía de los negocios ilegales, siempre según la hipótesis de la Justicia Federal, compraban bienes y los ponían a nombre de terceros.
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